Estas fueron las ‘jugaditas’ de Álvaro Leyva en el caso de pasaportes que hoy lo tiene imputado por prevaricato

La imputación de cargos al exministro de Relaciones Exteriores de Colombia Álvaro Leyva Durán por presunto prevaricato en la gestión de la licitación para la producción y distribución de pasaportes ha reavivado el debate sobre la transparencia y la administración de un servicio esencial para millones de ciudadanos.

El caso, que involucra a la empresa Thomas Greg & Sons y a varias instancias del Estado, ha puesto en evidencia las tensiones entre el Gobierno, la Fiscalía y el sector privado, así como las dificultades para garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes en el país.

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El 9 de diciembre de 2025, la fiscal Sandra Portilla imputó formalmente a Leyva Durán como presunto autor del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.

La audiencia, celebrada ante la magistrada Alejandra Ardila del Tribunal Superior de Bogotá, se realizó de manera virtual debido a que el exfuncionario se encontraba fuera del país.

Durante la diligencia, la Fiscalía expuso que Leyva, al frente de la Cancillería, habría intervenido de manera “caprichosa, tozuda y arbitraria” en el proceso de licitación para la expedición de pasaportes, un contrato valorado en 559.000 millones de pesos.

Según la fiscal Portilla, Leyva emitió tres actos administrativos que, a juicio del ente investigador, buscaron “disfrazar las dificultades derivadas de su falta de planeación”.

La Fiscalía sostiene que el exministro tenía pleno conocimiento de que la oferta presentada por Thomas Greg & Sons cumplía con todos los requisitos y que su equipo le había recomendado adjudicar el contrato.

“Para esa época usted ya sabía que el proceso licitatorio se había adelantado de buena forma”, señaló la fiscal.

No obstante, Leyva declaró desierta la licitación en septiembre de 2023, decisión que, según la Fiscalía, careció de justificación suficiente y se basó en un “acto puro y subjetivo de autoridad”.

Además, la inadmisión del recurso de reposición presentado por la empresa fue considerada por la Fiscalía como una actuación “a su propio arbitrio, con desviación y abuso de poder”.

Frente a los señalamientos, Leyva ha defendido su actuación argumentando que su objetivo al declarar desierta la licitación era garantizar la “pluralidad” de ofertas y evitar que el proceso quedara en manos de una sola empresa.

El exministro ha sostenido que existían sospechas de que la licitación había sido “cuadrada” por sus subordinados para favorecer a Thomas Greg & Sons.

Sin embargo, esta tesis no prosperó ante la Procuraduría, que en noviembre de 2024 lo destituyó e inhabilitó por diez años tras un juicio disciplinario. El organismo consideró que Leyva, con su proceder, puso en riesgo el funcionamiento del servicio de pasaportes y no protegió los intereses de la comunidad.

El conflicto entre el Gobierno y Thomas Greg & Sons (TGS) se remonta a mayo de 2023, cuando siete empresas participantes en la licitación para la fabricación de pasaportes renunciaron en bloque, alegando que el concurso favorecía a TGS.

Los requisitos del proceso, como la necesidad de contar con una planta de producción en Bogotá y plazos de entrega difíciles de cumplir, fueron señalados como obstáculos que solo la empresa colombiana podía superar. Thomas Greg & Sons, que ha gestionado la producción y distribución de pasaportes desde 2007, quedó como único finalista habilitado.

En septiembre de 2023, tras la suspensión temporal de la licitación por sospechas de irregularidades, Leyva declaró desierto el concurso, lo que abrió la puerta a la figura de urgencia manifiesta.

Esta herramienta legal permitió la contratación directa de TGS para garantizar la continuidad del servicio. Poco después, la empresa interpuso un recurso de reposición, que fue rechazado al día siguiente, y posteriormente inició un proceso legal contra el Estado colombiano por 117.000 millones de pesos, argumentando perjuicios por la declaración desierta de la licitación. La demanda fue retirada en enero de 2025, coincidiendo con el final de la gestión de Luis Gilberto Murillo como canciller.

La gestión del contrato de pasaportes ha atravesado varias prórrogas. En septiembre de 2024, bajo la dirección de Murillo, la Cancillería anunció una segunda extensión del contrato con TGS hasta agosto de 2025.

El plan oficial preveía que, a partir de septiembre de 2025, la Casa de Moneda de Portugal asumiría la fabricación de pasaportes en una planta ubicada en Colombia, con la expectativa de transferir la infraestructura a la Imprenta Nacional una década después. Sin embargo, a pocos meses de finalizar la segunda prórroga, no existía un acuerdo firmado con Portugal y la Imprenta Nacional aún no contaba con la capacidad operativa necesaria para asumir la producción.

En junio de 2025, la Cancillería confirmó que preparaba una nueva declaración de urgencia manifiesta, lo que llevó a una tercera prórroga para que TGS continara imprimiendo los pasaportes. Mientras tanto, la entonces canciller Laura Sarabia anunció que, a partir del 1 de septiembre 2025, el Ministerio implementaría una etapa transitoria en la que la gobernanza de los datos pasaría al control de la Cancillería, mientras la Imprenta Nacional consolidaba sus capacidades.