Un informe pericial contable de 23 páginas, conocido por El Tiempo, contradice la versión entregada por el presidente de Ecopetrol en licencia, Ricardo Roa, sobre la compra del apartamento 901 ubicado en el norte de Bogotá. El documento hace parte del material probatorio que actualmente es analizado dentro de la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría General de la Nación y del proceso penal que sigue la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos de tráfico de influencias y posibles irregularidades en la adquisición del inmueble.
De acuerdo con la información obtenida por el medio, la Procuraduría prorrogó por tres meses la etapa de investigación disciplinaria relacionada con este caso y ordenó la práctica de 16 pruebas adicionales orientadas a esclarecer la forma en que se realizó la compra del apartamento, su pago y la posible participación de terceros en la transacción.
Entre las pruebas decretadas se encuentra un requerimiento a la empresa Princeton International Holdings Limited, propietaria y vendedora del inmueble, para que certifique la existencia del contrato de compraventa con Ricardo Roa, el valor final acordado y si el pago fue realizado en su totalidad. También se solicitó establecer si empresas vinculadas al expolicía Juan Guillermo Mancera, entre ellas Innova Mercadeo y Logística, tuvieron algún tipo de intervención en la operación inmobiliaria.
¿Qué dice el informe pericial contable?
El Tiempo tuvo acceso al informe elaborado por la firma JC Contadores Judiciales, en el que se realiza un análisis forense de movimientos financieros, extractos bancarios, estados contables y trazabilidad de recursos entre enero de 2022 y febrero de 2026.
El estudio incluye la revisión de cuentas bancarias de Ricardo Roa, de su pareja Carlos Julián Caicedo Cano y de la sociedad Roca Bi S.A.S., en la cual ambos figuran como socios. De acuerdo con el documento, no se evidencian pagos directos realizados por Ricardo Roa, su pareja o la sociedad mencionada a la empresa propietaria del inmueble, lo que contrasta con la versión entregada por su defensa en el proceso.
El peritaje también señala que, tras el análisis de la información financiera disponible, se identificaron movimientos que corresponden a la operación de compra del apartamento, pero cuya trazabilidad no aparece asociada directamente a pagos realizados por Roa o sus empresas. El documento advierte que la verificación se basó en información documental digital, estados financieros y extractos bancarios puestos a disposición de los peritos dentro del proceso.
Movimientos financieros y consignaciones analizadas
Según el informe citado por el medio, durante el periodo evaluado se identificaron seis consignaciones bancarias realizadas entre marzo de 2023 y febrero de 2024, por un valor cercano a 1.800 millones de pesos, cifra que coincide con el precio del apartamento 901.
El documento precisa que dichas consignaciones fueron registradas en la cuenta corriente de Bancolombia asociada a la empresa vendedora del inmueble y que corresponden a la operación de compraventa del predio. Sin embargo, el informe no establece de manera directa que los recursos provengan de Ricardo Roa, su pareja o la sociedad Roca Bi S.A.S., lo que abre una diferencia frente a la versión entregada por su defensa.
En el análisis también se incluye la revisión de otros movimientos financieros relacionados con la operación, así como la trazabilidad de recursos dentro del sistema bancario durante el periodo investigado
Versiones de la parte vendedora y de la defensa
El Tiempo también conoció la posición del abogado Jaime Lombana, representante del empresario Serafino Iacono, propietario de Princeton International Holdings Limited. Según su versión, no existió una relación financiera directa entre la empresa vendedora y Ricardo Roa.
El penalista afirmó que el negocio inmobiliario no se realizó directamente con el hoy presidente de Ecopetrol en licencia, sino que habría sido estructurado inicialmente a través del coronel (r.) Juan Guillermo Mancera, quien habría actuado como intermediario en la operación. De acuerdo con esta versión, la transferencia del inmueble a nombre de Roa se habría realizado posteriormente por solicitud de Mancera.
La defensa de Iacono sostiene además que la empresa nunca recibió pagos provenientes de Ricardo Roa, su pareja o la sociedad Roca Bi S.A.S., y que la operación fue realizada a través de terceros dentro de la estructura financiera del negocio.
Pagos adicionales y proceso de escrituración
Dentro del expediente conocido por el medio, también se hace referencia a un pago adicional de 100 millones de pesos en efectivo, consignado el 1 de noviembre de 2023 por una persona identificada como Darío Enrique Guarnizo R. Este movimiento hace parte de los elementos que las autoridades analizan dentro del proceso de trazabilidad del inmueble.
Adicionalmente, la investigación revisa el proceso de escrituración del apartamento, debido a que inicialmente el inmueble habría tenido una titularidad intermedia antes de quedar registrado a nombre de Ricardo Roa. Según los documentos del caso, en una etapa previa se habría considerado la participación de la sociedad Roca Bi S.A.S. en la operación, antes de la formalización final de la escritura.
Posición de Ricardo Roa y su defensa jurídica
La defensa de Ricardo Roa ha reiterado que la compra del apartamento fue realizada de manera legal y que existen soportes financieros que respaldan el pago total del inmueble.
El abogado Juan David León aseguró según El Tiempo que la operación cuenta con respaldo documental y bancario, incluyendo cheques de gerencia emitidos a favor de la empresa propietaria del inmueble. Según la defensa, los recursos utilizados provienen de préstamos bancarios y del patrimonio personal del funcionario.
La defensa también insiste en que la transacción está debidamente soportada en el sistema financiero y que no existen irregularidades en la forma en que se realizó la compra del apartamento.
Revisión del caso por parte de la Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación continúa el análisis del material probatorio dentro del proceso, que incluye el informe pericial contable, documentos bancarios, testimonios y otros elementos recaudados durante la investigación.
Dentro de este contexto, el ente acusador evalúa la eventual definición de la situación jurídica de los implicados, incluyendo a Juan Guillermo Mancera, así como la posible imputación de nuevos cargos a Ricardo Roa por presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial 2022–2026.
El proceso se encuentra actualmente en etapa de valoración probatoria, mientras las autoridades avanzan en la verificación de la trazabilidad financiera y la estructura de la operación inmobiliaria.
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