El despliegue militar en la región del Catatumbo se intensificó tras una reciente escalada de violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), lo que generó preocupación por la seguridad de la población civil.
De hecho, el Gobierno nacional, a través del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que dispuso el refuerzo de la fuerza pública, incorporando unidades del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, como respuesta al agravamiento del conflicto armado en uno de los territorios más afectados del norte de Colombia.
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“Quiero informar que, ante la situación que se presenta en el Catatumbo, se han fortalecido todos los dispositivos de nuestra Fuerza Pública, con el despliegue de reconocimientos aéreos y apoyo de fuegos del Ejército Nacional y operaciones coordinadas con la Fuerza Aérea Colombiana. Esta decisión responde al deber del Estado de proteger a las comunidades, contener las acciones criminales y preservar el control territorial, con legalidad, firmeza y respeto por la vida”, señaló Sánchez
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El jefe de la cartera de Defensa explicó que la decisión obedece “al deber del Estado de proteger a las comunidades, contener las acciones criminales y preservar el control territorial, con legalidad, firmeza y respeto por la vida”.

Las autoridades priorizaron garantizar la movilidad en la región tras los recientes enfrentamientos. Sánchez informó que las vías principales, incluidas las rutas entre Cúcuta-Tibú y Tibú-La Gabarra, se encuentran habilitadas y bajo vigilancia, lo que permite la circulación de los habitantes y el ingreso de asistencia.
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Las operaciones conjuntas entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y el Ejército Nacional buscan mantener la normalidad y prevenir nuevos incidentes.
A través de un comunicado, el Ejército Nacional aseguró que han desplegado hombres a lo largo y ancho de las vías para garantizar la tranquilidad en los viajeros que intentan disfrutar de las fiestas de fin de año.
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“El Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana mantienen un despliegue permanente y focalizado en la región del Catatumbo, con presencia en puntos estratégicos y desarrollo de operaciones ofensivas que buscan preservar la tranquilidad, la libertad y la vida de la población civil. Estas acciones sostenidas tienen como prioridad proteger a las comunidades y mitigar las confrontaciones entre los grupos armados organizados. Cada esfuerzo está orientado a salvaguardar a las familias, permitir la movilidad y brindar acompañamiento a quienes habitan esta región”, indicó la institución.
El recrudecimiento del conflicto armado a finales de diciembre de 2024 y en los primeros días del año desembocó en una emergencia humanitaria: cientos de personas debieron abandonar sus hogares y utilizar albergues temporales habilitados por las autoridades ante el alto riesgo para sus vidas.
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Según los reportes oficiales, la población civil experimentó limitaciones en el acceso a espacios básicos como escuelas e iglesias, lo que motivó el reclamo de que se garanticen los derechos fundamentales y el acceso humanitario en la zona.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para que denuncie de manera oportuna y confidencial cualquier acto sospechoso, extorsión o secuestro a través de los canales oficiales dispuestos por las autoridades.
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Los organismos de seguridad insisten en que la colaboración ciudadana es esencial para enfrentar tanto las amenazas del ELN y las disidencias de las Farc como el ambiente de inseguridad persistente.
“Invitamos a denunciar de manera oportuna y confidencial cualquier hecho sospechoso, extorsión o secuestro a través de las líneas 147 y 107, disponibles 24/7. ¡Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen!. ¡El Estado somos todos y… los buenos somos más!″, comentó el ministro de Defensa en su comunicado.
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Por su parte, el monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones Iglesia-Estado, expresó su preocupación por la magnitud de la crisis, mencionando las noticias graves recibidas durante la Navidad y los días posteriores, a las que calificó como parte de “una nueva crisis humanitaria en desarrollo”.
El prelado advirtió de la urgencia de que se respeten los derechos de los ciudadanos, el mantenimiento de los accesos humanitarios y defendió el diálogo como camino para la resolución del conflicto, además de hacer un llamado a la solidaridad para encontrar soluciones.
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En medio de este escenario, la esperanza de la región reside en la solidaridad y el esfuerzo colectivo para buscar alternativas que permitan aliviar la situación de quienes han sido afectados por la violencia.
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