Controversia por millonario pago que le dieron a la ministra (e) Irene Vélez tras haberse anulado su cargo diplomático en Londres

El pago de setenta millones de pesos a la actual ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, por parte de la Cancillería, generó controversia debido a que su nombramiento como cónsul en Londres fue anulado previamente por decisión judicial.

La polémica se intensificó cuando el representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero denunció que, pese a la anulación, Vélez recibió en agosto los desembolsos correspondientes a gastos de repatriación, viáticos, traslado de menaje doméstico y una prima de instalación.

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El origen de este debate se remonta a mayo de 2025, cuando Forero advirtió públicamente que Vélez, tras dejar el cargo de cónsul en Londres para asumir la dirección de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), no había presentado su renuncia formal.

Según el congresista, de haber renunciado, la funcionaria habría perdido el derecho a los beneficios económicos asociados al retiro del servicio exterior.

Forero sostuvo que, al optar por el retiro en lugar de la renuncia, Vélez accedió a pagos que podrían alcanzar hasta noventa y dos millones de pesos.

La legalidad del nombramiento de Vélez como cónsul fue cuestionada ante la justicia. El Tribunal Superior de Cundinamarca declaró nula su designación, argumentando que, al momento de su nombramiento el 3 de mayo de 2024, existían funcionarios de carrera diplomática y consular con más de doce meses de servicio en el exterior, lo que hacía improcedente recurrir a la figura de la provisionalidad.

La demanda, presentada por la abogada Ximena Echavarría, subrayó que Vélez no pertenecía a la carrera diplomática y que había personal calificado disponible para ocupar el cargo.

A pesar de la anulación, la Cancillería autorizó en agosto el pago de los conceptos reclamados por Vélez. Según la respuesta oficial enviada a Forero tras un derecho de petición, el 12 de agosto se realizó la consignación de los fondos a la ministra encargada de Ambiente.

La entidad detalló que los pagos incluían gastos de repatriación, viáticos, traslado de menaje doméstico y una prima de instalación, sumando cerca de 70 millones de pesos, a los que se agregaron veinte millones de pesos adicionales por concepto de tiquetes.

Forero insistió en que había advertido al Gobierno desde mayo sobre la improcedencia de estos desembolsos, ya que, en su opinión, Vélez no cumplía con el tiempo mínimo de permanencia en el exterior para acceder a tales beneficios.

El representante expresó su inconformidad tanto con la funcionaria como con el Ejecutivo, señalando: “El descaro de la ministra encargada de Ambiente, la señora Irene Vélez, parece no tener límite. A pesar de que el Consejo de Estado anuló su nombramiento como cónsul en Londres, ella logró que en agosto le pagaran 70 millones de pesos por viáticos, traslado de menaje doméstico y una prima de instalación, que se suman a los 20 millones de pesos de tiquetes”, dijo Forero.

El congresista también cuestionó la política fiscal del Gobierno, al afirmar: “¿Es para este tipo de indelicadezas que el Gobierno pretende seguir asfixiando a los colombianos con nuevas reformas tributarias? Queda en evidencia al mismo tiempo que la señora Irene Vélez quiere que todo decrezca menos su cuenta bancaria”, según declaró Forero.

La Cancillería, a través de una comunicación oficial, confirmó los pagos y precisó los conceptos y fechas de los giros, pero hasta el momento no ha anunciado investigaciones internas ni ha ofrecido explicaciones adicionales sobre los criterios utilizados para autorizar las sumas, pese a la anulación del nombramiento.

El caso ha generado debate sobre la gestión de recursos públicos y los procedimientos administrativos en el servicio exterior, especialmente en un contexto en el que el Gobierno plantea nuevas reformas tributarias. Vélez, quien actualmente ocupa el cargo de ministra encargada de Ambiente, fue anteriormente directora general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y ministra de Minas y Energía en el Gobierno de Gustavo Petro.