“Si el presidente puede publicar esos datos”: reclamo de Arbeláez por contradicciones en compra de aeronaves Gripen

La discusión por el contrato de adquisición de los aviones Saab Gripen abrió un nuevo capítulo tras los señalamientos de la representante a la Cámara Carolina Arbeláez, quien afirmó que existe una diferencia evidente entre la información divulgada por el presidente Gustavo Petro y la respuesta oficial emitida por el Ministerio de Defensa.

De acuerdo con la congresista, esa situación afecta la claridad sobre un tema que ha generado amplia atención pública. La controversia surgió después de que Arbeláez solicitara a la cartera de Defensa datos relacionados con el proceso contractual, requerimiento que fue rechazado con el argumento de que la información estaba bajo “reserva por seguridad nacional”.

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El planteamiento de la representante se centra en que el propio jefe de Estado había compartido detalles concretos del acuerdo a través de su cuenta de X, lo que, según ella, implica que la entidad está en la obligación de suministrar la documentación.

En su intervención, Arbeláez expresó que la negativa oficial no resulta consistente con lo publicado por el mandatario. La congresista insistió en que esa diferencia debe resolverse porque involucra información relevante sobre un proceso que compromete recursos públicos y decisiones estratégicas para el país.

Al presentar sus observaciones, Arbeláez afirmó: “Si el presidente puede publicar esos datos, el Ministerio está obligado a entregarlos oficialmente. El país merece claridad o la información nunca fue reservada, o se utilizó la reserva como excusa para no responder”.

Su postura parte de la idea de que la divulgación hecha por el presidente supera el umbral mínimo para considerar que el asunto puede ser discutido abiertamente y que, en consecuencia, la clasificación de seguridad no debería aplicarse en los términos en que fue invocada.

El trino del presidente, que generó parte de la discusión, incluye cifras específicas sobre el costo del contrato. En su mensaje, Petro escribió: “Estos son los costos de los aviones Gripen, compárelos con los costos de los aviones F-16 nuevos y con los mismos servicios: el contrato se hizo por 3.135 millones de euros = 3.652 millones de USD = 13.7 billones de pesos”.

La publicación también mencionó que el valor total involucraba pagos programados bajo vigencias futuras hasta 2032, lo que derivaba en cálculos más amplios dentro del presupuesto nacional.

Posteriormente, el mandatario agregó que “Las anualidades que se generen no las pagará mi gobierno, pues hay tres años de gracia”, lo que, según explicó, modifica la distribución de los desembolsos.

El presidente también señaló que la comparación por unidad no puede hacerse de manera literal, indicando que, aunque dividir 3.652 millones de dólares entre 17 aeronaves daría 215 millones de dólares por avión, esa lectura no refleja la totalidad de los componentes incluidos.

Para sustentar esa afirmación, aseguró que “no se puede hacer así, pues cada avión viene con la integración de las máximas capacidades (no viene pelado como se diría coloquialmente), también incluye un centro de simulación avanzada con cuatro cabinas, armamento, integración de sensores, herramientas, bancos de mantenimiento, entrenamiento a los pilotos y técnicos”.

Además de los aspectos técnicos, Petro expuso que el acuerdo contempla compromisos complementarios por parte de Suecia, relacionados con proyectos tecnológicos y sociales. Entre ellos se mencionan la participación en la reconstrucción del Hospital San Juan de Dios, iniciativas de producción de paneles solares en el Caribe y la implementación de desalinizadoras en zonas de La Guajira, componentes que, según el presidente, amplían el alcance del contrato más allá de la compra del sistema de defensa. Estos elementos también fueron retomados por la congresista para argumentar la necesidad de que el Ministerio de Defensa entregue la documentación solicitada, dado que la información ya circula públicamente y contiene datos clave sobre el contenido del acuerdo.

Tras el intercambio de mensajes, Arbeláez anunció que enviará nuevamente la solicitud formal y activará mecanismos institucionales para insistir en el acceso a la información.

La representante manifestó que recurrirá a instrumentos judiciales, procedimientos disciplinarios y herramientas de control político para dejar constancia de su petición y verificar el cumplimiento de las normas sobre transparencia pública.

Su objetivo, según explicó, es obtener los documentos asociados al proceso contractual y determinar si la negativa inicial de la cartera se ajusta a los parámetros legales.

Mientras avanza ese trámite, el debate continúa abierto y sigue generando atención entre distintos sectores interesados en los alcances del contrato y en las comunicaciones emitidas por el Gobierno.