Concejal Briceño denuncia millonarios gastos del Gobierno Petro: $12.000 millones al año en embajadas y consulados

El concejal del Centro Democrático y cabeza de lista a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, realizó una nueva denuncia pública en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro, señalando supuestos gastos excesivos en la apertura de embajadas y consulados en países con baja presencia de ciudadanos colombianos. Según su investigación, el Ejecutivo estaría destinando más de 12.000 millones de pesos al año únicamente en arriendos de estas sedes diplomáticas.

En un video difundido en sus redes sociales, Briceño afirmó que el Gobierno abrió diez nuevas embajadas y tres consulados en doce países, decisión que, según él, no cuenta con justificación técnica, comercial ni migratoria.

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Señaló que estas sedes fueron instaladas en territorios donde Colombia no mantiene una relación estratégica clara o donde la presencia de ciudadanos colombianos es mínima.

El concejal sostuvo que esta situación genera preocupación por el uso de recursos públicos. En su mensaje aseguró que “más de doce mil millones de pesos le está costando a los colombianos el arriendo de las más de diez embajadas y tres consulados que abrió el señor Gustavo Petro para hacer politiquería por todo el mundo”.

Países con baja presencia de colombianos

Briceño destacó que varios de los países donde fueron abiertas las nuevas embajadas y consulados, como Etiopía, Guyana, Rumania, Senegal y República Checa, no registran relaciones históricas significativas con Colombia. Además, reiteró que el número de connacionales residentes en estos territorios es muy reducido.

De acuerdo con su denuncia, en países como Rumania viven menos de trescientos colombianos, mientras que en Senegal o Etiopía la cifra no supera los doscientos. Para el concejal, estas cifras evidencian que no existiría una razón sólida para crear “una burocracia inmensa” en países con baja demanda de servicios consulares.

Montos de arriendo revelados por Briceño

El concejal expuso cifras específicas sobre los arriendos de algunas de estas sedes diplomáticas. Indicó, por ejemplo, que la embajada de Catar tendría un costo anual superior a 903.000 dólares, lo que representaría más de 3.400 millones de pesos. Asimismo, aseguró que el arriendo de la embajada en Arabia Saudita asciende a 232.000 dólares al año, equivalente a aproximadamente 883 millones de pesos.

Briceño también mencionó el caso de Rumania, donde el arriendo anual sería de 216.000 euros, una cifra cercana a 1.000 millones de pesos. Según él, estos valores hacen parte del total de más de 12.000 millones de pesos anuales que, afirmó, se destinan exclusivamente al pago de arriendos de las nuevas sedes.

El concejal hizo énfasis en que estos costos no incluyen salarios, viáticos, gastos operativos, ni otros rubros asociados al funcionamiento diplomático. En su declaración calificó estos gastos como un “derroche a nivel extremo”.

Cuestionamientos sobre los nombramientos diplomáticos

Además de los costos, Briceño aseguró que la apertura de estas embajadas estaría ligada a la intención del Gobierno de “premiar a sus amigos” mediante nombramientos diplomáticos. Señaló que varios de los designados no cumplirían con los requisitos profesionales tradicionalmente exigidos para estos cargos.

El concejal afirmó que, con un reciente decreto expedido por el Gobierno, los embajadores y cónsules ya no estarían obligados a acreditar estudios específicos, lo que, según su denuncia, permitiría nombrar a personas sin formación en diplomacia. En sus palabras, algunos de estos funcionarios “ni siquiera saben leer o escribir”, comentario con el que buscó ilustrar lo que considera una falta de rigor en los nombramientos.

Llamado a revisar el gasto estatal

Durante su intervención, Briceño insistió en que los recursos destinados a los arriendos diplomáticos deberían priorizarse en otros sectores. Señaló que, en lugar de aumentar la burocracia estatal, el país requiere “más inversión social, más recursos para vías y carreteras y más apoyo para la empresa privada y el sector productivo”.

Aseguró que los más de mil millones de pesos mensuales que, según su denuncia, se destinan al funcionamiento de estas nuevas sedes diplomáticas, podrían tener mayor impacto si se orientaran a programas sociales o al fortalecimiento económico del país.