Las cifras de violencia con las que Colombia despide 2025 vuelven a poner en el centro del debate una pregunta incómoda: ¿hasta dónde ha llegado la política de paz total y qué tan efectivo es el Estado para contener a los grupos armados? El cierre del año dejó un panorama tenso, marcado por ofensivas coordinadas, expansión territorial de estructuras ilegales y una sensación de retroceso en materia de seguridad.
El último episodio y contundente fue el paro armado de 72 horas decretado por el ELN, que paralizó amplias zonas del país. Según reportes oficiales, se registraron cerca de 100 acciones armadas en al menos nueve departamentos, con un saldo de por lo menos 12 personas asesinadas, decenas de heridos, vías bloqueadas, vehículos incinerados y ataques con explosivos contra la fuerza pública. La capacidad de coordinación y despliegue evidenció un nivel de control territorial que encendió las alarmas en distintos sectores.
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El hecho más grave ocurrió en zona rural de Aguachica, Cesar, donde un ataque con drones cargados de explosivos contra un batallón militar dejó siete soldados muertos y 28 heridos. El uso de este tipo de tecnología, cada vez más frecuente, confirma una evolución en las tácticas de los grupos armados y un desafío adicional para las Fuerzas Militares.
En medio de este contexto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó el trasfondo de la ofensiva armada en entrevista con Blu Radio. Para la experta, lo ocurrido no responde únicamente a dinámicas locales ni a decisiones aisladas del ELN o de las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco. Hay, según explicó, una lectura política más amplia asociada al ciclo electoral que se aproxima.
“Tengo la lectura de que sí están preparándose para lo que viene en el proceso electoral, para tener un espacio en el debate público, hacerse notar”, afirmó Llorente. En su análisis, estas acciones buscan posicionar a los grupos armados en la discusión nacional y presionar definiciones sobre su futuro en el próximo gobierno. Aunque este comportamiento no es nuevo en Colombia, hoy se presenta en un escenario más complejo, con organizaciones fortalecidas económica y territorialmente.
La directora de la FIP también fue crítica con la forma en que el Gobierno gestionó la política de “paz total”. Si bien reconoció la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo, cuestionó la ausencia de resultados concretos y la falta de una estrategia de seguridad que acompañe las negociaciones. “Teníamos nueve mesas de negociación, ninguna se ha desmontado, en ninguna hemos tenido ningún resultado, pero ninguna se ha desmontado”, señaló.
Para Llorente, el Ejecutivo opto por sostener estos procesos con la intención de dejar compromisos difíciles de revertir para la próxima administración. “Aquí seguimos con esta política… y vamos a seguir insistiendo en ello y generando hechos que le hagan muy difícil al siguiente Gobierno desmontar” los procesos, explicó, al referirse a figuras como las zonas de ubicación territorial y otros mecanismos pactados con grupos armados.
El balance en términos de control territorial y contención del crimen organizado, sin embargo, resulta preocupante. La analista advirtió que la falta de una hoja de ruta clara favoreció la fragmentación de estructuras ilegales y su crecimiento. Como ejemplo, mencionó la expansión del Clan del Golfo, que, según datos citados por la FIP, “se han incrementado en un 85% con respecto a lo que había cuando se desmovilizaron las Farc”.
De cara al cambio de gobierno en 2026, el mensaje es contundente. Para Llorente, será indispensable replantear el enfoque actual y recuperar la iniciativa del Estado en los territorios más golpeados por la violencia. “Es absolutamente indispensable establecer una hoja de ruta de seguridad en los territorios”, insistió, señalando la necesidad de proteger a la población civil, fortalecer la presencia institucional y frenar la expansión armada.
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