
Las escuchas judiciales realizadas a Michael Brayan Reyes Naranjo, conocido como alias Brayan y cabecilla del Tren de Aragua, permitieron a las autoridades desplegar operaciones enfocadas en desmantelar esta organización criminal desde la cárcel La Picota de Bogotá.
Las pruebas recabadas a través de las interceptaciones fueron esenciales para que la Fiscalía General de la Nación actuara contra delitos como extorsión, tortura y homicidio, todos coordinados desde el interior del penal, según reportó El Tiempo.
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El Tren de Aragua, clasificado como grupo terrorista por Estados Unidos y con amplitud de operaciones en varios países, mantenía redes estructuradas en diferentes zonas de Bogotá para potenciar su control e ilícitos.
Alias Brayan operaba como un líder clave de la organización, gestionando acciones criminales desde su celda mediante un teléfono móvil cuya presencia había sido identificada por la Fiscalía antes de su captura.
Las autoridades pudieron mantener la interceptación del dispositivo incluso después de su ingreso a La Picota, lo que permitió revelar información crucial sobre la operatividad de la banda, de acuerdo con lo publicado por El Tiempo.
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La revisión de los audios evidenció delitos planeados y confesados desde prisión. En una de las grabaciones, alias Brayan explicó que proporcionó pruebas a la Fiscalía sobre la implicación de alias Álex en intentos de asesinato dentro de la estructura criminal:
“La Fiscalía ya sabe todo, me creyeron todo lo que yo les dije y se los comprobé entonces estoy relajado”, declaró en una de las conversaciones captadas y citadas por el medio mencionado.
Los mismos registros revelaron que el cabecilla disfrutaba de privilegios en prisión, refería una vida de lujo y manifestaba dominio sobre miembros activos de la organización: “Yo estoy acá relajado tomando, porque me dieron todos los privilegios, tomo wiski (sic), tengo mi oro, usted sabe cómo es, si le marco por videollamada va a quedar sorprendido”.
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Además, las interceptaciones mostraron disputas internas, amenazas hacia supuestos infiltrados y un método organizado de intimidación y cobro ilegal.
Alias Brayan ordenaba que algunos integrantes quedaran “engrampados” por traición y remarcaba su autoridad en cada comunicación. Parte de las operaciones se centraba en la zona conocida como la 38, en el barrio María Paz de la localidad de Kennedy, donde la banda articulaba extorsiones a comerciantes y trabajadores sexuales.
En otra conversación, Brayan emitió amenazas al administrador de un bar del sector por no vender bebidas adulteradas distribuidas por el grupo: “Ninguna mujer ni meseros pueden trabajar en sus negocios, van a tener problemas conmigo”.
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El hotel Los Potrillos, avaluado en 1.000 millones de pesos y ubicado en Kennedy, fue identificado gracias a estas diligencias. Según informó El Tiempo en base a interceptaciones y testimonios, alias Raúl gestionaba el hotel con apoyo de alias Johana o ‘La Patrona’.
Este establecimiento funcionaba como centro de operaciones, hospedando a líderes llegados de Venezuela y sirviendo para coordinar reuniones sobre asesinatos selectivos, cobros extorsivos y la distribución de zonas para el narcotráfico.
Una de las agresiones más graves documentadas corresponde al secuestro y tortura de Cristian David Monroy, quien fue retenido en el cuarto piso del hotel y posteriormente hallado sin vida en Bosa con cinco impactos de arma de fuego, lo que ilustra el nivel de violencia implementado por la banda.
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Con el avance de las investigaciones y tras recopilar las pruebas mediante las interceptaciones, la Fiscalía adoptó medidas cautelares sobre los bienes de la organización.
Se decretó la extinción de dominio del hotel Los Potrillos y de otros cinco clubes asociados al Tren de Aragua, que quedaron bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Alias Brayan, por su parte, fue trasladado al complejo carcelario de Ibagué como parte del proceso judicial, confirmó el medio mencionado.

La influencia del Tren de Aragua sigue representando amenazas para la seguridad en Bogotá y otras regiones del país, dado que sus redes subsisten y los delitos afectan principalmente a sectores vulnerables como comerciantes y trabajadores sexuales. La labor coordinada entre la Fiscalía y otras entidades de seguridad logró debilitar parte de las actividades de la banda mediante el control de sus activos y el aislamiento de su cabecilla, lo que ha permitido visibilizar la magnitud trasnacional de este fenómeno delictivo.
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