La Corte Constitucional precisó que los trámites internos de las EPS no pueden transformarse en demoras, suspensiones o barreras que afecten la prestación de servicios médicos necesarios. El pronunciamiento se dio tras una tutela interpuesta por una madre de una recién nacida prematura, quien alegó obstáculos administrativos que dificultaron el acceso a atención especializada para su hija.
La decisión fue tomada por la Sala Sexta de Revisión, integrada por el magistrado Miguel Polo Rosero, que la preside, el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño y la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. Aunque declaró la carencia actual por situación sobreviniente —debido a que la bebé ya no se encontraba afiliada a la EPS accionada—, la Sala consideró necesario exhortar a la entidad y reiterar los estándares constitucionales sobre acceso oportuno a la salud.
PUBLICIDAD
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
La posición de la Corte sobre los obstáculos administrativos
La madre presentó una acción de tutela en favor de su hija, nacida a las 28 semanas de gestación y diagnosticada con prematuridad extrema. Según la accionante, desde el nacimiento de la menor fueron requeridos servicios médicos especializados cuya prestación se vio afectada por “obstáculos administrativos que impidieron la adecuada y continua prestación de los servicios que requiere su hija”.
La madre señaló que las demoras derivaron en la imposibilidad de asistir a citas fundamentales para el tratamiento de la bebé. También aseguró que persistieron trámites internos que retrasaban autorizaciones, reprogramaciones y asignaciones necesarias para la atención en salud.
PUBLICIDAD
Ante estos hechos, la Corte analizó la situación y reiteró que las EPS no pueden trasladar la carga de sus trámites internos a los usuarios, especialmente cuando se trata de menores de edad. El alto tribunal destacó que la eliminación de barreras administrativas constituye un mandato constitucional para asegurar el acceso real y oportuno a servicios médicos.
Enfoque reforzado de protección a niñas, niños y adolescentes
La Corte recordó que el artículo 44 de la Constitución Política establece que la salud, la integridad física y la seguridad social son derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, cuya garantía debe ser asumida por el Estado, la sociedad y la familia.
PUBLICIDAD
En su pronunciamiento, la Sala reiteró que “la eliminación de las barreras administrativas constituye un imperativo constitucional para garantizar el acceso real y oportuno a los servicios médicos”. Afirmó, además, que cualquier dilación basada en motivos administrativos puede representar una omisión incompatible con los estándares de protección reforzada definidos en la jurisprudencia constitucional.
La Sala explicó que las EPS deben asegurar una atención integral, sin fragmentaciones injustificadas ni retrasos en la entrega de insumos, autorizaciones o recursos logísticos. En particular, la Corte destacó casos como la falta de desembolsos oportunos de viáticos para traslados, la demora en la confirmación de citas o la reprogramación repentina de procedimientos ya autorizados.
PUBLICIDAD
Las órdenes a la EPS
Aunque la Sala Sexta declaró la carencia actual por situación sobreviniente, debido a la desvinculación de la menor de la EPS accionada, el alto tribunal estimó necesario dirigirse a la entidad para insistir en el cumplimiento de sus obligaciones.
Según la decisión, “la EPS accionada no puede recurrir a argumentos de carácter administrativo para justificar la demora en la prestación de un servicio de salud a un menor de edad”, incluidos cambios internos de administración o modificaciones no justificadas en la agenda de citas.
De igual forma, la Corte reiteró que la atención debe ser inmediata, oportuna y efectiva, sin barreras que constituyan obstáculos en la prestación del servicio. Estas obligaciones son más estrictas cuando están comprometidos los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.
PUBLICIDAD
La sentencia T-408 de 2025 también recordó que el artículo 49 de la Constitución establece la salud como un derecho constitucional y un servicio público a cargo del Estado. La Sala señaló que la Ley Estatutaria 1751 de 2015 desarrolla esta garantía como un derecho fundamental autónomo e irrenunciable.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Marcelo Gallardo, técnico argentino, quería dirigir a la selección Colombia, según Carlos Antonio Vélez
Gallardo fue oficializado como nuevo entrenador de Ecuador, el jueves 17 de septiembre
La prensa en Nigeria lanzó duros comentarios contra la selección Colombia femenina tras clasificar a la semifinal del Mundial Sub-20
La Tricolor ganó 1-0 ante el equipo nigeriano con la anotación de Valerin Loboa al minuto 90+3, y disputará con Corea del Norte el acceso a la final
Ministro Jorge Mora defendió las operaciones militares y aseguró que se ejecutan dentro de la ley y el Derecho Internacional Humanitario
El jefe de la cartera de Defensa sostuvo que los procedimientos contra grupos armados pasan por controles de inteligencia, verificación y evaluación de riesgos, en medio de tutelas por bombardeos que dejaron menores de edad muertos
Atender la emergencia sin desatender el país: la doble agenda que propone Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo
La economista señaló que la atención de la emergencia tendrá que avanzar al mismo tiempo que la solución de problemas que ya estaban sobre la mesa; entre ellos las finanzas públicas, la seguridad, la energía y la recuperación del sistema de salud
Icetex aliviará la cuota de 170.000 deudores: desde octubre reactivará el subsidio a la tasa de interés
La medida aplicará a usuarios en etapa de pago que estén al día y mantengan buen historial, con recursos adicionales por $51.605 millones gestionados por el Estado y el Ministerio de Educación Nacional
