
Cerro Matoso, el complejo minero-industrial situado en el departamento de Córdoba, reconocido como la mina a cielo abierto de níquel más grande de Sudamérica y la cuarta a nivel mundial, enfrenta la posible suspensión de operaciones industriales ante la solicitud de la empresa canadiense Canacol Energy de terminar el contrato de suministro de gas natural, insumo clave en la producción continua de ferroníquel.
Por medio de un comunicado, la compañía advirtió que “sin suministro de gas natural, estos equipos no pueden operar al no tener ningún tipo de sustituto”, por lo que calculan millonarias pérdidas diarias para la empresa y para el país, lo que anticipa graves repercusiones económicas y sociales.
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La continuidad de las operaciones de Cerro Matoso está en riesgo porque depende en un 80% del gas natural provisto por Canacol Energy, recurso indispensable para mantener activos los equipos y hornos. Si se suspende dicho suministro, la empresa estima una paralización total de sus actividades, con amenaza a miles de empleos, reducción de ingresos fiscales y sociales, costos estructurales elevados y posibles incrementos en tarifas de gas.

Riesgo de cierre por terminación del suministro de gas natural
La incertidumbre inició el 28 de abril de 2026, cuando Canacol Energy presentó ante la Corte de Alberta (Canadá), una solicitud para terminar el contrato dentro de un proceso de reestructuración organizacional. Cerro Matoso calificó la medida como “improcedente y arbitraria”. Luego de meses de conversaciones, la minera afirmó haber ofrecido alternativas para evitar la suspensión, pero el proceso se formalizó en jurisdicción canadiense.
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La administración de Cerro Matoso, dirigida por Ricardo Gaviria, insiste en que el contrato está bajo la legislación colombiana y solicitó la intervención de la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
“Esta decisión pone en riesgo la seguridad e integridad de nuestros equipos humanos y activos”, advirtió la empresa, que mantenía la expectativa de una solución negociada.
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Asimismo, destacó que colaboró con Canacol en el proceso de reorganización financiera, por lo que la solicitud de terminación fue recibida con “sorpresa”. Canacol, por su parte, justificó la medida como necesario para proteger sus activos.

Consecuencias económicas y sociales para la región y el país
De concretarse el cierre, el impacto económico sería inmediato y de gran escala:
En 2025, Cerro Matoso generó más de 2.000 empleos entre personal directo y contratistas, transfirió $334.570 millones al Estado en regalías e impuestos y destinó $10.600 millones a programas sociales.
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- La empresa mantuvo iniciativas en beneficio de 25 comunidades y más de 50.000 personas.
- Cada día de paralización significaría dejar de producir 95 toneladas diarias de ferroníquel, junto con pérdidas aproximadas de $5.100 millones diarios en ingresos para la compañía y $1.000 millones diarios para el Estado en impuestos y regalías.
- Se cancelarían contratos y compras de bienes y servicios valorados en $1.800 millones diarios.
La interrupción pondría en jaque la continuidad de proyectos educativos, viviendas y programas sociales que son vitales para miles de familias. Un alto representante de la empresa aseguró: “Un eventual cese de actividades tendría un impacto irreversible para la empresa, el sur de Córdoba y el país”.
Impactos técnicos y reparaciones millonarias en la planta
El apagado de los hornos industriales supondría daños estructurales de gran costo y prolongados plazos de reparación. Se calcula que restaurar cada uno de los hornos podría costar entre $550.000 millones y $730.000 millones, además de requerir más de diez meses para reanudar la operación normal. El proceso productivo no tiene mecanismos de reemplazo, lo que haría el reinicio lento y costoso.
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La compañía resaltó que el riesgo es también técnico y de seguridad, pues el daño a equipo crítico acarrearía nuevos retrasos y pérdidas. “La terminación del contrato pone en riesgo la seguridad de nuestros equipos humanos y activos”, remarcó la firma, ya que la infraestructura podría quedar gravemente comprometida. A esto se suma la afectación de proveedores y contratistas locales, cuya actividad depende de la operación ininterrumpida de la planta.

Implicaciones para el sector energético y el orden legal colombiano
El desenlace del conflicto con Canacol Energy podría tener efectos sobre el sector energético y la estabilidad del suministro de gas en la Costa Atlántica colombiana. Cerro Matoso advirtió que la disminución de la oferta generada por una suspensión podría traducirse en incrementos en las tarifas para usuarios domésticos e industriales.
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Desde el punto de vista jurídico, la empresa hizo énfasis en que el contrato con Canacol Energy está sujeto a la jurisdicción colombiana y pidió a la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que garanticen la continuidad del servicio y la protección del interés colectivo. “La terminación del contrato pone en riesgo el abastecimiento de poblaciones de la Costa Atlántica, que podrían enfrentar incrementos en las tarifas de gas”, alertó.
La situación también deja en evidencia la necesidad de reglas más claras en la coordinación internacional para contratos estratégicos del sector minero-energético cuando intervienen jurisdicciones extranjeras.
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