Ya fue legalizada la captura de tres implicados en el escándalo de corrupción por el contrato de helicópteros Mi-17

Un juez de Control de Garantías legalizó las capturas de tres altos funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Brigada de Aviación No. 32, todos ellos implicados en el escándalo de corrupción relacionado con el millonario contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17, firmado entre el Gobierno colombiano y la empresa estadounidense Vertol Systems Company.

Este contrato, por un valor de UDS32 millones (122 billones de pesos aproximadamente), fue destinado a garantizar el funcionamiento y la operatividad de la flota de helicópteros rusos Mi-17, pero según la Fiscalía General de la Nación, los detalles de su ejecución estarían marcados por graves irregularidades y una posible afectación al patrimonio público.

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Las personas capturadas en medio del adelantamiento de esta investigación fueron Hugo Alejandro Mora Tamayo, exsecretario general del Ministerio de Defensa; el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, miembro de la Brigada de Aviación No. 32; y Diego Alejandro Manrique Cabezas, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa. Estos altos funcionarios se encuentran ahora bajo la custodia de las autoridades mientras avanzan las investigaciones.

La investigación y las implicaciones legales

El proceso de captura se desarrolló después de que la Fiscalía General de la Nación emitiera cinco órdenes de captura en contra de varios implicados, entre ellos los funcionarios previamente mencionados y los representantes legales de Vertol Systems, Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie; como estos dos últimos se encuentran fuera del país, según informaron las autoridades, el proceso se retrasa y cambia.

La Fiscalía acusó a los implicados de direccionar el contrato a favor de Vertol Systems, favoreciendo a una empresa que no cumplía con los requisitos técnicos necesarios para la ejecución del mismo. Las irregularidades denunciadas incluyen la falsificación de documentos oficiales, tráfico de influencias, y posibles actos de prevaricato y peculado. En total, los cargos que enfrentan los capturados son los de falsedad ideológica en documento público, tráfico de influencias, prevaricato y peculado por apropiación.

Según el ente acusador, el coronel Rincón ejerció influencias indebidas durante la contratación del millonario convenio con la empresa encargada de los mantenimientos de las aeronaves rusas incumpliendo su rol de evaluador y presionando para que la empresa estadounidense fuera favorecida, a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios. “El coronel se extralimitó al interferir en el proceso administrativo, alterando la contratación directa y afectando los principios de transparencia”, explicó el fiscal del caso.

Pese a la urgencia institucional por adelantar el proceso antes de finalizar la vigencia 2024, y tras la autorización para iniciar la contratación, el oficial, en su calidad de gerente del proyecto, habría otorgado plazos adicionales al oferente para subsanar requisitos técnicos y reducido las exigencias documentales para acreditar la capacidad financiera, favoreciendo indebidamente a la empresa.

En cuanto a los exfuncionarios del Ministerio de Defensa, la Fiscalía señaló que Mora Tamayo utilizó su cargo para influir en un servidor público, persuadiéndolo para que modificara plazos que, según el procedimiento, no debían ser extendidos, favoreciendo así al contratista. De esta manera, él habría suscrito el contrato el 31 de diciembre de 2024, y el ente señaló que el representante legal de la empresa contratista no se encontraba en Colombia en esa fecha, por lo que la constancia incluida en la minuta del contrato sobre su firma en Bogotá sería falsa. Además, ambos, junto con Manrique, habrían buscado cambiar la forma de pago del contrato para beneficiar a la empresa.

Por ahora, el ente de control solicitará una medida de aseguramiento en su contra, mientras continúan las investigaciones por este caso que pone en evidencia serias irregularidades en la contratación pública del sector defensa.

Según la Fiscalía, pese a que el contrato presentaba graves irregularidades y no podía ejecutarse por incumplimientos del proveedor, se autorizó un anticipo del 50% de su valor, equivalente a más de 16 millones de dólares. Este desembolso fue aprobado a finales de 2024 y el dinero fue consignado el 15 de abril de 2025 en una cuenta del contratista en Estados Unidos. Sin embargo, el contratista solo ejecutó actividades por cerca de USD2,6 millones y, tras la declaratoria de incumplimiento, no reintegró al Ministerio de Defensa más de USD13 millones correspondientes al saldo del anticipo.

Cabe destacar que el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al caso durante una rueda de prensa en la que destacó la importancia de las capturas, antes de la legalización de las capturas. En sus declaraciones, señaló que el trabajo conjunto entre el Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía fue fundamental para llegar a esta etapa del proceso judicial.

“Este caso es un claro ejemplo de nuestra política de cero tolerancia con la corrupción. Las instituciones del Estado están comprometidas con la transparencia, y estos hechos serán esclarecidos de manera rigurosa”, afirmó Sánchez.

El ministro también recalcó que se tomarán acciones disciplinarias y administrativas dentro de la fuerza pública para garantizar que no haya impunidad en los procesos relacionados con el escándalo. Aseguró que el proceso judicial avanzará conforme a la ley, con el objetivo de depurar cualquier irregularidad dentro de las filas de su cartera.