Estaciones de gasolina 24/7 alertan por el salario mínimo: advierten impactos inmediatos en miles de empleos formales

Aunque la conversación pública sobre el salario mínimo para 2026 apenas comienza a tomar forma, en algunos sectores la inquietud venía creciendo desde antes. Entre ellos está el de la distribución minorista de combustibles, que advierte que cualquier decisión que se tome tendrá efectos inmediatos sobre una operación que no descansa, estaciones abiertas día y noche, siete días a la semana, repartidas por todo el país y sostenidas por empleo formal.

La alerta la hizo Somos Uno, el gremio que agrupa a Comce y Fendipetróleo. Su vocero nacional, David Jiménez Mejía, aprovechó el inicio de las discusiones para pedir que el debate no pase por alto las particularidades de quienes trabajan sin parar. Según él, no se trata de una preocupación aislada, sino de una actividad “intensiva en mano de obra” que sirve como puerta de entrada al mercado laboral formal para miles de personas.

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Antes de entrar en cifras, Jiménez Mejía insistió en algo que considera innegociable y fue la necesidad de que la definición del salario mínimo se haga con “criterios técnicos”, tomando como base la inflación esperada, la productividad y, sobre todo, la dinámica operativa de los sectores con funcionamiento 24/7. Desde su perspectiva, es allí donde muchas veces se pierde de vista la diferencia entre un negocio que puede ajustar precios y otro que depende de márgenes regulados.

En ese punto, el gremio dio un contexto que ayuda a dimensionar la magnitud del asunto. Colombia cuenta con alrededor de 6.400 estaciones de servicio, una red que en conjunto genera más de 50.000 empleos formales. Buena parte de ese personal está compuesto por jóvenes en su primer trabajo y mujeres cabeza de hogar que encuentran en este sector una fuente de ingresos estable y previsible. Para el gremio, desconocer esa realidad sería ignorar uno de los sistemas de empleo formal más extendidos territorialmente en el país.

Sin embargo, detrás de esa capilaridad también hay vulnerabilidades. Las estaciones no pueden trasladar automáticamente los mayores costos laborales al precio final del combustible, pues trabajan con márgenes fijados por regulación. Eso las deja sin espacio de maniobra en momentos de incrementos abruptos del salario mínimo. En esas circunstancias, explicó Jiménez Mejía, las alternativas suelen ser poco favorables como lo pueden ser la reducción de turnos, el recorte de personal, los cierre de pequeños negocios o, en los municipios más pequeños, la desaparición de uno de los pocos empleadores formales que existen.

Frente al ajuste de 2026, el gremio no desconoce la necesidad de que el salario mínimo proteja el poder adquisitivo de los trabajadores. La discusión, dicen, no es si debe hacerse, sino cómo hacerlo sin poner en riesgo la sostenibilidad del empleo formal en sectores que no funcionan bajo las mismas reglas del mercado que otros. Para Somos Uno, la clave está en lograr un equilibrio que tome en cuenta la inflación y la productividad real, evitando decisiones que desconecten la política salarial de la estructura regulada en la que opera el negocio del combustible.

Mientras avanza el debate, el gremio también volvió a poner sobre la mesa un tema que considera pendiente: la revisión técnica de los márgenes de distribución, especialmente en las regiones apartadas. Allí, las estaciones enfrentan costos logísticos más altos y volúmenes de venta más bajos, lo que hace aún más frágil la sostenibilidad del empleo formal.

Además, recordaron que el sector viene de un año difícil, marcado por presiones en los márgenes, estancamientos en las ventas y una reducción en la demanda de gasolina corriente. Este último factor, influenciado por el aumento del precio del galón, golpeó la rotación en muchas estaciones y acentuó la necesidad de una revisión integral de la política de distribución para evitar que los efectos recaigan no solo en los negocios, sino también en los trabajadores.

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