
La introducción de impuestos saludables y el etiquetado frontal de advertencia en productos con alto contenido de azúcar, sodio, grasas saturadas o calorías, que entró en vigencia en noviembre de 2023, fue una reglamentación que en su momentO generó críticas, debate y preocupación sobre su posible impacto negativo en la economía empresarial, desde pequeños comercios hasta grandes industrias en el país.
Entre los argumentos más recurrentes se encuentra la idea de que gravar estos productos afectaría ventas y empleos, llevando incluso al cierre de empresas. Sin embargo, una investigación liderada por la Universidad del Rosario, y un equipo de expertos nacionales e internacionales, sostiene que estas medidas no han provocado una crisis laboral ni empresarial en el país, como auguraban los más pesimistas.
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Según declaraciones de Paul Rodríguez, economista de la mencionada universidad, a El Espectador, las políticas de salud alimentaria pueden coexistir con la estabilidad laboral y empresarial, permitiendo avanzar hacia un consumo más saludable sin perjudicar a la industria.
Este análisis se basa en una investigación que evaluó el comportamiento del mercado laboral colombiano tras la entrada en vigor, entre 2022 y 2024, de los impuestos al consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, así como la adopción de sellos octagonales de advertencia en los empaques.

El equipo de investigación, respaldado por el Global Food Research Program de la Universidad de Carolina del Norte, empleó datos representativos de la fuerza laboral nacional, aplicando metodologías como comparaciones antes y después de la reforma, contrastes entre sectores y modelos de control sintético, con el objetivo de aislar los efectos de estas políticas sobre el empleo, ingresos, horas trabajadas e informalidad.
La investigación, publicada a inicios de diciembre de 2025 en la revista de la Universidad del Rosario y en proceso de revisión en otras publicaciones académicas, destacó la complejidad del proceso de implementación de estas reformas en el país.
Los autores recordaron que gremios empresariales como la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) advirtieron sobre posibles efectos negativos, especialmente para hogares de bajos ingresos y empleos en los sectores de manufactura, comercio y distribución.
De acuerdo con el análisis, se compararon los sectores directamente afectados por los impuestos y el etiquetado —alimentos y bebidas— con otros sectores económicos de dinámica similar para construir un escenario de referencia. Así, se pudo identificar cómo se habrían comportado estos sectores en ausencia de la reforma.
Mayra Saenz, investigadora de la Universidad del Rosario y coautora del estudio, explicó al medio citado que la evidencia sugiere que, en el corto plazo, las empresas no ajustaron su operación a través de despidos masivos ni reducciones salariales. En el sector de bebidas, se observó un aumento moderado en las horas trabajadas, lo que podría indicar una reorganización interna sin impactos abruptos en el empleo. Los resultados no identificaron un mecanismo específico, pero tampoco descartaron la existencia de otros canales de ajuste.

El estudio no encontró caídas significativas en empleo, ingresos ni informalidad tras la entrada en vigor de las medidas, contrariamente a las advertencias de los gremios económicos. Durante el primer año, no se observaron reducciones claras en el número de trabajadores ni en los ingresos promedio en las industrias de bebidas no alcohólicas y alimentos procesados. Los cambios detectados fueron pequeños, no sistemáticos y estadísticamente indistinguibles de cero, incluso bajo distintos métodos de análisis.
Tampoco se identificaron aumentos en la informalidad laboral. La proporción de trabajadores sin seguridad social o contratos formales se mantuvo estable antes y después de las reformas. Las diferencias observadas en informalidad respondieron a patrones habituales del mercado laboral colombiano y no al impacto de los nuevos impuestos o el etiquetado.
El principal ajuste registrado se relacionó con las horas trabajadas en el sector de bebidas, donde en promedio los trabajadores laboraron cerca de una hora más por semana. El ajuste fue más visible entre mujeres, trabajadores rurales y ocupaciones administrativas. Saenz señaló que este fenómeno es consistente con una reorganización del trabajo y de los procesos productivos en respuesta a la regulación.
Luis Fernando Gómez y Mercedes Mora, investigadores de la Universidad Javeriana y coautores del estudio, atribuyeron la ausencia de efectos negativos significativos a la solidez de las políticas implementadas, diseñadas a partir de un esfuerzo conjunto entre organizaciones sociales, grupos académicos y personal técnico del Ministerio de Salud.

Según sus declaraciones al medio señalado, la revisión sistemática de experiencias internacionales y estudios científicos permitió proponer legislaciones robustas, compatibles con el mercado laboral colombiano.
Rodríguez añadió que la capacidad de adaptación de las empresas también influyó en los resultados. Muchas compañías del sector producen tanto productos gravados como sus sustitutos, lo que facilita la transición hacia alternativas más saludables, como bebidas sin azúcar o agua embotellada.
A diferencia de las políticas sanitarias sobre el tabaco, que buscan eliminar el negocio debido a los riesgos para la salud, las regulaciones sobre bebidas y alimentos procesados buscan incentivar una transformación en la industria hacia productos más saludables para los consumidores.
Finalmente, Saenz advirtió que para evaluar si estos patrones se mantienen a largo plazo serán necesarios más datos. Mientras tanto, Rodríguez concluyó en la entrevista que es posible “avanzar hacia un consumo más saludable” sin poner en riesgo la estabilidad empresarial.
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