La determinación de la magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, de enviar a prisión a los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, que hicieron parte del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, provocó una fuerte reacción política. Entre ellas, la de Ernesto Macías, que fue titular del Congreso, que en sus redes sociales lanzó duros señalamientos contra el jefe de Estado.
En efecto, con un mensaje en su perfil de X, Macías criticó al mandatario tras conocerse la medida contra sus exfuncionarios, al aludir a la gravedad del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd): que según estimaciones podría superar los 1,2 billones de pesos, entre lo que habría sido la entrega de coimas a congresistas y contratistas, y el direccionamiento de contratos, en pro del apoyo legislativo al Gobierno.
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“Cuando caen los alfiles se acerca la caída del rey. A la cárcel los exministros de Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco e robo a través de la Ungrd es de lejos el hecho de corrupción más grave de la historia de Colombia”, expresó Macías en su mensaje, al sugerir que la crisis que se generó al interior de la Unidad de Gestión del Riesgo podría alcanzar al propio presidente: que ha intentado desmarcarse del fuerte impacto mediático y jurídico del megacaso corrupto.
Dos exministros de Gustavo Petro irán a la cárcel por el caso de la Ungrd
La decisión del tribunal de ordenar la reclusión de Bonilla y Velasco se fundamentó en la presunta participación de ambos en una estructura organizada para direccionar contratos públicos a cambio de respaldo legislativo. La magistrada Rosero concluyó que los exfuncionarios, en el ejercicio de sus cargos, integraron una “división de tareas” que favoreció a congresistas dispuestos a apoyar las reformas impulsadas por el Ejecutivo en el Congreso.
La magistrada explicó que la Fiscalía demostró que las prácticas investigadas superaron las funciones de los cargos ministeriales y se apoyaron en redes políticas y administrativas ya consolidadas, a operar a través de intermediarios. Así pues, el tribunal rechazó la solicitud de detención domiciliaria, al argumentar que la gravedad de los hechos y el riesgo de que se reactivaran las prácticas corruptas justificaban la privación de libertad en centro carcelario.
En su determinación, Rosero enfatizó que la medida no respondía a un peligro de fuga, sino a la necesidad de impedir la continuidad de esquemas de corrupción compleja y la interferencia en procesos contractuales. Es preciso destacar que la magistrada identificó como momento clave el “cónclave”, celebrado el 27 de noviembre de 2023 en la Casa de Nariño, en el que participaron varios de los funcionarios del Gobierno Petro, uno de ellos prófugo de la justicia.
El entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González; el director de la Ungrd, Olmedo López, y varios ministros, entre ellos Bonilla y Velasco (que fue director encargado de la Ungrd), estuvieron en este encuentro: en el que se impartieron directrices para canalizar recursos de proyectos exigidos por congresistas, con el objetivo de asegurar mayorías legislativas para la aprobación de iniciativas del Gobierno, en especial las grandes reformas del cuatrienio.
La magistrada detalló que Bonilla, desde el Ministerio de Hacienda, tenía bajo su responsabilidad la administración y asignación de fondos estatales, mientras que Velasco, al frente del Ministerio del Interior, coordinaba directamente con senadores. Ambos, según el tribunal, utilizaron sus cargos para direccionar recursos públicos y facilitar la entrega de contratos a cambio de apoyo político; por lo que fueron imputados de la comisión de una serie de delitos.
En ese orden de ideas, la Fiscalía General imputó a los exministros por concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, al señalar que coordinaron la entrega de contratos a legisladores a cambio de votos favorables en proyectos de reforma. Cabe destacar que Bonilla y Velasco habían rechazado los cargos durante la audiencia de imputación efectuada el 1 de diciembre; no obstante, la togada determinó mandarlos a la cárcel.
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