La decisión de “eliminar” 12 aulas de apoyo para niños con discapacidad provoca crisis educativa y protestas en Bogotá

La tarde del martes 9 de diciembre de 2025, Bogotá vivió una tensa jornada marcada por bloqueos intermitentes en la avenida El Dorado, donde padres, madres y cuidadores de niños con discapacidad protestaron enérgicamente frente a la Secretaría de Educación, en la intersección con la carrera 66.

Las manifestaciones, motivadas por el anuncio del cierre de 12 aulas especializadas en atención educativa para esta población, alteraron la movilidad de la capital, provocando el cierre de estaciones, congestión, invasión de carriles y el desvío de rutas del Sitp.

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La molestia de los usuarios del transporte público por las demoras y complicaciones vehiculares contrastó con la gravedad del trasfondo que impulsó la protesta. Detrás de las filas de carros y la dificultad para llegar a los destinos diarios, cientos de familias expusieron la situación crítica que enfrentan niñas y niños en condición de discapacidad ante la reducción drástica de espacios educativos adaptados en la ciudad.

Según denuncias recogidas por Colombia Oscura en la red X, la decisión administrativa de la alcaldía de Carlos Fernando Galán supondría el cierre de instituciones que, hasta la fecha, han ofrecido un entorno pedagógico especializado e integral a esta población vulnerable.

Las madres participantes compartieron testimonios que dan cuenta de una profunda preocupación y sentimiento de desprotección. De acuerdo con declaraciones recogidas por la mencionada red, una funcionaria de la Secretaría de Educación de Bogotá habría afirmado a una madre que “trasladar sus niños a colegios regulares y recibir maltratos, les forjaba el carácter para la vida real”. Este tipo de declaraciones, sumadas a la falta de información detallada y la negativa a dialogar, generaron el rechazo y la indignación de la comunidad educativa presente en la jornada.

Una de las madres explicó: “Estamos aquí en protesta por los niños con discapacidad que están siendo atendidos en colegios, que están siendo tipificados como aulas de apoyo pedagógico. Son colegios que tienen una atención integral para cada niño con discapacidad. No son segregadores como lo ha querido poner la Secretaría de Educación. Y venimos a denunciar porque, desafortunadamente, cerraron matrículas para algunos grados, hicieron traslado discrecional del rector del Colegio Bolivia, al cual asiste mi hija".

Asimismo, expuso que: “No nos han querido dar una respuesta clara con respecto a nuestra inconformidad como cuidadores y padres con la atención de nuestros hijos en aulas regulares. Las aulas regulares dicen que hay inclusión, pero es mentira. Los tratan mal, los excluyen, y adicionalmente, a una mamita la llamó la Secretaría de Educación diciendo que el maltrato que recibía el niño le forma carácter y que genera una educación para la vida real. Desafortunadamente, la Secretaría de Educación se quiere hacer la de los ojos ciegos, pero aquí estamos todos en pie de lucha”.

Otra madre detalló el panorama de incertidumbre: “Soy mamá de un niño de ocho años, se llama Samuel, tiene discapacidad múltiple. Mi hijo cursa en el colegio Bolivia, colegio al que les están cerrando las aulas de apoyo. Él tiene que repetir primero el otro año y debido a que ya no tenemos matrículas, no se sabe qué va a pasar con nuestros hijos. La Secretaría de Educación no nos le quiere dar matrícula ni al curso primero ni al curso quinto de la jornada mañana. En la jornada tarde tenemos varios cursos que no tienen matrícula. Estamos acá pidiendo una mesa de trabajo. Llevamos desde las ocho de la mañana y esta es la hora y solamente nos dilatan, nos dan vueltas”.

Qué dice la Secretaría de Educación

La Secretaría de Educación aclaró este martes que no ha dispuesto el cierre de las aulas de apoyo pedagógico en los colegios oficiales. Las acciones en curso corresponden al proceso de tránsito hacia un modelo de atención inclusivo, conforme a lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 1421 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional.

Estas normativas orientan la atención educativa hacia entornos no segregados. Voceros de la entidad señalaron que la decisión cumple con la normativa vigente, cuyo objetivo es implementar un modelo incluyente que permita la convivencia académica de estudiantes con y sin discapacidad.

La precisión surge tras manifestaciones de madres de familia que bloquearon el transporte público local, alegando la supuesta supresión de instituciones educativas. La Secretaría reiteró que el proceso de transición —no de eliminación— de las doce aulas de apoyo responde a una directriz nacional y no implica el cierre de colegios.

La Secretaría de Educación precisó que los reclamos de las familias fueron recibidos y atendidos, y atribuyó parte de las protestas a hechos aislados, como cambios recientes de directivos en algunos planteles, sin relación con la política nacional de inclusión.

Las autoridades recalcaron que el proceso de tránsito en las aulas de apoyo se desarrolla exclusivamente dentro del marco legal establecido y aseguraron la continuidad del acceso a la educación para todos los estudiantes de las instituciones involucradas.

Una preocupación que se había anunciado en la ciudad

El debate público sobre la atención en educación a niños con discapacidad no es nuevo. En septiembre de 2025, el concejal Andrés Onzaga alertó en el Concejo de Bogotá sobre serios problemas en la contratación y calidad de dispositivos de asistencia personal distribuidos por el Distrito y una posible reducción en la oferta de espacios educativos adaptados.

Onzaga destacó que entre 2021 y 2024 se invirtieron más de 51.000 millones de pesos en ayudas técnicas para personas con discapacidad, y que el presupuesto proyectado hasta 2028 se acercaría a los 104.000 millones. Sin embargo, advirtió que el aumento en recursos no garantiza la protección de derechos si existen sobrecostos (que llegaron hasta un 695% en elementos como bastones y cuadernos de braille) o si priman materiales de mala calidad. Señaló además la concentración de contratación en pocas empresas, como Tu Salud IPS, y retrasos en convenios para el próximo año, factores que comprometen la cobertura y calidad del servicio.

La problemática se agudizó por la revisión de casos de estudiantes actualmente en aulas de apoyo, con miras a trasladarlos a espacios convencionales. Padres, madres y cuidadores consideran que esta medida implica un cierre encubierto de los servicios diferenciados, lo que colocaría en riesgo el derecho a una educación de calidad y adaptada para cientos de menores en la capital.

Según cifras del sector educativo, Bogotá tiene 42 colegios dotados de aulas de apoyo, que atienden a unos 1.500 estudiantes con discapacidad, respaldados por 123 docentes especializados. En total, más de 6.000 estudiantes se benefician del modelo, entre ellos 221 con discapacidad múltiple y cerca de 1.000 con Síndrome de Down.

Durante reuniones con las autoridades, las familias han insistido en que las aulas de apoyo constituyen espacios pedagógicos fundamentales para el aprendizaje, la integración y la prevención de situaciones de exclusión o acoso. Voceros de los cuidadores recalcaron: “La educación inclusiva no se trata de invisibilizar las diferencias. Las aulas de apoyo son una herramienta de dignidad, no de segregación. Cerrarlas sería un retroceso en los derechos adquiridos de las personas con discapacidad”.