Sandra Ortiz pidió nuevamente su libertad por vencimiento de términos por caso Ungrd: “Quiero que el país conozca todo lo que ha pasado”

La ex consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz solicitó nuevamente su libertad por vencimiento de términos en medio del proceso judicial que enfrenta por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La petición fue presentada el viernes 8 de mayo durante una audiencia ante el juez 35 de control de garantías de Bogotá.

Ortiz, que permanece privada de la libertad desde el 18 de diciembre de 2024 en la Escuela de Carabineros de la Policía, aseguró durante la diligencia judicial que tanto ella como su equipo de defensa han enfrentado obstáculos para presentar pruebas con las que buscan controvertir las acusaciones formuladas por la Fiscalía.

“Su Señoría, yo soy la más interesada en que se sepa la verdad y que el país conozca todo lo que ha pasado”, afirmó Ortiz durante su intervención ante el despacho judicial. La exconsejera indicó que ya completa 470 días privada de la libertad sin que haya comenzado formalmente el juicio en su contra.

La exfuncionaria señaló que, junto con su defensa, ha tenido que recopilar pruebas técnicas para responder a los señalamientos hechos por el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y el ex subdirector de la entidad, Sneyder Pinilla.

Según explicó, inicialmente fue vinculada con presuntas irregularidades relacionadas con el contrato de carrotanques para abastecer de agua potable al departamento de La Guajira. Sin embargo, sostuvo que en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía únicamente se hace referencia a un contrato de obra ejecutado en el municipio de Repelón, Atlántico.

Cuestionamientos sobre el proceso judicial

Durante la audiencia, Sandra Ortiz aseguró que la solicitud de libertad no puede ser interpretada como una maniobra dilatoria dentro del proceso penal. Según manifestó, tanto ella como sus abogados han promovido el avance de las audiencias preparatorias de juicio, aunque varias de ellas han sido suspendidas por diferentes circunstancias. “No es justo que me castiguen por intentar reclamar mi libertad, es un derecho que yo tengo”, expresó la ex consejera presidencial ante el juez.

Ortiz también reveló que en los últimos días se han registrado avances en la recolección de elementos materiales probatorios y aseguró que aún están pendientes algunos informes técnicos que, según dijo, permitirían controvertir las acusaciones formuladas por la Fiscalía General.

“Las pruebas que estamos esperando son importantes, son contundentes, porque nosotros no vamos a llegar con un océano de pruebas porque son demasiadas. (...) nosotros tenemos que presentarlas ante un juez de control de garantías porque las necesitamos”, indicó.

La Fiscalía General acusa a Sandra Ortiz de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en servidor público. De acuerdo con el escrito de acusación, en el segundo semestre de 2023 la entonces consejera presidencial habría dado instrucciones a Olmedo López y a Sneyder Pinilla para entregar un soborno millonario al entonces presidente del Senado, Iván Name.

Sandra Ortíz denunció presiones

En otro de los apartes de la audiencia, Sandra Ortiz aseguró que antes de que se le impusiera la medida de aseguramiento habría recibido presiones por parte de la Fiscalía para entregar declaraciones contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes han sido señalados dentro de las investigaciones como presuntos articuladores del entramado de corrupción.

“Acudí muchas veces a la Fiscalía antes de que me dieran la medida de aseguramiento (...) porque eso fue lo que me dijeron: ‘si usted no acusa a ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento’. Eso pasó”, afirmó la exfuncionaria durante la diligencia judicial.

Posteriormente agregó: “Yo tengo la carta que le envié a la Fiscalía y la trazabilidad que remití. Desde ese momento entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político. Y si hoy estoy en esta situación —lo digo abiertamente— es por un tema político. Y si fue por haber trabajado con el presidente Gustavo Petro y me quieren condenar por eso, lo entiendo”.

Frente a la solicitud de libertad por vencimiento de términos, la Fiscalía General ha sostenido que los 475 días transcurridos entre la radicación del escrito de acusación y la audiencia obedecen a actuaciones promovidas por la defensa de Ortiz. Esa postura también fue respaldada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Durante la audiencia, el vocero de esa entidad aseguró que la defensa presentó aplazamientos y recursos que incidieron en el avance del proceso judicial. “Se formularon dos aplazamientos de la audiencia de formulación de acusación por la Defensa. Y, una vez instalada la audiencia, la defensa radicó un recurso de nulidad de la actuación y luego una apelación”, señaló el representante de la entidad.

La solicitud presentada por Sandra Ortiz constituye la cuarta petición de libertad por vencimiento de términos dentro del proceso que se adelanta en su contra por el escándalo de corrupción en la Ungrd. Entretanto, el proceso judicial continúa en etapa preparatoria mientras las autoridades definen el curso de las audiencias y las pruebas que serán presentadas durante el juicio.