
La decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de abrir una nueva licitación para la adjudicación del espectro electromagnético del Canal 1 desató una ola de críticas en su contra, en especial entre los sectores de oposición, en un nuevo episodio que dejaría al descubierto las intenciones del Gobierno frente a este espacio: así como el debate sobre la propiedad y el control de los medios en Colombia, a tal punto de ser comparado con regímenes venezolanos y cubanos.
El Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe, no dudó en elevar el tono de sus críticas al comparar las acciones del primer mandatario con las de regímenes autoritarios, mientras que Petro defendió la medida como parte de su ejercicio ejecutivo. En consecuencia, el conflicto, que involucra investigaciones de entidades de control, ha alimentado, aúin más, la discusión sobre la libertad de prensa y la vigencia de la concesión del canal.
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Desde la colectividad, la reacción fue inmediata y contundente. “Presidente Petro: el espectro electromagnético no es suyo, es del Estado. Pero usted lo trata como ‘exprópiese’, al estilo Chávez, Maduro y Castro. Abrir una licitación para tumbar una concesión vigente hasta 2037 no es democracia: es mordaza. Hoy es Canal 1, mañana la libertad de prensa… y pasado mañana la cuenta la pagan los colombianos, no usted y su candidato Cepeda”, remarcó el partido.
Este mensaje se dio en respuesta a lo que dijo el jefe de Estado, que cuestionó el pronunciamiento del Senado de España, que emitió una moción en defensa de la libertad de prensa en Colombia. “El Canal 1 es del estado, señor Uribe, ¿no sabía? Nadie expropia su propiedad. Aunque hay quienes creen que la propiedad pública es como manejar su propia hacienda, se apropian hasta de baldíos”, dijo el mandatario, defendiendo la potestad estatal sobre el canal.
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¿Cuál es la situación del Canal 1?
El trasfondo de esta controversia se remonta a agosto de 2025, cuando Petro ordenó al Ministerio de las TIC abrir una nueva licitación para el Canal 1, al argumentar que la concesión había llegado a su fin. Sin embargo, Plural Comunicaciones, actual concesionario, señaló que el contrato está vigente hasta 2037, lo que ha dado pie a una batalla legal y administrativa entre las partes, y en la que han tomado partido los diferentes colectivos contrarios a Petro.
La situación se ha agravado con la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), al mando de Cielo Rusinque, confesa seguidora del primer mandatario, que investiga presuntas irregularidades en el control del canal y su alianza con Prisa Media, así como la Superintendencia de Sociedades, que examina la estructura accionaria de Plural Comunicaciones. Estas investigaciones también causaron malestar en la opinión pública y alertas sobre posible censura.
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El presidente del Canal 1, Ramiro Avendaño, ha denunciado ante los medios un “hostigamiento sistemático” por parte del Gobierno Petro y calificó la medida como un “atentado a la libertad de prensa”; mientras sectores políticos han descrito la decisión como una “expropiación” de facto destinada a controlar la narrativa mediática. Así como lo hizo el Centro Democrático en su más reciente comunicación a través de las redes sociales.
En medio de la escalada, la justicia colombiana aceptó en diciembre de 2025 una tutela presentada por Plural Comunicaciones contra el Ejecutivo, en la que se expuso la existencia de un patrón de hostigamiento para forzar la entrega del canal. Por su parte, el jefe de Estado ha manifestado su intención de que la nueva licitación permita que el canal sea gestionado por periodistas y cooperativas, con el objetivo de descentralizar la propiedad de los medios.
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