El inicio del proceso para definir el salario mínimo del próximo año reactivó discusiones sobre indicadores laborales y capacidad productiva del país.
En ese escenario, el empresario José Acuña Bayona compartió un análisis citado por la Revista Semana en el que expone las tensiones que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas ante un posible reajuste.
Desde su perspectiva, los cambios salariales generan presiones directas sobre las estructuras de costo de las mipymes, que representan una porción significativa del empleo formal en Colombia.
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Acuña explicó que, para pequeños negocios, cada variación en el incremento anual puede incidir en la continuidad de sus trabajadores.
En sus palabras, “un pequeño empresario mira la nómina”, y lo hace desde la realidad de mantener en operación una unidad productiva con recursos limitados.
Señaló además que en diciembre, cuando se fijan los ajustes, cualquier punto adicional se convierte en una variable que determina si se mantiene o no un puesto, un aspecto que adquiere relevancia en empresas donde la nómina está estrechamente ligada al flujo de caja.
Las observaciones del empresario aparecen en medio de un mercado laboral que registra contrastes. Según cifras del Dane mencionadas por la Revista Semana, la informalidad alcanzó el 55 % entre julio y septiembre de 2025.
El Gobierno reportó cerca de 24 millones de personas ocupadas y una tasa de desempleo del 8,2 % en octubre, aunque una parte importante de la fuerza laboral continúa sin acceso a protección social ni garantías contractuales.
Estos elementos fueron tenidos en cuenta en los primeros encuentros de concertación, que este año se desarrollaron sin la presencia de Fenalco, gremio que decidió apartarse del proceso.
Acuña recordó que esa organización empresarial calificó su ausencia como una decisión “populista”, argumentando que no participaría “en condiciones donde la cifra ya está prácticamente decidida de antemano”.
La postura de Fenalco reavivó el debate sobre la manera en que se construyen los consensos salariales, así como sobre los insumos técnicos que suelen emplearse para establecer el monto final del aumento.
El salario mínimo vigente para 2025 es de $1.423.500, acompañado por un auxilio de transporte de $200.000. Sin embargo, el empresario puntualizó que el valor real asociado a un trabajador formal incluye aportes adicionales, entre ellos prestaciones sociales, contribuciones al sistema de salud y pensiones, parafiscales, cesantías, intereses y vacaciones.
De acuerdo con su estimación, esa suma puede superar los $2 millones mensuales, una cifra que adquiere peso en pequeñas empresas donde la contratación representa uno de los principales costos operativos.
Datos mencionados por Acuña indican que las mipymes conforman alrededor del 99,5 % del tejido empresarial y generan cerca del 79–80 % del empleo formal. Desde su análisis, la informalidad continúa siendo una alternativa para múltiples emprendimientos que perciben la formalización como una carga compleja, especialmente cuando sus ingresos no les permiten asumir todos los compromisos legales.
El empresario afirmó que en muchos contextos, esa situación se convierte en parte de la rutina de pequeños comerciantes y trabajadores independientes.
Durante sus declaraciones, Acuña planteó tres elementos que, a su juicio, deben ser tenidos en cuenta en la concertación. Primero, el impacto del aumento salarial difiere entre grandes empresas y mipymes, por lo que considera necesario un enfoque diferenciado. Segundo, propuso implementar mecanismos que hagan más viable la transición hacia la formalidad, con acompañamientos graduales. Tercero, señaló que el Estado debería impulsar herramientas orientadas al fortalecimiento empresarial, más allá de asociar a las mipymes únicamente con obligaciones tributarias.
Al respecto sostuvo que “el Estado necesita más empresas formales para recaudar y garantizar derechos; la persona informal necesita sobrevivir hoy”.
Acuña también afirmó que el país debe avanzar hacia condiciones que permitan dignificar el trabajo con una transición responsable, enfatizando que dicho objetivo requiere considerar las capacidades reales de los negocios pequeños.
En sus palabras, “hay que dignificar el trabajo, pero dignificarlo también implica comprenderlo desde una transición responsable”, una apreciación que relaciona con la estabilidad de los establecimientos que generan una parte relevante de los empleos en Colombia.
El análisis de Acuña se incorpora a un escenario donde las conversaciones sobre el salario mínimo para 2026 siguen en marcha, mientras distintos actores económicos y sociales exponen sus evaluaciones frente al impacto de la medida en las empresas y en los trabajadores del país.
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