Defensoría del Pueblo calificó de “inadmisibles” las amenazas de las disidencias a periodistas que revelaron presunto vínculo con el Estado

La Defensoría del Pueblo se pronunció tras las declaraciones del Estado Mayor Central - Bloque Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc, que lidera alias Calarcá, en las que señalaron a Noticias Caracol como un “actor del conflicto armado” —luego de que el medio revelara una presunta alianza entre ellos y funcionarios del Estado—.

En un comunicado oficial emitido por la institución, liderada por la defensora del pueblo, Iris Márin, se rechazó categóricamente cualquier amenaza o señalamiento que ponga en riesgo la integridad de los periodistas y su derecho a ejercer su labor informativa de manera libre.

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Según las afirmaciones de los voceros de las disidencias, el medio de comunicación se habría involucrado en el conflicto armado, una acusación que fue considerada por la Defensoría como “inadmisible”. Estas declaraciones contravienen de manera abierta los principios más básicos del derecho internacional humanitario (DIH) y atentan contra el principio de distinción, que protege a los civiles, incluidos los periodistas, frente a cualquier tipo de ataque, amenaza o represalia durante un conflicto armado.

“La Defensoría del Pueblo reconoce el trabajo periodístico realizado por el equipo de Noticias Caracol y pide su respeto y protección integral de parte del Embf y del Gobierno nacional”, se lee en el comunicado oficial de la entidad.

De acuerdo con la Defensoría, las amenazas contra los periodistas no solo violan normas fundamentales del DIH, sino que ponen en peligro la seguridad de los profesionales de los medios de comunicación y su capacidad para llevar a cabo su trabajo en libertad.

En su pronunciamiento, la entidad destacó la importancia de proteger a los periodistas y medios de comunicación, quienes desempeñan un papel esencial en la sociedad y en la consolidación de la democracia: “La labor periodística, en ocasiones incómoda para quienes están inmersos en las hostilidades, es esencial para el Estado de derecho, y debe ser respetada integralmente por los actores del conflicto armado”.

El comunicado también detalló los pasos que la Defensoría del Pueblo considera urgentes para garantizar la seguridad de los periodistas y asegurar el cumplimiento de los principios del DIH en el contexto del conflicto armado.

En primer lugar, la entidad hizo un llamado al frente de alias Calarcá para que se retracten de las acusaciones contra Noticias Caracol, en particular por el señalamiento hecho a los periodistas que llevaron a cabo la investigación presentada por el medio de comunicación el 23 de noviembre.

“Es necesario que el Embf reconozca la calidad de la población civil de los periodistas, quienes están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (sic)”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la Defensoría solicitó al Gobierno nacional, en especial al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), que adopten medidas inmediatas para la prevención y protección de los periodistas que están siendo amenazados.

“El Estado debe garantizar que se tomen las medidas necesarias para proteger a quienes ejercen su derecho a informar, sin ser objeto de represalias”, añadió la entidad.

Por último, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz para que se exija el cumplimiento de los compromisos del Estado en relación con el respeto al Derecho Internacional Humanitario, especialmente aquellos ratificados en el último ciclo de negociaciones realizado entre el 17 y el 20 de noviembre.

“El respeto al DIH debe ser una prioridad en cualquier proceso de paz, y es indispensable que todos los actores del conflicto armado, incluidos los grupos disidentes de las Farc, respeten este marco normativo (sic)”, concluyó el comunicado.

Este fue el origen de las revelaciones contra las disidencias y su respuesta

Una investigación del medio en mención puso al descubierto supuestas pruebas de la infiltración del frente de las disidencias de las Farc, lideradas por alias Calarcá, en altos mandos del Gobierno.

La investigación, basada en archivos secretos incautados al grupo armado, como chats, señala posibles vínculos con funcionarios clave, incluyendo al general Miguel Huertas y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI Wilmar Mejía, que habrían filtrado información confidencial.

El reportaje también menciona denuncias que vincularían a la vicepresidenta Francia Márquez con este grupo guerrillero y una supuesta alianza con el Gobierno a través de ella, aunque ella negó categóricamente las acusaciones. Además, la investigación revela conversaciones entre alias Calarcá e “Iván Mordisco”, líder de otra facción disidente, a pesar de la separación de sus estructuras.

El Frente de alias Calarcá rechazó todas las revelaciones, calificándolas como “calumnias” y negando cualquier tipo de apoyo o reunión con funcionarios del Estado.