La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la apertura de un proceso administrativo sancionatorio contra Caracol Televisión S.A. y RCN Televisión S.A., junto a nueve agencias de publicidad, cinco centrales de medios y ochenta y nueve personas naturales, por presuntas prácticas restrictivas de la competencia en la comercialización de pauta publicitaria en la televisión nacional abierta.
El pliego de cargos, comunicado el 19 de diciembre de 2023, señala posibles acuerdos anticompetitivos que podrían acarrear sanciones económicas significativas y alterar la dinámica del sector mediático colombiano.
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Según la Superintendencia de Industria y Comercio, la investigación se fundamenta en evidencias recabadas mediante visitas administrativas, requerimientos de información y declaraciones de los involucrados, así como en el análisis de archivos y comunicaciones obtenidos durante la actuación administrativa.
El proceso cuenta con el respaldo de la Fiscalía General de la Nación y la Dian, y se centra en hechos ocurridos desde la redefinición de condiciones en el mercado televisivo establecida por la CRC en 2017.
La autoridad identificó indicios de múltiples acuerdos restrictivos entre los investigados, que incluirían la fijación de precios, el reparto de contratos y la coordinación de condiciones comerciales.
De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, estos mecanismos habrían limitado la competencia efectiva en la adjudicación, negociación y ejecución de contratos de pauta publicitaria, restringiendo la libertad de negociación tanto para anunciantes como para agencias y centrales de medios.
Además, se detectaron posibles pactos para la asignación de clientes y la imposición de criterios y reglas que condicionaban el acceso a beneficios económicos, como descuentos, ofrecidos por Caracol TV y RCN TV.
El impacto potencial de estas prácticas, según la entidad, se reflejaría en una distorsión del mercado de comercialización de pauta publicitaria, con consecuencias negativas para anunciantes, agencias, centrales de medios y consumidores finales.
La imposición de condiciones comerciales habría reducido la libertad de elección y la competencia, incrementando los costos para quienes no cumplieran con los requisitos exigidos y limitando la posibilidad de buscar alternativas en el mercado.
La Superintendencia de Industria y Comercio advierte que estas estrategias habrían restringido la libre iniciativa y la selección de proveedores, afectando el bienestar de la sociedad en general.
En cuanto a la etapa procesal, la formulación del pliego de cargos no constituye una sanción definitiva.
La Superintendencia de Industria y Comercio subraya que se trata de una fase en la que los investigados pueden ejercer su derecho de defensa, presentar descargos y aportar o solicitar pruebas.
La entidad enfatiza que la responsabilidad de los involucrados aún no se ha determinado y que el proceso garantiza el derecho de contradicción.
De comprobarse la existencia de las conductas restrictivas, los investigados podrían enfrentar multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme a la Ley 1340 de 2009.
La Superintendencia de Industria y Comercio prevé divulgar información adicional sobre las empresas, agencias y personas investigadas en los próximos días, mientras avanza la investigación sobre las presuntas prácticas anticompetitivas en el mercado de pauta publicitaria de la televisión nacional abierta.
El desarrollo de este proceso busca fortalecer la protección de los consumidores y asegurar que los mercados funcionen de manera transparente y competitiva, en beneficio de la economía y la sociedad colombiana.
La apertura del proceso sancionatorio por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio marca un punto clave en la vigilancia sobre la competencia en el mercado de pauta publicitaria en televisión abierta. El caso evidencia el control institucional frente a prácticas que pueden limitar la libre negociación y la pluralidad de opciones para anunciantes y consumidores, y sitúa en el centro del debate la necesidad de reforzar la transparencia y la competencia en el sector mediático colombiano.
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