Acemi advirtió posibles consecuencias penales por desacato del Ministerio de Salud en el ajuste de la UPC: “Estamos frente a un fraude a resolución judicial”

Las más recientes declaraciones de la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, elevaron el tono del debate sobre la financiación del sistema de salud, luego de que la Corte Constitucional abriera un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el presunto incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Para Vesga, la actuación del Ministerio de Salud no solo compromete la sostenibilidad financiera de las EPS, sino que podría derivar en responsabilidades penales.

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“Estamos frente a un fraude a resolución judicial. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, ha desacatado de manera reiterada las órdenes de la Corte Constitucional, lo que los aboca al inicio de una acción penal que incluso contempla arresto”, afirmó la directiva, al calificar como “oportuna y necesaria” la decisión del alto tribunal, según Blu Radio.

Las declaraciones de la presidenta de Acemi se producen tras la expedición de un auto de 49 páginas, con ponencia del magistrado Carlos Camargo, en el que la Corte Constitucional solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General investigar los presuntos incumplimientos del ministro Jaramillo.

En el mismo documento, el tribunal concedió un plazo de 48 horas para que el funcionario explique su conducta y compulsó copias a los organismos de control, cuestionando además el seguimiento que se ha hecho al cumplimiento de las órdenes judiciales.

El origen del conflicto se remonta al Auto 007 del 23 de enero de 2025, mediante el cual la Corte declaró insuficiente la UPC fijada para 2024 y ordenó crear un mecanismo que permitiera reajustarla también para 2025.

La decisión estableció un plazo de diez días desde su notificación, obligación que fue ratificada posteriormente cuando el alto tribunal rechazó las solicitudes de nulidad y aclaración presentadas por el Ministerio de Salud.

Sin embargo, el Gobierno fijó para 2025 un incremento de la UPC de apenas 5,36%, cifra que, según Acemi y otros gremios del sector, está lejos de cubrir los costos reales del sistema.

De acuerdo con estimaciones técnicas, el ajuste debía acercarse al 16%, lo que deja un desfase de más de 10 puntos porcentuales. Cada punto faltante, advierten los expertos, equivale aproximadamente a $870.000 millones, lo que llevaría el déficit total a superar los $9 billones.

Propuesta técnica del 17,33%: “Una necesidad, no una opción”

En declaraciones posteriores a W Radio, Vesga explicó con mayor detalle la propuesta de Acemi para el ajuste de la UPC, que arroja un incremento del 17,33% para 2025.

Según la presidenta del gremio, esa cifra se obtuvo mediante un análisis técnico que replica la forma en que se calcula la UPC a partir del consumo histórico del sistema, ajustado por inflación y por la creciente demanda de servicios de salud, impulsada por el envejecimiento de la población y el aumento de la carga de enfermedad.

“Los colombianos están consumiendo más salud y eso tiene que estar reflejado en la UPC si se quiere garantizar una financiación adecuada del sistema”, afirmó Vesga. Según ella, la propuesta del gremio no se trata de una petición arbitraria, sino de un ejercicio técnico que responde a la realidad del gasto en salud.

La presidenta de Acemi también criticó que el Gobierno no haya querido hacer un ajuste técnico, sino que haya apelado a consideraciones políticas para justificar el bajo incremento.

“La verdad es que ha habido una conversación absolutamente política, con el argumento de que no se le puede entregar más dinero a las EPS porque los recursos no se administran bien. Eso ha dilatado una decisión vital para todos los colombianos”, dijo.

Vesga señaló que esa dilación no solo ha generado un déficit financiero profundo, sino que también afecta de manera directa a los usuarios del sistema. Citó cifras recientes de la Superintendencia Nacional de Salud, según las cuales el sistema tiene un déficit mensual cercano a $900.000 millones, lo que proyecta un faltante de entre $9 y $10 billones al cierre del año.

Ese desbalance, explicó, se traduce en atrasos en los pagos a hospitales y clínicas, reducción de servicios, demoras en la entrega de medicamentos y mayores barreras de acceso a la atención.

Como indicadores del impacto en los usuarios, Vesga mencionó el aumento histórico de las acciones de tutela y de las peticiones, quejas y reclamos (PQR), con más de 300.000 tutelas y cerca de dos millones de PQR, cifras que evidencian, según ella, el deterioro de la garantía del derecho a la salud.

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