El 9 de diciembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó formalmente a Rito Alejo del Río, general retirado del Ejército Nacional, por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.
Esta decisión lo señala como uno de los principales responsables del auge paramilitar y de masacres perpetradas en la región del Urabá, así como del exterminio sistemático de la Unión Patriótica (UP).
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Las imputaciones, que también alcanzan a otros altos mandos militares, exguerrilleros y directivos del sector ganadero, se sustentan en hechos que dejaron más de 500.000 víctimas de desplazamiento, homicidio, desaparición forzada, tortura y violencia sexual entre 1986 y 2002.
Imputaciones de la justicia transicional
La JEP presentó dos imputaciones de gran alcance: una dirigida a 21 militares, ocho exintegrantes de las Farc y cinco exdirectivos del Fondo Ganadero de Córdoba por crímenes cometidos en el Urabá antioqueño y chocoano, y otra contra cinco militares por el exterminio de la UP, calificado oficialmente como genocidio. En ambos procesos, Del Río figura como protagonista central.
Según la Sala de Reconocimiento, el general retirado “actuó con intención y conocimiento de la devastación física y moral del territorio, la desolación de sus pobladores, la destrucción del tejido social y sus modos de vida”.
La JEP sostiene que estos ataques no fueron hechos aislados, sino parte de una estrategia sistemática que buscó el vaciamiento y despojo de comunidades enteras.
Del Río, que ya había sido condenado en la justicia ordinaria por el asesinato del líder social Marino López durante la operación Cacarica, negó ante la JEP cualquier vínculo con los paramilitares. Sin embargo, la justicia transicional le atribuye responsabilidad directa en uno de los episodios más atroces del conflicto armado colombiano.
Modus operandi y alianzas criminales
La investigación de la JEP documentó una estrecha colaboración entre la Brigada 17 del Ejército, bajo el mando de Del Río, y los grupos paramilitares. Testimonios como el de Hebert Veloza, alias HH, revelan que las masacres, como la ocurrida en el billar El Golazo de Apartadó en abril de 1996, fueron planeadas y ejecutadas de manera conjunta. En ese episodio, los paramilitares asesinaron a diez personas, incluidos dos menores de edad, mientras Del Río participaba en una celebración con otros oficiales.
El encubrimiento de estos crímenes fue sistemático. Tras la masacre de El Golazo, la entonces alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, denunció ante Del Río la responsabilidad de los paramilitares, pero el reporte oficial omitió cualquier referencia a la participación de estos grupos y atribuyó el hecho a “sicarios”. La inteligencia militar identificó a militantes de la UP y elaboró listas para su eliminación, facilitando la persecución y el asesinato de líderes políticos y sociales.
La JEP señala que existió un pacto de no agresión y una planeación conjunta de acciones criminales entre el Ejército y los paramilitares, así como una gestión activa para promover la impunidad.
El Batallón Voltígeros, comandado por el entonces coronel Alejandro Navas, y otras unidades militares participaron en estas operaciones. El expediente judicial indica que, tras los actos de genocidio cometidos por los paramilitares, Del Río intentó evitar que se conociera su vínculo con la fuerza pública.
La estigmatización de la UP y de la población civil fue parte de una política contrainsurgente que calificó a los líderes de la UP y del Partido Comunista como criminales, lo que derivó en una persecución sistemática.
Veloza afirmó que los paramilitares hacían lo que el Ejército no podía, mientras que Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, relató la frecuencia de las reuniones entre ambos grupos. Las denuncias de la alcaldesa Cuartas nunca fueron investigadas, y ella misma fue objeto de amenazas y planes de asesinato.
Impacto en la población y cifras de víctimas
El periodo comprendido entre 1986 y 2002 dejó un saldo devastador en la región del Urabá. La JEP identificó 462.246 víctimas de desplazamiento forzado, de las cuales Antioquia concentró el 62,4% (315.202 personas) y Chocó el 26,7% (123.275 personas). Se registraron 47.283 víctimas de muerte violenta, con Turbo, Apartadó y Chigorodó como los municipios más afectados, acumulando el 72% de los casos.
En ese mismo lapso, se documentaron 16.715 víctimas de desaparición forzada, con Antioquia como el departamento más golpeado (12.794 casos), especialmente en el Eje Bananero.
Riosucio, en Chocó, fue el principal foco de victimización en esa región. Los picos más críticos ocurrieron entre 1996 y 1997, cuando el 16% de las víctimas pertenecía a comunidades negras o afrocolombianas.
La tortura y la violencia sexual también formaron parte del patrón de macrocriminalidad. Antioquia registró 2.189 víctimas de tortura, con Turbo y Apartadó a la cabeza, y 939 de las 1.200 víctimas de violencia sexual identificadas por la JEP. Las mujeres representaron el 90,66% de los casos de violencia sexual, y se detectó un subregistro en personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
En el caso de la UP, entre 1984 y 2016, al menos 8.929 personas fueron víctimas de ataques, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 sufrieron violencia no letal. Se contabilizaron 1.115 víctimas de desaparición forzada, 1.959 de desplazamiento, 32 exiliadas, 792 amenazas, 485 intentos de homicidio, 247 detenciones arbitrarias, 228 torturas, 110 secuestros y 23 casos de violencia sexual.
La trayectoria de Del Río estuvo protagonizada por reconocimientos oficiales, como la medalla de servicios distinguidos en orden público y la orden de Boyacá en 1997, pese a las graves acusaciones en su contra.
La alianza entre el Ejército y los paramilitares, que se remonta a la época de las Convivir, ha sido documentada en distintos escenarios judiciales y administrativos. La JEP destaca que las operaciones conjuntas, como Génesis y Cacarica, no fueron hechos aislados, sino una práctica institucionalizada y tolerada desde los niveles superiores del mando militar.
El general en retiro ha negado reiteradamente los hechos ante la JEP, mientras que la Sala de Reconocimiento sostiene que actuó con pleno conocimiento y se benefició de los resultados operacionales en el Urabá.
Junto a Del Río, otros altos mandos militares, exguerrilleros y directivos del Fondo Ganadero de Córdoba han sido imputados por su participación en el patrón de macrocriminalidad que buscó el vaciamiento del territorio y el exterminio de la UP.
Los imputados disponen de 30 días para aceptar o rechazar los cargos. Si reconocen su responsabilidad, se celebrará una audiencia pública y podrán acceder a sanciones restaurativas. En caso contrario, el proceso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión si son hallados culpables.
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