Nuevo revés para la reforma a la salud: Comisión Séptima del Senado volvió a hundir el proyecto del Gobierno Petro

Nuevo golpe para el Gobierno Petro, después de que la Comisión Séptima del Senado decidiera, con ocho votos a favor y cinco en contra, aprobar la ponencia de archivo de la reforma a la salud 2.0.

Dicha iniciativa, radicada por el congresista Alirio Barrera, del Centro Democrático, fue aceptada por la mayoría de la célula legislativa, lo que retrasaría nuevamente las iniciativas del Gobierno nacional para modificar el sistema de salud en Colombia.

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Encabezando la tendencia por el cierre del trámite legislativo estuvieron figuras como Miguel Ángel Pinto —presidente de la Comisión y representante del Partido Liberal—, junto a Nadia Blel (Partido Conservador), Norma Hurtado (La U), Ana Paola Agudelo (Mira), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente).

Por su parte, entre quienes apoyaron la continuación de la iniciativa destacaron Wilson Arias, Martha Peralta y Ferney Silva (Pacto Histórico), sumados a Fabián Díaz (Alianza Verde) y Ómar de Jesús Restrepo (Comunes).

El oficialismo expresó su malestar tras el desenlace. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la maniobra como un movimiento político oportunista.

“Esperaron hasta el último día para hundir la Reforma a la Salud y así no poder revivirla en plenaria como hicimos con la Laboral. Han jugado con la salud de los colombianos de una forma cochina y barata”, aseguró Benedetti.

La discusión sobre la viabilidad financiera de la reforma fue determinante para inclinar la balanza. Según expuso la senadora Norma Hurtado, las preocupaciones sobre la capacidad del Gobierno para garantizar la estabilidad presupuestaria a una década pesaron en la decisión.

“Hemos tomado una decisión muy responsable. Hoy no fue posible que el ministro de Hacienda sustentara esta propuesta”, afirmó, señalando la existencia de una deuda estimada en 126 billones de pesos, una cifra cercana a siete puntos del PIB.

Sin embargo, al Gobierno nacional todavía le quedaría una carta a su favor, después de que el senador Fabián Díaz presentara una apelación, lo que obliga a que la plenaria del Senado se pronuncie sobre su validez.

“Al sumar los votos pertinentes para el archivo, radicamos la apelación a esta decisión tanto en la mesa directiva de la comisión séptima, como a la plenaria para que continúe su trámite pertinente”, señaló el congresista tras la acalorada votación.

Si la apelación resulta exitosa, el proyecto sería remitido a otra comisión para que continúe su trámite. No obstante, el tiempo juega en contra del oficialismo, ya que la entrada en receso limita la posibilidad de avanzar durante los próximos dos meses.

El antecedente inmediato que alienta esa estrategia es la reforma laboral: aunque fue archivada en comisión, luego se revivió en la plenaria del Senado, donde el Gobierno posee mayor respaldo político.

Este mecanismo otorga a la mesa directiva de la plenaria la facultad de reenviar el proyecto a otra comisión—usualmente aquella en la que las fuerzas políticas sean más favorables—aunque el clima electoral actual y la inminencia del cierre legislativo dificultan repetir ese desenlace.

Quienes respaldan la apelación, como el congresista del Pacto Wilson Arias, critican la postura de la comisión: “Lo que acaba de hacer esta comisión es absolutamente injustificable. Es negar el cambio del estado de cosas actuales, es perpetuar un negocio”, afirmó aludiendo a la administración de las EPS y defendiendo la necesidad de cambiar el modelo vigente.

En contraste, la presidenta de Acemi, la asociación de EPS del régimen contributivo, Ana María Vesga, consideró que el archivo obedece a la incapacidad política y técnica para alcanzar consensos sobre el sistema de salud.

“Se archivó la reforma a la salud producto de muchos meses de debate y de la imposibilidad de articular una propuesta, una visión conjunta del sistema de salud entre sus diferentes actores y los sectores políticos”, manifestó, señalando que el sector se encuentra ahora a la espera de lo que decida la plenaria.

El proyecto había llegado a su tercer debate obligatorio, después de permanecer varios meses paralizado en la comisión. Desde abril, dos ponencias competían entre sí: una por el archivo y otra impulsada por la senadora Norma Hurtado como alternativa. A pesar de la insistencia de ministros como Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud) y Armando Benedetti (Interior), quienes denunciaron un boicot a la discusión, la comisión mostró reservas en torno a la solidez técnica y el respaldo financiero de la iniciativa.

Las dudas no son recientes ni triviales. Informes como el del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) han advertido que el impacto fiscal de la reforma sería más elevado de lo que reconoce el Gobierno, pues el gasto de la Nación aumentaría más rápido y desde un punto de partida más alto. Estas proyecciones han erosionado la percepción de viabilidad financiera y sumado argumentos a quienes se oponen al articulado.

No es la primera vez que la comisión tumba una reforma de este tipo. Lo mismo ocurrió durante el año anterior, cuando la iniciativa liderada por la entonces ministra Carolina Corcho tampoco logró avanzar.