Fiscalía entrega restos de víctimas en investigación que involucra al exciclista ‘Lucho’ Herrera

La Fiscalía General de la Nación entregó los restos de dos campesinos víctimas de desaparición forzada en 2002, en un caso que involucra al exciclista colombiano Luis Alberto “Lucho” Herrera, actualmente investigado por presuntamente haber ordenado el crimen para apropiarse de tierras ajenas.

Según información publicada en W Radio, los cuerpos identificados corresponden a Víctor Manuel Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega, secuestrados y desaparecidos junto a otros dos hombres en la zona rural de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca, hace más de dos décadas.

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La entrega de los restos se realizó en actos privados en Fusagasugá y Silvania (Cundinamarca), con acompañamiento psicosocial, técnico y jurídico para las familias.

La Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos de la Fiscalía presidió las ceremonias, permitiendo a los familiares iniciar los rituales de despedida.

De acuerdo con el informe del ente acusatorio, citado por Cambio, las identificaciones se lograron gracias a pruebas de ADN y cotejo genético, con una probabilidad superior al 99%, después de que los restos permanecieran ocho años en un depósito forense.

Cronología del caso

El caso se remonta al 23 de octubre de 2002, cuando Víctor Manuel Rodríguez Martínez, Diuviseldo Torres Vega, Gonzalo Guerrero Jiménez y José del Carmen Rodríguez Martínez fueron interceptados y desaparecidos por hombres armados de las Autodefensas Campesinas del Casanare.

Los exparamilitares Luis Fernando Gómez Flórez, alias Ojitos, y Óscar Andrés Huertas, alias Menudencias, en sus testimonios dados a las autoridades y revelados por Noticias Uno, señalaron al campeón de la Vuelta a España 1987 como la persona que solicitó la desaparición de los campesinos.

Según sus declaraciones, el exciclista habría presentado a las víctimas como supuestos milicianos de las antiguas Farc, aunque en realidad, según los exparamilitares, el objetivo era despojarlos de sus tierras, que colindaban con una finca de Herrera.

Gómez Flórez relató que, tras una reunión con el exciclista colombiano, el jefe paramilitar Martín Llanos ordenó a su grupo “ayudar al ciclista en lo que él quisiera”. Huertas, por su parte, afirmó que los cuerpos fueron inhumados en una finca sobre la vía Novilleros a La Aguadita, zona rural de Fusagasugá.

Los testimonios también incluyen detalles sobre la supuesta entrega de fotografías de las víctimas y dinero por parte de “Lucho” Herrera a los exparamilitares, con la instrucción de ejecutar el crimen, según consta en sentencias de Justicia y Paz.

No obstante, alias Ojitos aseguró que, tras los hechos, supo que las víctimas no tenían vínculos con grupos armados y que la verdadera razón de su asesinato fue la negativa a vender sus terrenos.

En este sentido, el 7 de abril de 2025, el Juzgado Cuarto Penal de Fusagasugá compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a Luis Herrera por los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado.

Defensa de Lucho Herrera

En medio de la investigación, Luis Alberto Herrera, tras comparecer en versión libre ante la Fiscalía General de la Nación el 5 de junio de 2025, ha negado de manera reiterada cualquier vínculo con actividades criminales.

Durante la audiencia, el exciclista sostuvo que fue víctima de extorsión por parte de los paramilitares, al considerar que intentaron involucrarlo en el caso para obtener dinero. “Me dijo que, si usted no quiere quedar implicado, ellos me pueden sacar”, manifestó el exciclista en declaraciones recogidas por El Tiempo.

Así mismo, Herrera afirmó que entregó 10 millones de pesos en efectivo a un hombre que se identificó como miembro de las Autodefensas del Casanare, con la promesa de excluirlo de las investigaciones.

Su abogado, Hernando Benavides, reiteró que su defendido fue objeto de una extorsión y no tuvo participación en los crímenes.

Del mismo modo, “Lucho” Herrera expresó su disposición a colaborar con la justicia y rechazó los señalamientos en su contra, argumentando que provienen de personas condenadas por delitos graves que buscan beneficios judiciales, y recordó que ya había informado a las autoridades sobre los intentos de extorsión en años anteriores.

Por el momento, el proceso judicial se encuentra en fase preliminar. La Fiscalía debe determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal contra el exciclista, mientras las familias de las víctimas esperan avances en la búsqueda de verdad y justicia.

Mientras los restos de Rodríguez Martínez y Torres Vega ya fueron entregados, las familias de Guerrero Jiménez y Rodríguez Martínez continúan a la espera de respuestas sobre su paradero.