Colombia, uno de los países con mayor trayectoria en la lucha internacional contra las drogas, quedó fuera del panel de expertos creado para actualizar los tratados internacionales sobre control de estupefacientes.
Entre las tareas del panel está la búsqueda de un enfoque menos prohibicionista de las drogas y más orientado hacia la salud pública.
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Así lo reveló un informe de W Radio, en el que se precisó que la ausencia de un embajador en propiedad y la falta de seguimiento en el Gobierno Petro y la Cancillería provocaran que el país no lograra asegurar un lugar en este espacio decisivo para el futuro de la política mundial antidrogas.
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Esta decisión no es menor si se tiene en cuenta que en el segundo semestre de 2025 la relaciones diplomáticas entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos (Gustavo Petro y Donald Trump), marcadas por la descertificación en la lucha antidrogas y el anuncio de la movilización de tropas norteamericanas hacia el Caribe frente a las costas de Venezuela.
Todo lo anterior, sumado a los bombardeos que han hecho los militares estadounidenses en varias zonas del Caribe, pero también del Océano Pacífico cerca a territorio colombiano, ponen de relieve que esta determinación puede influir sobre el futuro cercano para combatir a la redes de narcos trasnacionales que usan al país.
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La misma emisora señaló que en marzo de 2025, y bajo la gestión de la entonces embajadora ante Naciones Unidas en Viena, Laura Gil, Colombia alcanzó un logro diplomático significativo.
Gracias al liderazgo de Gil se consolidó un bloque de sesenta países que impulsó y aprobó una resolución histórica.
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El resultado fue la creación del primer panel de expertos independientes para reformar el régimen internacional de control de drogas, una instancia compuesta por 19 miembros seleccionados entre representantes de los Estados que integran la Comisión de Estupefacientes de la ONU, el secretario general del organismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
A pesar de este avance, la falta de seguimiento y gestión, tras la salida de Laura Gil de la embajada el 25 de junio, complicó la posibilidad de que Colombia consolidara una voz propia en dicho panel.
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La embajada quedó a cargo del ministro plenipotenciario Alonso Lozada, que asumió de forma interina aunque ya desempeñaba funciones como cónsul. “El encargado hoy está respondiendo por los dos cargos”, señala el reporte de la cadena radial.
La situación descrita revela que la ausencia de un embajador titular limitó la capacidad del país para impulsar la postulación de su candidato, el jurista Rodrigo Uprimny, que en principio estaba nominado por Colombia para integrar el panel de expertos.
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La cancillería y el Ministerio de Justicia no dieron el seguimiento necesario a uno de los componentes estratégicos de la propuesta antidrogas del Gobierno Petro, confirmó la emisora con fuentes cercanas.
El costo diplomático, según lo citado en el reporte, es alto. La falta de continuidad en la representación colombiana contrasta con el trabajo realizado durante dos años por la embajadora Gil y con la importancia que el propio gobierno le había atribuido a la modernización de la política mundial de drogas.
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La inacción y la falta de gestión oportuna dejaron sin efecto la postulación nacional y redujeron la incidencia de Colombia en un espacio desde el que se definirán líneas de acción internacional para los próximos años.
La directora de política antidrogas, Marcela Tovar, fue designada como la encargada de intentar recuperar la posición de Colombia en este debate internacional. Ella sabe desde hace un mes que será nombrada embajadora en Viena a partir de 2026 (señaló el informe del periodista Juan Pablo Calvás), aunque para ese momento el panel de expertos ya estará trabajando y la entrega de conclusiones está prevista para el primer semestre de 2027.
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Además, el panel tiene como misión revisar y proponer cambios en los tratados internacionales con una perspectiva menos centrada en la represión y más enfocada en la salud pública, uno de los pilares del gobierno colombiano actual.
El hecho de quedar fuera de este debate limita la posibilidad del país de influir en la redacción de futuras políticas antidrogas, mientras los demás Estados miembros avanzan en la elaboración de nuevas estrategias bajo el paraguas de Naciones Unidas.
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