El avance de grupos armados ilegales en Colombia durante el mandato de Gustavo Petro modificó el panorama de seguridad nacional y generó preocupación internacional.
El uso de tecnología militar, como drones cargados de explosivos, y el significativo aumento de combatientes, configuran un escenario que amenaza tanto la estabilidad interna como la eficacia de las políticas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Así lo documenta The Wall Street Journal, que atribuye parte de este crecimiento a la dinámica generada tras las treguas impulsadas por el gobierno.
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Entre los fenómenos destacados en el análisis del medio estadounidense, se advierte que la adopción de drones para ataques directos a fuerzas estatales y la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato desde aeronaves no tripuladas marcan un giro tecnológico en el conflicto. La capacidad de innovación de los carteles colombianos y milicias, facilitada por su alta disponibilidad de recursos, elevó el riesgo operacional para los órganos policiales y militares. A este contexto se suma la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, por endurecer las políticas contra el tráfico de drogas.
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En el tramo más reciente de la coyuntura, el Gobierno colombiano anunció el 22 de diciembre de 2025 su decisión de reanudar la fumigación de narcocultivos con glifosato empleando drones a baja altura. El anuncio, reseñado por el The Wall Street Journal, llega tras años de suspensión motivados por recomendaciones sanitarias y órdenes judiciales que impidieron el uso de aspersiones aéreas con avionetas debido al riesgo para la salud humana y fuentes de agua.
Según cifras de inteligencia oficial citadas por el medio, la expansión de los principales grupos armados fue abrupta: sus filas suman en la actualidad 25.000 miembros, casi el doble en solo tres años. Este incremento ocurrió bajo el amparo de treguas militares que, en lugar de desactivar la violencia, ofrecieron una ventana para reclutar nuevos combatientes y fortalecer su arsenal militar. En palabras del mayor general Juan Carlos Correa, uno de los responsables de la estrategia contra estas amenazas: “Cuando comenzaron los ataques con drones, el impacto fue bastante severo: la aparición repentina de una capacidad que, francamente, no estaba en nuestro radar”.
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En áreas como Cali, la cercanía a zonas de producción de cocaína y rutas de contrabando catalizaron disputas letales entre bandas criminales en la periferia urbana. Según el artículo, el alcalde Alejandro Éder calificó el despliegue de drones explosivos como “una nueva y grave amenaza de seguridad” para la región, caracterizada por su vulnerabilidad frente a estas tácticas.
La atención mediática internacional se enfocó en el uso de estos dispositivos en el conflicto de Ucrania, pero The Wall Street Journal resalta que los grupos colombianos implementaron la tecnología de un modo sistemático y silencioso, utilizándola tanto para el ataque directo como para eludir la vigilancia sobre las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
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El debate sobre la lucha antidrogas en Colombia arrastra antecedentes complejos. Tras la suspensión de la aspersión aérea de glifosato en 2015, una iniciativa del expresidente Iván Duque para restablecer el método chocó con el rechazo de la Corte Constitucional, que falló a favor de comunidades campesinas, negras e indígenas que habían presentado demandas por los impactos ambientales y de salud.
Para revertir el poderío de los grupos armados en el territorio, el presidente Petro anunció un remezón en la cúpula de las Fuerzas Militares. El aviso incluyó la llegada del general Alejandro López Barreto al Comando General de las Fuerzas Militares, el nombramiento del general Royer Gómez como comandante del Ejército, la designación del general Carlos Fernando Silva en la Fuerza Aérea y la ratificación del almirante Juan Ricardo Rozo en la Armada Nacional.
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