
La reciente orden de captura contra Kleidimar Paola Fernández Sulbarán, ciudadana venezolana señalada como presunta determinadora del homicidio de Jaime Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, ha reavivado el debate sobre justicia y migración en Colombia.
El caso, ocurrido en la noche de Halloween en Bogotá, ha generado conmoción nacional y mantiene la atención pública sobre el avance de las investigaciones y la cooperación internacional.
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Según informó Caracol Radio, la decisión judicial se emitió el 3 de diciembre, tras la revisión de pruebas y la intervención de nuevos fiscales en el proceso.
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Francisco Bernate, abogado penalista y representante de la familia de la víctima, detalló en entrevista con Caracol Radio el contexto de la orden judicial.
“El pasado 3 de diciembre un juez de Bogotá ordenó la captura de Paola Fernández, que es la persona que vemos en los videos vestida de azul, en su condición de determinadora de este lamentable delito de homicidio. Una noticia muy importante y esperamos que esta captura se concrete”.
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Respecto a la localización de la acusada, Bernate explicó que “lo que se sabe es que llevan diez días buscándola. Pero nosotros confiamos en que las autoridades la pondrán a disposición y que la fiscalía también activará los mecanismos internacionales de colaboración para que esta persona pueda comparecer ante los jueces de Colombia”.
El abogado reconoció la complejidad de la cooperación judicial internacional, especialmente por la nacionalidad venezolana de Fernández Sulbarán, pero expresó su confianza en que las autoridades lograrán su captura.
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Sobre los elementos probatorios que sustentan la acusación, Bernate fue enfático en que “son los videos que todo el país vio, donde podemos ver que ella apunta hacia esta persona y lo motiva a golpearlo. Sumado a su presencia en el lugar de los hechos, sumado a que dio declaraciones falsas a las autoridades sobre su lugar de residencia y a que su condición migratoria en Colombia era irregular. Todo esto está probado y nosotros confiamos en que será puesta a disposición de las autoridades”.
El abogado también abordó las dificultades que han enfrentado las autoridades para ejecutar la captura.
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“Al momento no hay ningún registro migratorio de su salida, como tampoco de su entrada. Una situación absurda. Pero confiamos en las autoridades de nuestro país".
Bernate indicó que, según versiones de los investigadores, la acusada llevaba aproximadamente dos meses en Colombia, aunque no existe certeza sobre la fecha exacta de su ingreso ni sobre sus actividades en el país, debido a su condición migratoria irregular.
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En cuanto a la liberación inicial de Fernández Sulbarán, Bernate manifestó su desconcierto.
“Ese es un punto que yo a hoy no me explico. La fiscalía efectivamente dijo que no era una situación relevante y desafortunadamente la dejó en libertad. Así es”. Tras su liberación, no se han encontrado registros oficiales que permitan rastrear su paradero, lo que ha dificultado la acción de las autoridades.
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Consultado sobre las consecuencias legales que enfrentaría la acusada en caso de ser capturada, Bernate precisó: “La pena del determinador es la misma del autor, de manera que ella tendría que responder de igual manera que los autores de este hecho”.

De esta forma, la responsabilidad penal de Fernández Sulbarán sería equiparable a la de quienes ejecutaron materialmente la agresión que terminó con la vida de Jaime Moreno.
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El caso continúa bajo la atención de la opinión pública y de las autoridades judiciales.
Como afirmó el abogado Bernate, en diálogos con el medio mencionado, la familia y la sociedad esperan que el proceso avance y que la justicia se imponga en este caso emblemático.
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