El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondió con ironía a las crecientes demandas de aumento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), tras la reciente orden de la Corte Constitucional que exige investigar los presuntos incumplimientos del Gobierno en el ajuste de este mecanismo de financiación del sistema de salud.
En medio de la controversia por la falta de recursos y la negativa del Congreso a aprobar nuevas fuentes de financiación, Jaramillo afirmó en declaraciones a Blu Radio: “Tenemos que mirar si Papá Noel está pobre porque no hacen sino pedirle a Papá Noel, piden y piden, pero ni siquiera aprueban la ley de financiamiento. Son buenos para pedir, pero no para pagar”.
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El jefe de la cartera de Salud, en desarrollo de la firma de la resolución que regula la articulación de las organizaciones de base comunitaria en el sistema de salud, señaló que aún no ha recibido formalmente la decisión de la Corte.
“Estoy esperando que me llegue el auto”, declaró, subrayando la necesidad de conocer los detalles del fallo antes de emitir una respuesta oficial.
Esta postura se produce mientras la Corte Constitucional solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría investigar el cumplimiento del Gobierno en el ajuste de la UPC, un tema que ha generado tensiones entre el Ejecutivo y diversos actores del sector salud.
En el último tramo de su intervención, Jaramillo dirigió críticas directas a los gremios empresariales, en particular a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a quienes acusó de buscar beneficios económicos a costa de los recursos públicos.
El ministro cuestionó la propuesta de la Andi de fijar la UPC para 2026 en un 15,6%, y sostuvo: “Como siempre la Andi velando por que a los ricos del país les lleguen más recursos públicos para llenar sus arcas”.
Según Jaramillo, decisiones como la eliminación del aporte patronal han significado para el Estado una pérdida superior a 32 billones de pesos, una carga que, afirmó, ha recaído sobre la ciudadanía a través de impuestos.
El titular de la cartera de Salud también rechazó la solicitud de Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, que propuso un aumento del 17,33% en la UPC. Jaramillo consideró que esta medida favorecería a las EPS privadas sin asegurar un uso eficiente de los recursos, y expresó: “Piden más plata para que las EPS sigan despilfarrando el dinero”.
Además, criticó a sectores del Congreso por haber bloqueado la ley de financiamiento y oponerse al incremento del salario mínimo, lo que, en su opinión, limita el bienestar de la población.
En su análisis, Jaramillo sostuvo que las élites económicas han utilizado históricamente al Estado para su propio beneficio, en detrimento de la dignidad de los trabajadores. “Durante años, los ricos y sus asociaciones utilizaron el Estado para enriquecerse. Hoy que el Gobierno del presidente Gustavo Petro sí trabaja por la dignidad de la gente, no les gusta y se interponen con falacias y mentiras”, concluyó el ministro.
Ministro de Salud afirmó que no ha recibido incidente de desacato de la Corte Constitucional
El ministro de Salud Guillermo Jaramillo aseguró que no ha recibido el incidente de desacato emitido por la Corte Constitucional y permanece a la espera del documento para presentar su respuesta.
El viernes 12 de diciembre, el alto tribunal anunció la apertura de este proceso debido a que el Ministerio no demostró que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es suficiente para financiar el sistema de salud.
Entre las medidas ordenadas por la Corte Constitucional se encuentra la realización de un estudio por parte del Ministerio de Salud el próximo año (2026), con el objetivo de determinar si la UPC garantiza la sostenibilidad financiera del sistema. Además, en las próximas semanas se definirá el incremento de la UPC que regirá en 2026.
El tribunal identificó que el Ministerio de Salud incumplió disposiciones de la Sentencia T-760 de 2008, que buscaba mejorar el sistema de salud mediante 16 órdenes, incluyendo la vigilancia a las EPS, la ampliación de la cobertura y el acceso a la información, así como la claridad en las reglas y la sostenibilidad financiera.
La UPC, que representa el monto transferido por el Estado por cada afiliado, ha sido objeto de debate, ya que diversos actores del sector consideran que resulta insuficiente para mantener la estabilidad del sistema.
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