Nuevamente, el Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta una derrota en el Congreso de la República. El 9 de diciembre de 2025, las comisiones económicas archivaron la ley de financiamiento (reforma tributaria), por medio de la cual el Gobierno esperaba llenar un vacío en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026.
Con esta propuesta, la administración tenía la esperanza de recaudar $16,3 billones por concepto de impuestos; ese monto serviría para cubrir el faltante del presupuesto, que quedó en $546,9 billones. Sin embargo, los congresistas dijeron “No” a la iniciativa por segunda vez.
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“Ha sido negada la ponencia positiva. Se entiende archivada la ley de financiamiento”, dijo el presidente de las comisiones, el representante Wilmer Castellanos, en la sesión de discusión y votación.
Entre los argumentos que expresaron los congresistas para impedir el éxito de la propuesta está el hecho de que los colombianos tendrán que asumir una carga tributaria más alta. Además, según explicó el senador liberal Mauricio Gómez Amín, el incremento de recursos que esperaba tener el Gobierno a través de la reforma tributaria no estaba justificado, debido a que la administración ha demostrado falta de ejecución del dinero.
“Para qué querían más recursos si no los ejecutan. El año pasado se le quedaron $70 billones y este año $80 billones. No tienen legado, se quedaron en discursos vacíos y promesas. Se quedaron en polarizar el país”, aseveró el legislador, citado por el Senado.
A través de su cuenta de X, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal celebró la decisión tomada por las comisiones económicas. La congresista aseguró que el uso de los recursos que el Gobierno pretendía recolectar por medio de la reforma tendrían otros fines y no precisamente los proyectos sociales que impulsa. Además, advirtió sobre posibles actos de corrupción que estarían afectando la economía del país.
“Gran noticia para el país. No vamos a permitir que Petro siga disponiendo de miles de millones de pesos para pagar favores y dar contratos a cambio de apoyo político. Aquí no falta plata, lo que sobran son ladrones”, señaló la legisladora en la red social.
Las dudas sobre el manejo de los recursos por parte del Gobierno recaen en múltiples escándalos que han surgido en más de tres años de administración de Gustavo Petro. Uno de los hechos más graves que han salido a la luz es el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que implicó el direccionamiento de contratos y la desviación de dineros públicos, que debió estar destinado a la atención de emergencias y el apoyo de la población más vulnerable del país.
En el entramado estuvieron involucrados exdirectivos de la entidad, contratistas, congresistas y antiguos funcionarios del Gobierno que ocuparon altos cargos: el exministro de Hacienda y Crédito Públic Ricardo Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Los ex jefes de cartera están siendo investigados por estos hechos, pero niegan cualquier participación en el robo de los recursos.
Petro rechazó el hundimiento de la ley de financiamiento
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el archivo de la iniciativa oficialista, advirtiendo sobre consecuencias nefastas para la economía del país y el impacto que tendrán, especialmente, las personas que devengan menos dinero. En su mensaje, publicado en X, cuestionó la ética y el criterio con el que el Legislativo tomó la decisión.
“No es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública: un verdadero mecanismo, construido por el Banco de la República, para transferir decenas de billones de pesos de la sociedad a los megarricos”, aseveró.
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