La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y secretaria general de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, presentó su renuncia al cargo de superintendente nacional de Salud ad hoc para la Nueva EPS.
Además, denunció que es víctima de una campaña de desprestigio y del uso indebido de su nombre para el cobro irregular de dineros en entidades de salud intervenidas por el Estado.
La decisión fue comunicada directamente al presidente de la República mediante una carta en la que la funcionaria expuso los motivos de su salida del cargo ad hoc, señalando que el escenario de señalamientos y presuntas maniobras fraudulentas en su contra hacía insostenible su permanencia en esa función específica.
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Según explicó Rodríguez Fajardo, días antes de hacer pública su renuncia radicó una denuncia formal ante las autoridades competentes contra persona indeterminada, con el fin de que se investigue quiénes estarían utilizando su nombre de manera fraudulenta.
De acuerdo con su relato, estas personas habrían acudido a entidades de salud intervenidas para cobrar dineros, invocando supuestamente su posición y cercanía con el poder Ejecutivo.
“En días pasados radiqué una denuncia ante las autoridades competentes ante persona indeterminada para que ellos investiguen quiénes están utilizando de manera indebida mi nombre para cobrar dineros en las EPS intervenidas del país”, afirmó la funcionaria en su declaración pública.
Rodríguez Fajardo aseguró que estos hechos no son aislados, sino que hacen parte de una serie de hostigamientos, persecuciones y montajes en su contra, que —según dijo— buscan afectar su imagen y su trayectoria en el servicio público.
En ese contexto, consideró que dar un paso al costado como superintendente ad hoc de la Nueva EPS es una forma de proteger la institucionalidad y permitir que las investigaciones avancen sin interferencias.
Aunque renunció a esa responsabilidad específica, la funcionaria destacó su compromiso con la transparencia y la ética pública, y defendió su conducta durante el tiempo en que ha ejercido cargos de alta responsabilidad en el Gobierno nacional.
“Yo soy una mujer digna, transparente, que ama el servicio público y por eso decido hacer esta denuncia pública”, expresó.
En su pronunciamiento, también hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades judiciales y de control, aportando cualquier información que permita esclarecer quiénes estarían detrás del presunto uso fraudulento de su nombre y de las acusaciones que, según ella, forman parte de una estrategia de desprestigio.
La situación de la Nueva EPS atraviesa uno de sus momentos más críticos, marcada por una grave crisis financiera y múltiples fallas en la prestación del servicio de salud en distintas regiones del país.
En Antioquia, la deuda acumulada de la Nueva EPS con los hospitales públicos asciende a cerca de 300 mil millones de pesos, una cifra que pone en riesgo la sostenibilidad de al menos 125 instituciones y compromete la continuidad de la atención a miles de pacientes.
Esta situación se agravó cuando la EPS no asumió compromisos financieros previos a la intervención estatal, generando retrasos en el pago de nóminas, proveedores y obligaciones contractuales.
El panorama general del departamento es aún más complejo: la deuda total de las EPS con los hospitales públicos de Antioquia alcanza los 1,5 billones de pesos, de los cuales cerca de 500 mil millones corresponden a obligaciones posteriores a la intervención.
Aunque Savia Salud continúa siendo la EPS con mayor pasivo, la Nueva EPS figura entre las principales responsables de la presión financiera sobre la red hospitalaria.
La falta de presencia del interventor en reuniones clave con gerentes hospitalarios ha incrementado la preocupación del sector, que espera acuerdos de pago urgentes para evitar un colapso mayor.
A esta crisis financiera se suman graves problemas en la atención a los usuarios. En Pereira, la Personería emitió una alerta por los reiterados incumplimientos de la Nueva EPS y Coosalud EPS, relacionados con demoras en citas con especialistas, retrasos en la entrega de medicamentos y la no prestación de servicios de alta complejidad.
Según el personero encargado, Carlos Olivares, se trata de una crisis estructural que vulnera el derecho fundamental a la salud y podría implicar incumplimientos de la Ley Estatutaria 1751 de 2015.
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