
Ernesto Macías, expresidente del Congreso, lanzó el lunes 22 de diciembre de 2025 una dura crítica al presidente de la República, Gustavo Petro, tras el reciente crédito internacional por USD6.000 millones, es decir, cerca de 23 billones de pesos, con un mensaje en el que denunció falta de transparencia en el proceso y el pago de una comisión de hasta USD810 millones. Así se sumó a la controversia que causó este asunto, que era hasta ahora desconocido.
Macías aprovechó su pronunciamiento público para reiterar los principales escándalos del Gobierno que, según él, han marcado la gestión actual: las investigaciones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la compra de aviones Gripen a la empresa sueca Saab y la crisis de los pasaportes, que derivó en la suspensión e inhabilidad contra el excanciller Álvaro Leyva Durán, y que tuvo al país al borde de una multimillonaria demanda.
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“Cuando creímos que el robo del siglo sería el de los pasaportes, llegó el atraco en la Ungrd, pero apareció el negociado de los aviones Gripen, y ahora un crédito a dedo por 6.000 millones de dólares con un prestamista que se gana 810 millones de dólares de comisión. ¡Petro!”, publicó Macías en la red social X, en la que hizo lo que sería un completo resumen sobre una cadena de irregularidades en el uso de los recursos públicos por parte del actual mandato.

El controversial préstamo internacional fue gestionado para atender el déficit presupuestal de 2025, tras la ampliación en 2024 del cupo de endeudamiento a USD17.600 millones. Desde los sectores de oposición apuntaron al monto de la transacción y a la supuesta adjudicación directa al prestamista, del que no se conocen detalles, en una práctica en la que se habló de una escogencia “a dedo”, en la que resalta una comisión de intermediación alta.
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Y es que aparte de la tasa del 13,5%, cuando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) era del 7%, con líneas de crédito que eran flexibles para el país, se habla de USD810 millones de comisiones, lo que encendió las redes. A esto se suma la tensión por las discrepancias con el Banco de la República, que desmintió afirmaciones presidenciales sobre intereses de la deuda y aclaró aspectos técnicos tras la proliferación de rumores económicos sobre el particular.

Los escándalos que resaltó Ernesto Macías y que dejan mal parado al Gobierno
En esta discusión, el megacaso de corrupción en la Ungrd es para Macías un claro ejemplo de los problemas estructurales en el manejo de los fondos estatales. A través de la entidad, se habrían desviado recursos asignados a emergencias mediante contratos con sobreprecios, entre los que destacó la adquisición de 40 carrotanques para La Guajira por 46.800 millones de pesos, con sobrecostos de al menos 20.000 millones en la adquisición de los mismos.
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Los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla están detenidos en guarniciones militares y han confesado ante la Fiscalía que parte de esos fondos fue utilizada para pagar sobornos a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, con el objetivo de impulsar reformas del Gobierno. Al respecto, la Fiscalía y la Procuraduría han formalizado cargos por peculado y concierto para delinquir, gracias al testimonio de ambos exfuncionarios.

Por su parte, la adquisición de diecisiete aviones Gripen E/F a Saab por EUR3.100 millones, es decir, de 16 billones de pesos, también causó polémica. Pese a ser una de las mayores inversiones en defensa de las últimas décadas, el precio unitario por aeronave, con cerca de USD215 millones, causó críticas por considerarse elevado respecto a otros modelos, como los ofrecidos por países como Estados Unidos y Francia, con modelos como los F-16 y los Rafale.
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Las condiciones del contrato no se hicieron públicas hasta que el propio presidente reveló datos en redes sociales. Dada la controversia, la oposición presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al aludir antecedentes de prácticas irregulares de Saab en Brasil; mientras que la empresa sueca defendió la transparencia del proceso, al referir que no recurrió a intermediarios y que se respetaron los estándares de la Ocde.

Entretanto, el caso de los pasaportes empezó cuando la Cancillería intentó apartar a Thomas Greg & Sons del proceso de licitación, lo que dio pie a una demanda de más de 117.000 millones de pesos contra la Nación, que por fortuna fue retirada. El Gobierno implementó un sistema de transición contando con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional; sin embargo, la infraestructura estatal no logra garantizar la totalidad del servicio.
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Ahora, con este cuestionado préstamo internacional, continúa la creciente secuencia de sucesos en los que el extitular de la corporación legislativa hizo énfasis, con el manto de duda de lo que el excongresista huilense ha señalado como prácticas oscuras en la contratación pública, que implicarían multiplicación de sobrecostos y la interrogante sobre la capacidad institucional del Estado para gestionar de manera realmente eficiente los recursos que administra.
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