El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, reafirmó la postura sindical de exigir un incremento salarial de dos dígitos para el salario mínimo de 2026, condicionando cualquier flexibilidad en la negociación a que los empresarios eleven su propuesta actual.
La discusión, liderada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se encuentra estancada debido a la distancia entre las posiciones de los sindicatos y el sector empresarial, lo que podría dificultar la concertación de un acuerdo en las próximas horas.
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Durante la reunión de las mesas de concertación, correspondiente al jueves 11 de diciembre, Arias enfatizó que la propuesta sindical de un aumento del 16% se mantendrá inalterable mientras los empresarios no modifiquen su oferta, que actualmente es del 7,2%.
Según Arias, la disposición al diálogo depende exclusivamente de que la contraparte acepte un incremento de al menos dos dígitos: “Si los empresarios suben a dos dígitos, no importa cuál sea el número, nos sentamos a conversar. A ver si somos capaces de hacer un acuerdo”, declaró el presidente de la CUT tras reunirse con el ministro Sanguino.
El dirigente sindical también respondió a las declaraciones de Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien calificó la propuesta empresarial como “muy generosa”. Arias replicó que, bajo esas condiciones, los sindicatos tampoco modificarán su postura: “Si los empresarios se van a quedar ahí y, según Cabal, eso ya es muy generoso, pues nosotros no nos vamos a bajar tampoco de nuestra propuesta”, afirmó Arias, según lo recogido en la reunión.
Durante el encuentro, Arias aclaró que el 16% presentado por los sindicatos no es una cifra inamovible, pero su revisión depende de la voluntad de los empresarios de acercarse a la exigencia de un aumento de dos dígitos.
“El Gobierno solamente está escuchándonos a nosotros. Nosotros le dijimos que si el 16% era inamovible, preguntó el Gobierno, y le dijimos: ‘No, es movible, pero depende de lo que digan los empresarios’”, explicó el presidente de la CUT.
La negociación del salario mínimo para 2026 continúa bajo la mediación del Ministerio de Trabajo, con la expectativa de que ambas partes logren acercar posiciones y evitar un escenario de confrontación prolongada.
El debate sobre el salario mínimo en Colombia enfrenta a sindicatos y empresarios
El ministro de Trabajo Antonio Sanguino sostuvo el 11 de diciembre reuniones bilaterales con gremios y centrales obreras para intentar acercar posiciones sobre el aumento del salario mínimo en 2026. Las propuestas de ambas partes muestran una brecha considerable: las centrales obreras plantean un incremento del 16%, mientras que los gremios empresariales proponen un 7,21%.
La diferencia entre ambas posturas representa $142.706 en el ingreso mensual de los trabajadores. Si se adopta la propuesta sindical, el salario mínimo alcanzaría $1.651.260 y el auxilio de transporte $232.000, sumando un total de $1.883.260. En contraste, la oferta empresarial elevaría el salario mínimo a $1.526.134 y el auxilio a $214.420, para un ingreso total de $1.740.554.
Las centrales obreras —CUT, CGT y CTC— justifican su propuesta con el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala una brecha de 50 puntos porcentuales entre el salario mínimo actual y el salario mínimo vital y móvil en Colombia.
Además, argumentan que existe un rezago acumulado de otros 50 puntos porcentuales en el reconocimiento de la productividad de los trabajadores durante los últimos 20 años. Según el ministro Sanguino, el salario mínimo vital y móvil para un hogar de cuatro personas sería de $3 millones.
Por su parte, los gremios empresariales —Andi, Acopi y SAC— fundamentan su propuesta en la inflación observada (5,3%), la Productividad Total de los Factores (0,91%) y un ajuste adicional de 100 puntos básicos, lo que suma el 7,21%.
La presidenta de Acopi, María Elena Ospina, destacó que sólo 2,4 millones de los 23 millones de ocupados en Colombia reciben el salario mínimo, y advirtió que un aumento excesivo podría presionar el costo de vida y acelerar la inflación, ya que muchos cobros están indexados a este ingreso.
El debate refleja posturas históricamente opuestas: los empresarios advierten que un alza significativa del salario mínimo puede elevar los costos de contratación y limitar la generación de empleo, además de trasladar el aumento a los precios y alimentar la inflación. Este año, el impacto podría ser mayor debido a la reforma laboral, que incrementará los costos por la ampliación de la jornada nocturna y los recargos por trabajo en días de descanso.
Las centrales obreras sostienen que un mayor incremento salarial fortalece el poder adquisitivo de los empleados, impulsa el consumo y genera más ventas e ingresos para las empresas, lo que podría traducirse en más contrataciones.
El presidente Gustavo Petro respaldó la postura sindical, resaltando que el desempleo ha disminuido pese a los aumentos recientes del salario mínimo, con una tasa del 8,2% en octubre, la más baja para ese mes desde 2017.
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, reconoció que un aumento excesivo puede generar presiones inflacionarias, pero también admitió que un incremento adecuado en el poder adquisitivo puede beneficiar la economía.
“El beneficio asociado a los ingresos de las personas que ganan el mínimo, y el de los que se puedan beneficiar del aumento de esa demanda agregada, también implica unos retos importantes para la consecución de la meta de inflación y, por lo tanto, esos retos que se generan y los beneficios que se generan deben compatibilizarse y buscar puntos de equilibrio que permitan resultados satisfactorios para el conjunto de la sociedad”, afirmó.
Fedesarrollo sugirió que un aumento razonable estaría entre el 6% y el 6,5%, basado en la inflación estimada para el cierre del año (5,2%) y la productividad, que oscila entre -0,3% y +0,9%.
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