Contrato de la Fundación San José en medio de la pelea entre Carlos Carrillo y Angie Rodríguez por el Fondo Adaptación

La disputa interna en el Fondo Adaptación ha puesto bajo la lupa la transparencia en el manejo de recursos públicos para la mitigación del riesgo climático en Colombia.

En el centro del conflicto está la Fundación Universitaria San José, vinculada a los enfrentamientos entre Angie Rodríguez, directora del Dapre y gerente encargada del Fondo, y Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y exgerente de la entidad.

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El conflicto se intensificó cuando Rodríguez, en rueda de prensa desde la Casa de Nariño, denunció que cuatro contratos estratégicos para La Mojana presentan cero por ciento de ejecución presupuestal.

Entre ellos figura el proyecto “La Ruta del Arroz”, adjudicado a la Unión Temporal Reactivación Económica La Mojana, en la que participa la Fundación San José con un 33 % de participación, junto con la Fundación Colombia de Vida (34 %) y Euonia S.A.S. (33 %).

El contrato, por 40.500 millones de pesos, busca impulsar la cadena productiva del arroz y reactivar la economía local mediante estrategias adaptadas al cambio climático, según el medio El Tiempo.

Rodríguez calificó la situación como “una vergüenza” y vinculó los problemas a la gestión de Carrillo, señalando además que el traslado de la sede administrativa del Fondo del centro de Bogotá a la avenida El Dorado elevó el costo mensual de arriendo de 95 a 214 millones de pesos.

Sin embargo, no detalló las presuntas irregularidades que motivaron la denuncia. La funcionaria atribuyó estos hallazgos a una falta de transparencia en la administración anterior y, según fuentes citadas por La Silla Vacía, el choque tiene también un trasfondo político: el Fondo Adaptación se habría convertido en un “fortín” vinculado al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la Alianza Social Independiente (ASI), colectividad de la senadora Berenice Bedoya.

Carrillo, por su parte, rechazó los señalamientos y los atribuyó a motivaciones políticas. En declaraciones a W Radio, afirmó: “En la política uno tiene rivales y enemigos; yo tengo la conciencia tranquila” y defendió su gestión, explicando que actuó siguiendo instrucciones presidenciales para avanzar en la fusión entre el Fondo y la Ungrd.

Reconoció errores, como mantener a subgerentes en sus cargos, pero enfatizó que cualquier irregularidad debería ser investigada por la Fiscalía, en contraste con la exposición mediática promovida por Rodríguez.

En cuanto al contrato “La Ruta del Arroz”, Jorge Alberto Zabala, representante legal de la Unión Temporal, explicó al medio citado que aunque la ejecución presupuestal es nula, la unión temporal ha invertido más de 1.500 millones de pesos de recursos propios. El retraso, afirmó, se debe a la falta de aprobación de productos por parte de la interventoría, y el avance físico del proyecto rondaría el 35 %.

Zabala negó cualquier relación política en la adjudicación y sostuvo que la Fundación San José no intervino directamente en la preparación de la oferta, la cual fue elaborada por otra empresa. Además, aseguró que el contrato se obtuvo de manera legal y que no hay vínculos entre la fundación y Benedetti.

El historial reciente de la Fundación San José añade tensión al debate. La entidad había sido mencionada por entregar un título profesional a Juliana Guerrero, exasesora de Benedetti, sin cumplir los requisitos legales, lo que genera cuestionamientos sobre su papel en proyectos financiados con recursos públicos.

Este antecedente ha intensificado la polémica en torno a la adjudicación de contratos en La Mojana y su vinculación con actores políticos.

Otros proyectos señalados por Rodríguez incluyen “Investigación Hidrodinámica”, adjudicado a Cuatro Conceptos S.A.S. por 19.533 millones de pesos; “Senderos de Adaptación y Paz”, por 72.000 millones, en convenio con Invias; y MojanIA, una aplicación de inteligencia artificial para planificación territorial, por 9.900 millones, adjudicada a High Tech Software.

En todos los casos, Rodríguez denunció baja o nula ejecución presupuestal, aunque los detalles sobre posibles irregularidades varían según la versión de los actores involucrados.