Gobierno fija precio de acciones en Coltel y activa plan para vender su participación en Movistar

De acuerdo con información difundida por la emisora Blu Radio, el Gobierno nacional definió el valor y las condiciones para la venta de la participación accionaria que mantiene en Coltel, empresa que opera bajo la marca Movistar en Colombia, mediante la expedición del Decreto 1481 del 30 de diciembre de 2025.

Con esta decisión, el Ejecutivo estableció un marco jurídico específico para avanzar en la enajenación de sus acciones dentro del sector de telecomunicaciones, con una proyección de recaudo superior a $850.000 millones. La medida fue divulgada por el medio de comunicación que publicó la información.

De acuerdo con el decreto, el precio fijado por cada acción es de $772,38, cifra que servirá como referencia durante el proceso de oferta pública.

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La norma señala que los recursos que se obtengan por esta operación ingresarán al Estado como resultado directo del programa de enajenación, el cual fue diseñado bajo criterios de mercado y con reglas definidas para los potenciales interesados.

Uno de los elementos centrales del decreto es la creación de un “régimen transitorio especial”, orientado a preservar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, garantizar los derechos de los usuarios y mantener las condiciones de competencia en el mercado. Este esquema se aplicará mientras se materializa la integración empresarial entre Tigo y Movistar, contexto en el que se desarrolla la decisión sobre la participación estatal en Coltel.

El documento oficial establece la puesta en marcha de un programa de enajenación, instrumento mediante el cual el Estado autoriza la venta de la totalidad de sus acciones bajo reglas previamente determinadas. Según el texto normativo, dicho programa deberá ejecutarse de manera ordenada y transparente, con amplia publicidad y libre concurrencia, con el objetivo de proteger el interés público durante todo el procedimiento.

En el decreto se detalla que la primera etapa del proceso consistirá en una oferta pública de la totalidad de las acciones. Esta fase deberá mantenerse vigente por el término que indique el respectivo aviso de oferta, el cual no podrá ser inferior a dos (2) meses, contados a partir del día hábil siguiente a su publicación. La venta se realizará a precio fijo por acción, conforme al valor establecido por el Gobierno.

El texto normativo precisa que la enajenación se adelantará conforme a la legislación vigente y a los lineamientos definidos para operaciones de este tipo. En ese sentido, se busca asegurar que la transacción no genere interrupciones en la prestación de los servicios de telecomunicaciones ni afectaciones a los usuarios que dependen de la red operada por Coltel bajo la marca Movistar.

Otro aspecto señalado en el decreto es la vigencia del programa de enajenación, la cual fue fijada en un (1) año contado a partir de la entrada en vigor de la norma. No obstante, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de prorrogar el programa por un año adicional, así como de suspenderlo o darlo por terminado de manera anticipada, dependiendo de las condiciones del mercado y del desarrollo del proceso.

La normativa también asigna un rol activo a las autoridades regulatorias y de control, que deberán ejercer vigilancia permanente sobre la operación. El decreto indica que estas entidades deberán adoptar medidas orientadas a mitigar riesgos de concentración y a prevenir eventuales impactos negativos para los usuarios finales, especialmente en variables como calidad del servicio, cobertura, tarifas y acceso a redes.

Dentro del marco definido por el Ejecutivo, se enfatiza que el proceso deberá desarrollarse bajo condiciones de mercado, con participación abierta de los interesados y con mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de las reglas establecidas. El Gobierno plantea que este enfoque busca preservar la competencia y asegurar que la transición accionaria se realice sin alteraciones en el funcionamiento del sector.

La decisión sobre la venta de las acciones en Coltel se enmarca en una estrategia más amplia de reorganización de la participación estatal en determinadas compañías, en un contexto de cambios estructurales dentro del mercado de telecomunicaciones. El decreto señala que el régimen transitorio especial estará vigente mientras se consolidan los ajustes empresariales previstos, sin que ello implique modificaciones inmediatas en la prestación de los servicios para los usuarios.