
El aumento del salario mínimo en Colombia, decretado en más del 23% para 2026, generó incertidumbre en millones de hogares por el posible incremento de precios en alimentos fundamentales como el huevo y el pollo.
El ajuste, firmado por el presidente Gustavo Petro, se propuso fortalecer el poder adquisitivo, pero abrió el debate sobre el efecto en la canasta familiar y las preocupaciones acerca de la estabilidad de los precios en los meses siguientes.
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Al cierre de 2025, el precio de la cubeta de 30 huevos AA oscilaba entre $13.990 y $24.500, según el punto de venta, de acuerdo a proyecciones recogidas por la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).
Con la vigencia del nuevo salario mínimo, los expertos advierten que los valores para 2026 podrían aumentar, situándose entre $14.816 y $25.947, tomando en cuenta una inflación acumulada del 5,91% según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en octubre de 2025. La tendencia ascendente no afecta solo el huevo; el pollo asado, alimento central para muchos sectores de la población, presenta una situación equiparable: su precio actual varía de $20.900 a $52.900 y, con el nuevo escenario, se estima que en 2026 oscile entre $25.707 y $65.067.
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Las causas del posible encarecimiento no se limitan a la variación de salarios. El presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, explicó a Blu Radio que los costos de producción dependen en buena medida del precio de materias primas. Según sus palabras: “Si usted mira el caso de la agricultura... el mayor porcentaje o la participación en los costos de producción es el alimento concentrado que se hace con materias primas tan importantes como el maíz amarillo, el frijol y la torta de soya”.
Además, Bedoya subrayó que el aumento del salario mínimo podría generar una reacción en cadena dentro de la industria agropecuaria, impulsando nuevos incrementos a lo largo de la cadena de valor: “Y la gente seguramente va a empezar a subir precios y a subir precios”.
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Frente a la preocupación social por este escenario, el presidente Gustavo Petro manifestó en su cuenta de X que la administración vigilará el comportamiento de los precios. En su mensaje, aseguró: “El Gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor, sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas”.
Las cifras oficiales y los pronósticos de expertos del sector permiten anticipar un aumento de costos en bienes básicos, aun cuando el Gobierno insiste en su intención de controlar esas alzas para proteger el consumo de la población.
Qué pasará con los arriendos, peajes y servicios públicos tras el alza del salario mínimo

La normativa vigente, según recogió el Gobierno colombiano, desvincula a diferentes sectores clave del monto salarial decretado cada año. Por ejemplo, los arriendos de vivienda solo pueden modificarse conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta disposición busca preservar la estabilidad de los arrendatarios y evitar incrementos abruptos alineados con el salario mínimo anual, que podrían afectar el acceso a la vivienda.
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Otro caso elocuente es el del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), cuyo precio tampoco se ajusta en función del alza salarial. Su actualización responde primordialmente a la variación del IPC y a los movimientos en la Unidad de Valor Tributario (UVT), garantizando así que eventuales incrementos se mantengan acordes con las condiciones macroeconómicas y no con decisiones políticas puntuales.
En la misma lógica, los valores de peajes en las carreteras nacionales y vías concesionadas, así como las multas de tránsito, no se ven afectados automáticamente por el nuevo salario mínimo. La ley establece que los costos de los peajes se fijan conforme a la inflación o las estipulaciones contractuales propias de cada concesión. Por su parte, las sanciones de tránsito se calculan en Unidades de Valor Básico (UVB), un sistema ajustado sobre la base de la inflación reportada oficialmente, lo que aleja cualquier relación directa con el incremento salarial decretado para 2026.
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Respecto a los servicios públicos domiciliarios, como agua, energía, gas y aseo, el mecanismo de actualización tarifaria corresponde a esquemas técnicos y regulatorios sectoriales. En este sector, los ajustes se fundamentan en los costos de operación y la regulación particular, donde la inflación se convierte en el principal motor de las modificaciones tarifarias.
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