La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó por primera vez de manera conjunta a 34 militares, exguerrilleros y civiles en un caso que revela la magnitud de los crímenes cometidos durante el conflicto armado en las regiones de Urabá, Bajo Atrato y Darién entre 1986 y 2002.

La decisión surgió tras la investigación de las operaciones Génesis y Cacarica, ejecutadas en coordinación entre fuerzas del Ejército Nacional, grupos paramilitares y exintegrantes del Fondo Ganadero de Córdoba, dejando al menos 54.672 víctimas, según la JEP.

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El proceso, documentado en más de 1.500 páginas por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, describió patrones de violencia sistemática que incluyeron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, violencia de género y despojo de tierras, impactando no solo a personas, también a 132 sujetos colectivos como comunidades indígenas embera, guna dule, wounaan, zenú y comunidades afrocolombianas, según la Sala de Reconocimiento.

En ese sentido, la JEP determinó la existencia de dos patrones macrocriminales: uno relacionado con asesinatos y desapariciones cometidos por las Farc, militares y paramilitares, y otro vinculado a desplazamientos forzados, muertes violentas y despojo territorial promovido por la alianza entre el Ejército, paramilitares y empresarios ganaderos.

Entre las masacres señaladas se encuentran la de Honduras y La Negra (17 víctimas) y Punta Coquitos (27 víctimas) en 1988.

Uno de los principales implicados es Alejandro Navas Ramos, que fungió como comandante de las Fuerzas Militares entre 2011 y 2013 y ahora está imputado por su rol como coronel y comandante del Batallón de Infantería No. 31 Voltígeros (Bivol) entre 1996 y 1997.

De acuerdo con la JEP, Navas Ramos está vinculado tanto a la planeación como a la ejecución de la operación Génesis y mantuvo una relación previa y sostenida de connivencia con grupos paramilitares, lo que, según la resolución, contribuyó al riesgo de la población civil.

La JEP sostuvo que Navas Ramos tenía la responsabilidad de prevenir los crímenes cometidos por sus subordinados y que, en vez de ello, facilitó el desarrollo de operaciones conjuntas con los paramilitares.

Testigos clave como Hebert Veloza (HH), exintegrante del Frente Turbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, y Héctor Gutiérrez Vélez, mayor retirado y también imputado, indicaron que existían reuniones de coordinación con oficiales como Navas y otros altos mandos del Ejército para la planeación de las acciones armadas.

La investigación apunta que al interior de la Brigada 17 existía una colaboración sistemática entre militares y estructuras paramilitares, lo que facilitó el “proyecto de pacificación violenta” en la región de Urabá.

Según los testimonios, en la operación Génesis participaron simultáneamente Fuerzas Militares y paramilitares, estableciendo una división de tareas para expulsar y aterrorizar a la población.

La JEP identificó a Navas como uno de los comandantes militares involucrados en la planeación de ambas operaciones, señalando que puso su conocimiento militar al servicio de estos planes y que, tras los hechos ocurridos, fue promovido en la jerarquía castrense. Declaraciones como la de César Arce Graciano, exparamilitar, y otros testigos detallaron la coordinación logística y la división de roles entre los participantes de ambas operaciones.

De acuerdo con la JEP, la participación de Navas Ramos y otros oficiales fue fundamental para la ejecución y el encubrimiento de los crímenes contra la población civil. El tribunal especial reprochó al oficial no haber ejercido su deber constitucional de protección, en tanto, indican, tenía “plena conciencia de la alianza criminal y de los ataques que los paramilitares estaban ejecutando”, y aun así permitió la continuidad de los operativos.

Navas Ramos es oriundo de Montería y cuenta con más de 38 años de servicio en las Fuerzas Militares. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1972 y alcanzó el grado de subteniente en 1976. Ocupó cargos como jefe de operaciones del Comando General, comandante de la Fuerza de Tarea Omega y director del Centro Nacional de Entrenamiento; paradójicamente, cuenta con formación en derechos humanos y planeación estratégica, así como con más de 50 condecoraciones a su trayectoria.