Consejo de Estado falla a favor del dueño de Sanitas y ordena a Petro rectificar declaraciones sobre la EPS

De acuerdo con información de Semana, el Consejo de Estado falló a favor de Joseba Grajales, empresario y propietario de la EPS Sanitas, en una acción de tutela interpuesta contra el presidente Gustavo Petro, tras las declaraciones que el mandatario realizó durante una alocución presidencial transmitida por televisión nacional.

La alta corte determinó que las afirmaciones del jefe de Estado vulneraron varios derechos fundamentales del empresario y, en consecuencia, ordenó al presidente rectificar públicamente sus palabras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con lo conocido, Grajales acudió a la tutela al considerar que el presidente había afectado su buen nombre, honra, igualdad, libertad de circulación y presunción de inocencia, al señalarlo directamente de cometer delitos relacionados con la operación de Sanitas, EPS que en ese momento se encontraba intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Tras analizar el caso, el Consejo de Estado concluyó que las expresiones del mandatario excedieron los límites del discurso político y configuraron una vulneración de derechos fundamentales.

El origen de la controversia

La polémica se originó el 25 de julio de 2025, cuando el presidente Petro, en una intervención oficial, se refirió de manera contundente a la situación financiera de Sanitas. En esa alocución, el mandatario afirmó que en la EPS se habría presentado un “robo inmenso”, y sostuvo que, tras la intervención estatal, el Gobierno logró reducir significativamente la deuda de la entidad.

“Entonces nos quitaron ahí Sanitas y resulta que nosotros disminuimos la deuda porque el robo es inmenso, pero la disminuimos, o sea la intervención fue favorable y si sumó todas nosotros hemos disminuido en 707 mil millones de pesos la deuda total que estas EPS tenían”, aseguró Petro en esa ocasión.

Sin embargo, las declaraciones no se limitaron a cifras financieras. Minutos después, el presidente elevó el tono de sus acusaciones y afirmó que los recursos entregados por el Estado habrían sido apropiados de manera indebida. “Y se robaron la plata que nosotros mismos dimos. Crimen, crimen porque mata colombianos y niños en masa en Colombia, es un crimen de lesa humanidad”, expresó el jefe de Estado, cuestionando además la falta de investigaciones penales y sugiriendo que el poder económico estaría influyendo en la ausencia de sanciones.

Señalamientos directos al dueño de Keralty

Las afirmaciones más graves, según el análisis del Consejo de Estado, se produjeron cuando el presidente se refirió directamente al propietario del Grupo Keralty, conglomerado multinacional dueño de Sanitas. En su discurso, Petro aseguró que la compañía debía salir del país y calificó a su propietario como “un criminal”, lo que, para la defensa de Grajales, constituyó una condena pública sin fallo judicial previo.

“Está prohibido que en una empresa como Keralty le pague a los políticos, el político que reciba ese dinero es un criminal, está atacando la vida de Colombia, y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse”, sostuvo el mandatario durante la alocución presidencial.

Estas expresiones fueron determinantes en el análisis de la alta corte, que consideró que un presidente no puede atribuir conductas delictivas específicas a una persona sin una decisión judicial, menos aún en un escenario de amplia difusión como una intervención televisada.

Decisión del Consejo de Estado

En su fallo, el Consejo de Estado modificó la sentencia de primera instancia y decidió amparar los derechos fundamentales de Joseba Grajales. La corporación concluyó que, si bien el presidente tiene derecho a expresar críticas sobre la gestión del sistema de salud y las EPS, no puede vulnerar derechos individuales mediante afirmaciones que sugieran culpabilidad penal.

Por ello, el alto tribunal ordenó al presidente Gustavo Petro emitir una rectificación de las expresiones utilizadas contra Sanitas y su propietario, en términos que respeten el buen nombre y la presunción de inocencia del empresario. La rectificación deberá realizarse en condiciones de equivalente difusión, es decir, con un alcance similar al de las declaraciones originales.

Impacto político y jurídico del fallo

La decisión del Consejo de Estado marca un precedente relevante en el debate sobre los límites del discurso presidencial y la responsabilidad de los altos funcionarios al referirse a personas naturales o jurídicas. Además, se produce en un contexto de alta tensión entre el Gobierno y varios actores del sistema de salud, en medio de las reformas impulsadas por el Ejecutivo y las intervenciones a distintas EPS.

Para el sector jurídico, el fallo reafirma que la crítica política no puede convertirse en imputación penal sin respaldo judicial, incluso cuando proviene del jefe de Estado. Mientras tanto, el caso sigue generando reacciones en el ámbito político y empresarial, al evidenciar el delicado equilibrio entre la libertad de expresión de los gobernantes y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.