Nicolás Petro iría a la cárcel: la Fiscalía pidió prisión para el hijo del Presidente por presunta apropiación de recursos públicos

La Fiscalía colombiana dio un nuevo giro en el proceso penal contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, al solicitar medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por su presunta participación en un entramado de corrupción relacionado con contratos para la atención de adultos mayores en el Atlántico.

La solicitud fue presentada por la fiscal del caso, Lucy Marcela Laborde, durante una audiencia ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla.

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Según la Fiscalía, Petro Burgos habría participado en irregularidades vinculadas a la Fundación Conciencia Social, entidad que manejó contratos con la Gobernación del Atlántico.

En ese contexto, el ente acusador le imputó cinco delitos: peculado por apropiación, tráfico de influencias de particular, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.

La fiscal Laborde señaló que existían inconsistencias en la hoja de vida del exdiputado y en su declaración de renta, aspectos que, según dijo, refuerzan la necesidad de imponer una medida restrictiva de la libertad.

Posteriormente, explicó que el exdiputado actuó con plena comprensión de la ilicitud de sus conductas:“El indiciado es imputable y conocía lo que estaba haciendo al momento de ejecutar las conductas, pues tenía la capacidad de comprender su ilicitud”.

La funcionaria señaló que las pruebas muestran un interés personal en los contratos celebrados a través de la Fundación Sucos y una apropiación irregular de recursos: “Comprendió que estaba mostrando su interés en esos contratos que se realizaron a través de la Fundación Sucos. Además, se apropió en provecho suyo y de terceros —como Daysuris del Carmen Vázquez Castro, Pedro Name y Gustavo De La Causa— de fondos derivados de los contratos celebrados entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Fucoso”, concluyó Laborde.

Durante la diligencia, la fiscal reveló un hecho que considera especialmente grave: que el pasado 10 de septiembre de 2025, día en el que Petro Burgos designó como defensor al abogado Alejandro Carranza, una persona ajena al ente acusador habría ingresado al sistema informático de la Fiscalía y accedido a información “clasificada y privilegiada” sobre el expediente antes de la audiencia de imputación.

Laborde dijo que la anomalía fue reportada de inmediato a sus superiores y que evidencia un posible riesgo para la integridad del proceso.

Una advertencia “gravísima” sobre acceso al expediente

La Fiscalía explicó que el 10 de septiembre, a las 6:00 p. m., ingresó al expediente un poder firmado por Petro Burgos, pese a que él aún no estaba formalmente vinculado a esa noticia criminal. Ese poder fue radicado en varias dependencias judiciales, pero no ante su despacho.

Laborde aseguró que “llama la atención” que Petro hubiera conocido el número exacto del radicado, una información que catalogó como “privilegiada, clasificada y vedada para el público”.

Para sustentar su afirmación, reveló que ese mismo día, a las 8:00 a. m., los sistemas Spoa registraron el ingreso de una persona externa a varios radicados del proceso matriz, lo que permitió acceder a datos internos del expediente.

“Una persona que no pertenece a la institución no puede ingresar para conocer los números de radicado que se siguen en su contra. Solo con el número del radicado podría obtener alguna información, no toda”, declaró la fiscal, añadiendo que el incidente fue puesto en conocimiento de la fiscal general y de sus superiores funcionales.

Según la funcionaria, todo indica que Petro Burgos pudo haber usado esa información para otorgar poder a su abogado, lo que constituiría una vulneración grave a la seguridad de los sistemas judiciales.

“Amor, entre mayor reserva, todo es mejor”

Durante la audiencia, la fiscal Lucy Laborde reveló nuevos apartes de las conversaciones entre Nicolás Petro y su entonces pareja, Day Vásquez, en las que se discutiría la entrega de dinero presuntamente destinado a influir en contratos en el Atlántico.

En uno de los tramos, Petro insiste en mantener absoluta discreción: “Amor, entre mayor reserva, todo es mejor”, afirma, mientras coordinaban la llegada de recursos y la entrega a terceros involucrados.

Según la Fiscalía, estos intercambios evidenciarían cómo ambos habrían participado en un esquema para mover dineros ilícitos y asegurar beneficios contractuales, lo que constituye una pieza clave en la solicitud de medida de aseguramiento contra el hijo del presidente.

La fiscal sostuvo que estos mensajes refuerzan la tesis de que Petro Burgos habría tenido un rol determinante en la articulación de un circuito de favores, presiones y manipulación contractual que abarcaba desde la alteración de documentos hasta el direccionamiento de contratos sociales financiados con recursos públicos.

Además, subrayó que la participación de Vásquez —quien ya ha colaborado con la justicia en procesos anteriores— da mayor credibilidad a la trazabilidad de los hechos descritos en la imputación.