Escándalo por contratación de vigilancia del Icbf a través de una puja de $1: denuncian posibles irregularidades en el proceso

La contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) provocó un amplio debate debido a las graves irregularidades que salieron a la luz en el proceso de adjudicación del contrato, el cual fue financiado con recursos públicos.

Un escándalo que, según denuncias a las que tuvo acceso Infobae Colombia, podría poner en tela de juicio la transparencia de las decisiones tomadas por las autoridades encargadas de gestionar estos recursos.

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En este sentido, el proceso de adjudicación estuvo marcado por una controversial elección que, en lugar de seguir los procedimientos habituales de licitación, optó por un mecanismo en el que la oferta no se definió por la mejor propuesta económica ni por la mejor calidad del servicio, sino por una ‘jugada’ simbólica: la puja de $1.

De acuerdo con los detalles a los que se tuvieron acceso, el Icbf no optó por la licitación pública que hubiera permitido una evaluación detallada de las propuestas técnicas, de la experiencia de las empresas postulantes y de los precios ofrecidos; en su lugar, el proceso fue trasladado a la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), donde el único requisito era registrar una puja simbólica de $1 peso, sin importar la naturaleza o el valor real de la oferta.

Este mecanismo permitió que las macroregiones 1, 2 y 4 fueran adjudicadas a un único comisionista, Comiagro —compañía comisionista de la BMC, enfocada en proporcionar soluciones financieras y de mercado para los sectores agropecuario y agroindustrial—, concentrando así el contrato bajo un esquema en el que la rapidez del ‘clic’ reemplazó a la competencia genuina; las 3 y 5 fueron entregadas a otra entidad comisionista.

El servicio de vigilancia y seguridad privada del Icbf, entidad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes en Colombia, es considerado un área crítica. Los cuestionamientos no solo provienen de los sectores especializados en contratación pública, sino de organizaciones de la sociedad civil, que se preguntan por qué un servicio tan sensible no fue sometido a una licitación pública tradicional.

Además, el fallo que dio lugar a esta controversia contraviene lo señalado por la normativa colombiana, por lo que Colombia Compra Eficiente (CCE) y el Consejo de Estado fueron claros en su jurisprudencia y en sus lineamientos sobre la contratación de servicios de vigilancia.

En su sentencia C-231 de 2025, CCE confirma que el mecanismo adecuado para la selección de contratistas es la Licitación Pública, evaluando la calidad del servicio, no solo el precio; el Consejo de Estado, en diversas decisiones, respalda esta postura, como en la Sentencia 17805 de 2020, en la que destaca que el pliego de condiciones no puede vulnerar las tarifas mínimas ni los derechos laborales.

Según estas entidades, los contratos relacionados con servicios de vigilancia, al contar con tarifas reguladas, no deben ser adjudicados mediante subastas, ya que este tipo de mecanismos elimina la competencia real, especialmente en cuanto al precio, uno de los factores clave en la contratación pública.

El hecho de que el instituto de protección para menores haya optado por trasladar el proceso a la BMC, a pesar de las advertencias previas sobre la idoneidad de este mecanismo, intensificó los cuestionamientos sobre las decisiones tomadas al interior de la entidad.

El proceso de puja y la crítica al mecanismo elegido: la BMC se pronunció al respecto

El proceso de adjudicación mediante puja en la Bolsa Mercantil de Colombia se dio a conocer por primera vez tras una denuncia pública que cuestionó la transparencia del mecanismo. Aunque la plataforma que administra mercados organizados para la compra y venta explicó que este proceso se realiza bajo los lineamientos de la ley, surgen dudas sobre la idoneidad de la puja para la contratación de un servicio esencial como el de vigilancia, que involucra la seguridad de menores de edad en Colombia.

María Inés Agudelo Valencia, presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia, explicó para Infobae Colombia que el sistema de subasta está “diseñado para que las entidades públicas de cualquier nivel, del nivel central, del nivel territorial, de alcaldías, gobernaciones, secretarías, puedan ir a hacer sus compras, de bienes o servicios de características técnicas uniformes”.

Agudelo defendió el proceso asegurando que las ofertas se hacen a través de sociedades comisionistas, y que la bolsa garantiza transparencia al no permitir que el comprador conozca quién está ofertando: “Lo más importante que hace la bolsa es que llegamos a la rueda en donde el comprador, o sea, la entidad pública, no sabe quién le está vendiendo, pero el vendedor sí sabe a quién le va a comprar”.

En el caso del Icbf, la presidenta señaló que el precio del servicio ya está regulado por la ley y no puede ser modificado en el proceso de subasta, lo que deja espacio para que las empresas ofrezcan “medios tecnológicos” adicionales, como cámaras de seguridad o drones (lo que se requiera en la ficha técnica), a un costo simbólico, en este caso $1.

En la misma conversación, Lina María Hernández, vicepresidenta de Operaciones de la BMC, añadió que las empresas de vigilancia en ocasiones instruyen a sus sociedades comisionistas para que presenten ofertas simbólicas de $1 en la puja, lo que genera la apariencia de una competencia, cuando en realidad el valor real de los contratos no está siendo disputado. La subasta, según la mujer, se convierte en un ejercicio vacío de contenido, en el que el primer oferente en poner su propuesta gana el contrato.

Hernández reafirmó la existencia de competencia en el proceso, aunque con matices: “En esta operación, particularmente, tuvimos 95 empresas de vigilancia, individuales y en uniones temporales, y básicamente, 41 radicaron documentos”. La lideresa de operaciones señaló que la bolsa se encarga de filtrar a las empresas para garantizar que cumplan con todos los requisitos técnicos, lo que contribuye a la pluralidad y transparencia del proceso.

En medio de las críticas sobre la falta de competencia genuina en este proceso, tanto Agudelo como Hernández aseguraron que la subasta fue abierta y que varias empresas participaron en el proceso: “En realidad, sí hay competencia, porque se presentaron más de 14 empresas en la región con menos participantes”, comentó, al hacer referencia a la cantidad de empresas que se presentaron en cada subasta.

“Nosotros no permitimos direccionamiento... si hay algún requisito raro, lo frenamos en seco”, aseguró Agudelo.

Aunque desde la BMC se expusieron su defensa, aún existen dudas sobre si este proceso es el adecuado, si se está saliendo de los márgenes establecidos por la ley en cuanto a lo que se espera de una licitación, entre otros aspectos; sin embargo, también está en juego la regulación de estas entidades, que gestionan múltiples contratos con el Estado. Por lo tanto, aunque podría haber irregularidades en el procedimiento, aún no se tiene claridad sobre si efectivamente está viciado.