Gobierno nacional habilita a la Policía para ejecutar erradicación de cultivos ilícitos con drones

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) confirmó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el aval necesario para que la Policía Nacional pueda iniciar la aspersión de glifosato mediante el uso de drones, dentro del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Aspersión Aérea de Glifosato.

La información fue divulgada tras las explicaciones entregadas por la entidad sobre el alcance de esta autorización y los requisitos técnicos exigidos para su implementación, según reportó la Revista Semana.

De acuerdo con la ANLA, el programa liderado por la Policía cuenta con un Plan de Manejo Ambiental que fue otorgado originalmente en noviembre de 2001, el cual habilitaba la aspersión aérea de glifosato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, esa autorización fue suspendida 14 años después, mediante una resolución posterior, lo que obligó a replantear las modalidades permitidas para la erradicación de cultivos ilícitos.

Posteriormente, el 12 de diciembre de 2016, la autoridad ambiental aprobó una modificación que permitió la aspersión terrestre del herbicida, utilizando técnicas como bomba de espalda, equipos estacionarios y un método denominado EATBAND, que corresponde al uso de drones en operaciones terrestres. Esta autorización se mantiene vigente y constituye el marco bajo el cual se habilita la nueva estrategia anunciada por el Gobierno.

La ANLA explicó que, para activar la aspersión con drones, no se requiere la expedición de una nueva licencia ambiental, ya que los instrumentos existentes continúan válidos. No obstante, precisó que el inicio de esta modalidad depende de un aval técnico emitido por el Comité Técnico Interinstitucional, instancia que es liderada por el Ministerio de Justicia.

Ese aval, según la entidad, tiene como finalidad certificar que la aplicación del glifosato mediante drones cumpla con todas las condiciones técnicas exigidas para una operación de aspersión terrestre. En este contexto, el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, presentó la estrategia como parte de las acciones contra los cultivos ilícitos, dentro de los parámetros establecidos por la normativa ambiental.

El aval entregado a la Policía corresponde específicamente al estudio de calibración de los equipos, documento que deberá ser verificado por la ANLA antes de que comiencen las operaciones en territorio. La autoridad ambiental indicó que este procedimiento permite evaluar la precisión, seguridad y control del químico durante su aplicación, con el fin de evitar impactos no autorizados.

En sus aclaraciones, la ANLA recordó que la Resolución 2257 del 25 de septiembre de 2025 actualizó las condiciones bajo las cuales se puede realizar aspersión terrestre con glifosato en Colombia. Dicho acto administrativo introdujo ajustes a los protocolos existentes y reforzó las obligaciones que deben cumplir las entidades ejecutoras del programa.

Entre las restricciones vigentes, la entidad señaló que no se puede asperjar en zonas destinadas a la producción de alimentos, especialmente aquellas pertenecientes al sector agrícola. Además, se deben establecer límites estrictos en relación con fuentes hídricas, así como controles sobre los residuos de glifosato que puedan generarse durante las operaciones.

Otro de los requisitos consiste en la actualización del plan de contingencias, el cual debe ajustarse a la normativa ambiental actual y contemplar escenarios de riesgo asociados a la aspersión terrestre. La ANLA indicó que estos lineamientos buscan garantizar que las actividades se desarrollen dentro de parámetros técnicos verificables.

La Policía Nacional será la entidad encargada de ejecutar este modelo de aspersión, una vez se cumplan todas las verificaciones previas exigidas por la autoridad ambiental. Según la ANLA, el seguimiento a las operaciones hará parte de su labor de control, con énfasis en la revisión del cumplimiento de las condiciones establecidas en los actos administrativos vigentes.

La entidad reiteró que su función se limita a la evaluación técnica y ambiental, sin intervenir en las decisiones operativas o estratégicas del Gobierno en materia de lucha contra los cultivos ilícitos. En ese sentido, señaló que la aspersión con drones se enmarca dentro de las modalidades de erradicación terrestre ya autorizadas desde 2016.

Finalmente, la ANLA indicó que mantendrá un proceso de verificación permanente antes y durante el desarrollo de las operaciones, conforme a las competencias que le asigna la ley. La información divulgada hace parte de las aclaraciones solicitadas tras el anuncio oficial del Gobierno sobre la implementación de este mecanismo de erradicación, de acuerdo con lo publicado por la Revista Semana.