Programa clave de la Paz Total de Petro quedó en entredicho tras 48 hallazgos por $1.513 millones: esto encontró la Contraloría

La Contraloría General de la República informó sobre 48 hallazgos fiscales en el programa “Caminos Comunitarios de la Paz Total”, ejecutado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), con un valor total de $1.513 millones.

La auditoría abarcó los convenios suscritos durante las vigencias 2023 y 2024 y revisó 192 convenios interadministrativos firmados con Juntas de Acción Comunal (JAC) de siete departamentos.

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El programa, diseñado para intervenir 33.000 km de vías rurales y caminos ancestrales con una inversión inicial de $8 billones, registró una ejecución de solo 117,2 km hasta diciembre de 2024, equivalente al 0,36% de la meta inicial. De los $4 billones previstos para las vigencias 2023 y 2024, únicamente se asignaron $660.000 millones, representando el 16,40% de lo programado.

Hallazgos en la ejecución de convenios

Durante la vigencia 2023 se suscribieron 1.035 Convenios Solidarios con las JAC. A diciembre de 2024, 141 convenios no habían sido terminados, 7 fueron liquidados sin ejecución y 856 se encontraban concluidos. El plazo promedio de ejecución fue de 10 meses, frente a los 3 meses inicialmente pactados, un aumento del 333%.

En la vigencia 2024 se firmaron 1.125 convenios, de los cuales 242 estaban en ejecución y ninguno terminado. Los 883 convenios restantes se suspendieron, según INVIAS, por la falta de asignación de Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La Contraloría detectó que los convenios fueron suscritos sin estudios técnicos completos que definieran de manera detallada el alcance de las obras. Esta responsabilidad fue trasladada a la etapa contractual, donde las Interventorías y las JAC debían revisarlas y ajustarlas, pero sin la debida supervisión y aprobación de Invías.

Asimismo, se evidenció que se asignaron obligaciones a las JAC para las cuales no estaban capacitadas técnica, organizacional ni operativamente. El apoyo de Invías resultó insuficiente, lo que generó reducción en el alcance de ejecución de varios convenios, sin revisión ni aprobación formal de Invías y, en algunos casos, sin supervisión rigurosa por parte de las interventorías.

Deficiencias financieras y de control

En materia financiera, la auditoría identificó pagos sin debida justificación, incumplimiento de requisitos contables, tesorería y fiscales, y falta de facturación adecuada. Invías no contaba con todos los soportes documentales de las inversiones realizadas, como extractos bancarios y comprobantes de gasto, según lo evidenciado por la Contraloría.

La supervisión de la ejecución de los convenios y de los contratos de interventoría fue considerada deficiente. La institución delegó la autorización del gasto en los interventores y presidentes de las JAC, sin un seguimiento efectivo del desarrollo de las obras ni del manejo de recursos públicos.

Los hallazgos fueron producto de un control fiscal posterior y selectivo, que incluyó revisión, análisis y evaluación de la ejecución de los convenios interadministrativos con JAC de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca y Nariño.

Impacto en la implementación del programa

El programa “Caminos Comunitarios de la Paz Total” se diseñó como un componente central de la estrategia de paz del Gobierno nacional, con el objetivo de facilitar la conectividad de la Colombia profunda. Sin embargo, tras los hallazgos de la Contraloría, se recomendó que Invías realice los ajustes necesarios y suficientes para mejorar la ejecución del programa y garantizar que las obras planificadas cumplan con los objetivos de conectividad rural.

La entidad enfatizó que la auditoría busca que los hallazgos se conviertan en insumos para la mejora continua y la correcta administración de los recursos públicos, sin interferir en la misión del programa de conectar comunidades con centros logísticos y productivos del país.

A la fecha, Invías ha recibido los hallazgos y deberá presentar un plan de acción que responda a los señalamientos, asegurando la transparencia y eficiencia en la gestión de los convenios solidarios y en la utilización de los recursos públicos asignados.