Fiscalía inspecciona sede del Comando de Personal del Ejército e Indumil por presuntas filtraciones de las disidencias de ‘Calarcá’ en el Gobierno

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación lleva a cabo el viernes 5 de diciembre diligencias de inspección en el Comando de Personal del Ejército Nacional y en las instalaciones de Indumil, en desarrollo de una indagación iniciada tras la extracción de información a dispositivos pertenecientes al frente 36 de las disidencias de las Farc.

Las actuaciones se realizan por orden de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y buscan recopilar elementos materiales de prueba en el marco de la investigación por la presunta filtración entre miembros del frente 36, bajo el mando de alias Calarcá, y el Gobierno nacional.

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De acuerdo con imágenes divulgadas por medios nacionales, la fiscalía inició la inspección en las instalaciones de Indumil y en el Comando de Personal del Ejército aproximadamente 25 minutos antes de conocerse públicamente la diligencia. Funcionarios del CTI ingresaron a las áreas administrativas y comenzaron a solicitar soportes documentales, así como a realizar copias espejo de computadores y dispositivos digitales con el fin de establecer si existieron órdenes, maniobras o registros irregulares vinculados con la investigación que ya cursa contra el general Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del Comando de Personal (Coper).

En el caso de Indumil, las verificaciones se centran en la trazabilidad de armas suministradas, con énfasis en identificar si algún material bélico habría sido entregado fuera de los canales oficiales o podría haber terminado en poder de terceros no autorizados.

Las inspecciones ocurren en paralelo al impacto generado por la investigación publicada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que durante cerca de un año rastreó, analizó y verificó documentos, chats, fotografías y comunicaciones encontradas en los dispositivos incautados al frente 36. Según el reportaje, dicho material permitiría reconstruir presuntos vínculos entre cabecillas disidentes y funcionarios del Estado, incluido Wílmer Mejía, integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

El medio reveló que varias fuentes al interior de las disidencias habrían confirmado la autenticidad de las comunicaciones. Un integrante del Estado Mayor Central aseguró que existía una relación directa para la creación de supuestas empresas de seguridad y el intercambio de información clasificada que permitiera a los grupos armados esquivar operativos.

Entre los documentos destacados figura una carta del 8 de febrero de 2024, donde un emisario informó a alias Calarcá sobre una reunión en Bogotá con el general Huertas, al que se describe como asesor en entidades estatales. En esa comunicación se expone la propuesta de conformar una empresa de seguridad conjunta, para la cual el oficial habría ofrecido gestionar permisos de armas y habilitaciones legales.

Los archivos también detallan conversaciones en las que se mencionan motivaciones personales del general y referencias a supuestos ofrecimientos de cargos. El reporte agrega información sobre reuniones realizadas en Venezuela y posteriormente en Bogotá, en las que habrían participado Huertas, Mejía y representantes de las disidencias.

Otro de los elementos analizados corresponde a presuntas filtraciones de información desde entidades estatales. Testimonios recogidos por el medio indican que se habría suministrado a los guerrilleros datos sobre bases militares, estaciones de Policía, correos oficiales, frecuencias radiales, contactos y desplazamientos de funcionarios. Según los registros, estas alertas habrían permitido evitar operaciones y reducir el número de capturas durante varios meses.

El material incluye además referencias directas a información reservada de la Fiscalía y la Dijín. Se mencionan actividades de inteligencia, operaciones encubiertas y ubicación de uniformados que adelantaban investigaciones sobre los grupos armados, así como advertencias internas sobre seguimientos y comunicaciones interceptadas.

Otro capítulo del informe describe supuestas conversaciones entre alias Calarcá y alias Iván Mordisco acerca de eventuales aportes ilegales a la campaña presidencial de Gustavo Petro. En uno de los mensajes citados se sugiere que ciertas pruebas estarían en poder de jefes disidentes y que incluyen menciones tanto al presidente como a la vicepresidenta Francia Márquez.

Este material fue recopilado tras la incautación de más de un centenar de dispositivos electrónicos realizada el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, durante operativos contra integrantes del frente 36. Aunque alias Calarcá fue detenido, posteriormente quedó en libertad por su condición de gestor de paz, mientras los equipos quedaron bajo custodia de la Fiscalía.