
Las opciones de defensa de Héctor Julio Alfonso López sufrieron un importante revés judicial, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negara los recursos que apuntaban a frenar el proceso en su contra por presuntos vínculos con el paramilitarismo.
El exrepresentante, conocido por ser hijo de Enilce López, alias la Gata, había solicitado la nulidad del juicio argumentando que fue procesado simultáneamente ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Corte Suprema, pero la máxima instancia de casación penal desestimó este planteamiento por unanimidad.
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La defensa de Alfonso López había pedido también que se admitieran como pruebas los testimonios de varios exparamilitares, entre ellos, Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, quien fuera uno de los líderes del Frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), así como declaraciones de otros exmandos del mismo grupo armado.
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El objetivo era demostrar ―según el propio excongresista― que el proyecto político de las autodefensas no culminó con la desmovilización, debido a deficiencias en el proceso de Ralito.

Sin embargo, de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema, varios de los testimonios presentados carecían de relevancia para los hechos actualmente investigados, y algunos testigos ya habían rendido declaración en diferentes instancias, por lo que sus versiones ya forman parte del expediente judicial.
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La providencia de 29 páginas recoge que “la Sala advierte con claridad que el defensor que antecedió al recurrente no centró la relevancia de volver a escuchar a estos testigos en lo que ahora se aduce en el recurso. Es decir, no afirmó la necesidad de desmentir o confirmar la existencia de un nuevo grupo ilegal armado comandado por Salvatore Mancuso y Enilce López, ni siquiera hizo una alusión somera sobre esa hipótesis factual”.
El proceso contra Alfonso López retornó a la Corte Suprema luego de que la JEP rechazara su solicitud de acogimiento, al considerar insuficiente su aporte a la verdad.
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Aunque el exrepresentante reconoció ante la jurisdicción transicional haber tenido participación en el proyecto paramilitar de la región de Montes de María, aclaró que su respaldo se realizó de manera indirecta, especialmente a través del representante Fernando Tafur Díaz.

Con la determinación de la Sala Penal, el caso queda habilitado para que la Sala de Primera Instancia dé continuidad al juicio tras la finalización de la vacancia judicial, ahora con el rechazo definitivo tanto de la solicitud de nulidad como de las pruebas adicionales pedidas por la defensa.
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Apenas el 12 de julio de este año, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) informó de la recuperación de 268 hectáreas del predio Pasatiempo, propiedad del exsenador Héctor Julio Alfonso López.
La ANT confirmó una inversión superior a $5.300 millones en proyectos comunitarios, lo que permitirá que más de 4.100 personas de 1.206 familias reciban insumos agrícolas, sistemas avícolas, pecuarios y agroforestales. El objetivo es reducir la pobreza rural mediante la entrega de herramientas y recursos para la producción sostenible de alimentos y la generación de ingresos.
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El director de la entidad, Felipe Harman, destacó que la recuperación de estos terrenos representa un avance en la reparación histórica y la reforma agraria, fortaleciendo la justicia social y agraria para los campesinos afectados. La entrega de tierras provenientes de actividades ilícitas busca restituir derechos a las víctimas del conflicto armado.
En el departamento de Chocó, la cobertura es la más amplia, con una inversión de más de $2.438 millones en seis comunidades indígenas y afrodescendientes, beneficiando a más de 2.000 personas.
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Se impulsan cultivos tradicionales, producción ganadera, avícola y sistemas agroforestales. En Valle del Cauca, la inversión supera los $1.071 millones y alcanza a 831 personas en Jamundí y Buenaventura, donde se suministraron herramientas agrícolas y sistemas avícolas.
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