La discusión sobre el manejo de datos personales volvió a colarse en el debate público colombiano, pero esta vez impulsada por un fenómeno tan veloz como impredecible, una hoja de cálculo que prometía identificar a “infieles” y que, en pocos días, se convirtió en una cadena replicada sin control en redes sociales. Lo que comenzó como una curiosidad viral terminó encendiendo alarmas entre juristas, especialmente porque muchas de las personas que la compartieron no sospechaban las consecuencias legales que podían enfrentar.
Mientras el archivo viajaba entre grupos de WhatsApp, perfiles de TikTok y comentarios en Twitter, la abogada creadora de contenido conocida como @laamateur decidió intervenir. Su advertencia se volvió tan viral como la lista misma. Y no fue casualidad, el documento incluía nombres, descripciones, fotografías y relatos íntimos que, en cualquier otro contexto, habrían despertado reservas inmediatas sobre privacidad, consentimiento y reputación.
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Después de hablar sobre riesgos, la abogada quiso explicar que existen bases de datos legales, útiles y de consulta pública, muy distintas al archivo que estaba circulando. En su nuevo video nombró que bases de datos, que no son el registro nacional de infieles, tienen información igual de valiosa y que son legales de consultar y de alimentar”, y añadió: “Yo sí creo que la información es poder y nos ayuda a saber con quién estamos y con quién no”. A partir de ahí presentó dos herramientas, una que cualquier persona puede consultar y otra que se puede alimentar mediante procesos formales.
La primera es la consulta pública de procesos judiciales. En su explicación, paso a paso, detalló cómo revisar si una persona tiene casos activos en la Rama Judicial: “Puedes consultar si tu machuque, tú o quien sea, tiene un proceso abierto en la rama”. Luego indicó la ruta: “Para eso tienes que ir a Google, buscas consulta de procesos, le das click aquí al primer resultado”. En el tutorial continuó: “Acá le das click donde dice a consultar por nombre o razón social. Seleccionas tipo de persona, natural”, para luego ingresar el nombre completo, elegir “todos los procesos” y presionar “consultar”. Según señaló, allí aparecerán los resultados disponibles y, como recomendación adicional, recordó un punto clave: “Recuerden que les pueden salir homónimos personas con el mismo nombre y que acá no están todos los procesos, pero sí la gran mayoría”.
La segunda herramienta, y la que más sorprendió a su audiencia, fue el Registro de Deudores Morosos de Alimentos (Redam). En sus palabras: “Esta no la puedes consultar, pero sí la puedes alimentar y es el registro de deudores morosos de alimentos”. Esta figura aplica cuando un padre o madre acumula tres cuotas alimentarias sin pagar. El reporte puede iniciarse “ante la comisaría, puedes acudir al Icbf o puedes acudir ante un juez para que lo inscriba en el Redam”, lo que puede generar consecuencias en centrales de riesgo y restricciones migratorias, pues “implica que lo reportan en bases de datos crediticias, data crédito, entre otras” y dificulta “salir del país sin que la otra persona dé el permiso”.

La jurista ya había compartido anteriormente un video sobre las consecuencias legales del llamado “excel de infieles”. Su mensaje fue tajante. “Si ves una tabla pública que están llenando varias mujeres en las que ponen información personal del hombre que les fue infiel para prevenir que le pase a otras mujeres… esto sí va de mí para ti, un consejo legal gratis, no lo hagas”.
La falta de claridad sobre quién administraba la base de datos, quién la replicaba y bajo qué criterios se llenaba fue otro punto crítico. Ella misma lo expresó así: “¿Quiénes lo están llenando? ¿Quiénes lo están difundiendo? ¿Quiénes lo están grabando? ¿Quiénes lo que sea?”.
Su preocupación tenía fundamentos concretos puesto que, divulgar datos personales sin autorización puede activar investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y, en ciertos casos, procesos penales. Como advirtió, “se van a meter en un problema tan harto. Lo que nace de una buena intención y del chisme y de reírnos termina en unas cosas que uno no se imagina”. Para rematar, lanzó una advertencia: “Mejor dicho, empieza como chistoso y después se vuelve complicado, entonces ojo si la vas a llenar o si la estás administrando, si tú eres la creadora, escribe, escríbeme y te asesoro”.

La legislación es clara. La Ley 1581 de 2012 contempla penas de 4 a 8 años de prisión y multas que pueden superar los 1.000 salarios mínimos para quienes divulguen datos personales sin autorización. Y mientras la ola del “excel de infieles” se apaga lentamente, queda flotando la lección que la abogada intentó transmitir, hay información que se puede consultar legalmente, y hay otra que, por más viral que sea, puede costar muy caro.
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