Escándalo de Centros Poblados: cinco propiedades de Saray Robayo, esposa de Emilio Tapía, bajo extinción de dominio

El matrimonio entre la congresista Saray Robayo, del Partido de la U, y el empresario Emilio Tapia, condenado en varias ocasiones por corrupción, es protagonista de un nuevo capítulo dentro del caso de Centros Poblados, uno de los escándalos más grandes de corrupción en el país.

Y es que la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre cinco propiedades a nombre de Robayo, que estarán sometidas a un proceso de extinción de dominio, como parte de las investigaciones sobre el escándalo de corrupción que involucró la firma encargada de llevar internet a las zonas rurales del país, durante el gobierno de Iván Duque, en 2021.

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Las medidas adoptadas por la Fiscalía tienen como objetivo prevenir la venta o transferencia de los bienes, mientras se resuelve si fueron adquiridos con recursos ilícitos derivados de las irregularidades en el contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), cuando estuvo encabezado por Karen Abudinen.

El ministerio firmó un contrato con la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a diversas zonas rurales, pero el proyecto estuvo acompañado de un adelanto financiero irregular por un monto de $70.000 millones, lo que resultó ser una de las estafas más grandes en la historia del país.

De acuerdo con la entidad judicial, las propiedades de Robayo podrían estar vinculadas con el desvío de recursos de dicho contrato, en el que el empresario Emilio Tapia jugó un papel central, pues a lo largo del proceso judicial, se reveló que el contratista diseñó una serie de estrategias fraudulentas para garantizar la adjudicación del acuerdo en cuestión.

Según las indagaciones, Tapia creó una unión temporal ficticia que fue utilizada como fachada para desviar fondos públicos y enriquecerse ilícitamente; con este antecedente, la Fiscalía, siguiendo el curso del caso, encontró que la relación con la congresista habría permitido que el contratista influyera en la adquisición de algunos bienes.

Las propiedades involucradas y su valor estimado

Así, la identificó un total de cinco propiedades que estarían siendo investigadas en el proceso de extinción de dominio —el Estado incauta bienes adquiridos con recursos de origen ilícito—. De acuerdo a la información que obtuvo el diario El Colombiano, se incluyen:

• Un penthouse y dos apartamentos en Coveñas (Sucre), ubicados en una de las zonas turísticas más exclusivas de la región. Estos inmuebles son de gran valor y fueron objeto de atención debido a su ubicación y características.
• Un lote en San Bernardo del Viento, en Córdoba, que también está vinculado al presunto incremento patrimonial irregular de Robayo.
• El predio “El Chinchorro” en Montería, otro de los bienes incluidos en las medidas cautelares. Este terreno se encuentra en una región estratégica, lo que despertó más interrogantes sobre cómo fue adquirido.

Según los informes de la Fiscalía, el valor total de los bienes involucrados supera los $65.000 millones, una cifra que revela la magnitud de los activos bajo investigación.

La extinción de dominio también recayó en otras personalidades

Mientras tanto, Emilio Tapia continúa siendo uno de los nombres más mencionados en el proceso judicial —conocido como también por el caso de ‘carrusel de la contratación’, durante la alcaldía de Samuel Moreno, en Bogotá—, ya que fue condenado por su participación en el escándalo de Centros Poblados, luego recobró su libertad y esto provocó un gran escándalo.

A pesar de la decisión judicial que permitió su liberación, su reaparición en espacios públicos no pasó desapercibida, puesto que fue visto de compras en centros comerciales y moviéndose en vehículos asignados a la Unidad Nacional de Protección (UNP); medida que fue criticada debido a su historial de corrupción.

La UNP justificó el uso de los vehículos por parte de Tapia, puesto que es el esposo de Saray Robayo, que posee un esquema de seguridad oficial como congresista.

Además de la pareja, otros nombres fueron mencionados en la investigación, entre ellos destacan figuras como Karen Abudinen, exministra de TIC, que también tiene medidas cautelares sobre sus bienes, a raíz de su vinculación con el caso (aunque no se le imputó un delito, su responsabilidad fiscal fue objeto de escrutinio por parte de la Contraloría).

A la fecha, las acciones de la Fiscalía ya alcanzaron un total de 23 bienes de los principales implicados, incluidos Juan José Laverde, de la aseguradora Rave Seguros; Ottomar Lascarro, contratista; y Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados.

José Iván Caro, director de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, explicó que estas propiedades serán sometidas a un proceso judicial para determinar si, efectivamente, fueron adquiridas con dinero proveniente de actos ilícito y en caso de que se demuestre esta vinculación, los bienes serán confiscados y pasarán a ser propiedad del Estado.