Justicia rusa condenó a 19 años de cárcel a un colombiano acusado de mercenarismo en Ucrania

Un tribunal respaldado por Rusia en el territorio ucraniano ocupado de Donetsk sentenció a Óscar Mauricio Blanco López, ciudadano colombiano de 42 años, a 19 años de prisión por “actividad mercenaria” al combatir en las filas del ejército ucraniano.

La resolución fue emitida por la justicia rusa el 24 de diciembre de 2025, lo que representa un nuevo caso dentro de la política rusa de catalogar a los extranjeros capturados combatiendo para Ucrania como mercenarios y no como prisioneros de guerra.

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De acuerdo con la Fiscalía General de Rusia, Blanco López llegó a Ucrania en mayo de 2024, momento en que se alistó en el ejército ucraniano, y fue hecho prisionero por fuerzas rusas en diciembre de 2025.

El caso de Blanco López forma parte de una serie de juicios iniciados por tribunales en regiones ocupadas de Ucrania desde la ofensiva rusa en 2022.

Solo la semana anterior a esta condena, el mismo tribunal de Donetsk sentenció a un ciudadano británico y a otro checo a 13 años de cárcel por causas similares.

En noviembre de 2025, dos colombianos también recibieron condenas por el mismo periodo que los anteriores procesados; además, en octubre de 2024, un ciudadano estadounidense de setenta años fue condenado a seis años y diez meses de prisión, según detallaron medios internacionales.

Mercenarios colombianos piden ayuda al Gobierno Petro

Las repercusiones de la guerra han dejado expuestas a decenas de familias en Colombia, especialmente por la situación de los exmilitares colombianos que actúan como mercenarios en Ucrania.

A través de videos y declaraciones publicadas en las redes sociales y medios de comunicación, han solicitado ayuda al presidente Gustavo Petro y a las autoridades nacionales para facilitar su retorno al país.

“Solicitamos al gobierno de allá de nuestra tierra, que es Colombia, al señor Petro... queremos cumplir unos sueños y a nosotros nos gusta esto”, expresó uno de los exmilitares en situación irregular en un video revelado por El Espectador.

Estas declaraciones han puesto en evidencia las graves condiciones que enfrentan los colombianos en el conflicto, que incluyen falta de atención médica, incumplimientos en los pagos prometidos y serias irregularidades en la notificación de muertos y heridos en combate.

“La situación en combate es desigual porque en cualquier momento un dron nos bombardea y ahí no hay nada que hacer. Es una guerra en la que quienes estamos en terreno somos muy vulnerables, somos un blanco fácil”, relató uno de los afectados.

Otros testimonios describen que algunos combatientes han sido recluidos en recintos improvisados con alambre de púas, bajo vigilancia armada de centinelas ucranianos para evitar deserciones.

“Ahora nos tienen aquí como presos... nos tienen encerrados, nos pusieron a hacer letrinas y todo, sin ducha, sin agua. Nos tienen un centinela con fusil armado”, denunció uno de ellos en un video difundido por Noticias RCN.

En varios casos, el alistamiento de colombianos se habría facilitado a través de intermediarios que presuntamente incumplieron con las condiciones ofrecidas.

De acuerdo con testimonios recogidos por el diario bogotano, un reclutador identificado como ‘Dante’ habría gestionado el traslado de exmilitares colombianos, quienes, una vez en Ucrania, se encontraron enviados a la primera línea de combate y enfrentados a una realidad distinta a la pactada.

Cifras oficiales

El impacto de esta problemática se refleja en los datos oficiales de la Cancillería de Colombia que, hasta febrero de 2025, registraba al menos 186 ciudadanos colombianos vinculados al conflicto en Ucrania, de los cuales 122 aparecen como desaparecidos.

Frente al alto número de desaparecidos y al contexto de extrema vulnerabilidad que atraviesan estos ciudadanos, la discusión sobre la responsabilidad y la respuesta estatal en Colombia se ha intensificado.

Como parte de las medidas gubernamentales, el Ministerio de Defensa impulsó la aprobación en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley que respalda la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Utilización, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios.

Al defender esta iniciativa, el ministro Pedro Sánchez resaltó ante los legisladores que la norma busca evitar la fuga de personal entrenado hacia conflictos ajenos y minimizar las pérdidas humanas y materiales para Colombia.

“Los entrenamos aquí; a los diez años adquieren una capacidad enorme, pero entonces, al existir esa oportunidad de ir a combatir en otros lugares, se van y perdemos muchísimo como país para proteger a los colombianos”, declaró el funcionario ante el legislativo.

Las familias de los combatientes y los propios exmilitares insisten en la urgencia de medidas para la repatriación y la protección efectiva de quienes permanecen en el extranjero, subrayando que muchos de ellos arriesgan su vida lejos de su hogar y atraviesan una situación de desamparo que requiere respuestas concretas y humanitarias.