Quienes bloqueen Transmilenio podrían ser capturados: este es el proyecto presentado en el Concejo de Bogotá que restringiría las protestas

El concejal Juan David Quintero, vicepresidente del Concejo de Bogotá, presentó un proyecto cuyo objetivo es garantizar la operación continua del transporte público masivo frente a bloqueos y protestas violentas.

La propuesta, denominada ‘No más capuchos’, establece procedimientos claros para la intervención inmediata de las autoridades cuando se presenten obstrucciones en las vías de Transmilenio.

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De acuerdo con una publicación del Concejo de Bogotá, el proyecto exige que la Administración distrital y la Policía prioricen la protección de los derechos fundamentales de los usuarios ante cualquier bloqueo.

“Con este proyecto la administración distrital y las autoridades tienen que actuar inmediatamente para levantar esos bloqueos violentos, judicializar a los responsables y garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, afirmó Quintero.

El concejal señaló que su iniciativa se fundamenta en la en el caso de la huelga de pilotos de Avianca en 2017, cuando la Corte Suprema declaró ilegal la suspensión de operaciones por tratarse de un servicio público esencial.

En una reciente entrevista con La FM, Quintero indicó que “si un capucho bloquea, inmediatamente tiene que haber un gestor de convivencia diciéndole, ‘Retírate’. Y si no se retira, tiene que entrar la Policía”.

Según datos presentados en la exposición de motivos, en lo corrido del año se han registrado 751 protestas, contingencias y disturbios en Bogotá, una cifra que ya supera en más de 300 los eventos contabilizados en todo el 2024.

Hasta el 7 de octubre, 14,5 millones de personas resultaron afectadas por bloqueos que impidieron el funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Quintero menciona en su propuesta que “la ciudad no puede continuar permitiendo que falsas protestas violentas afecten la movilidad de más de 4 millones de ciudadanos que diariamente utilizan el transporte público para llegar a sus trabajos, estudios y centros de salud”.

El proyecto define que el diálogo debe iniciar en el menor tiempo posible y, si no hay resultados inmediatos, la intervención policial no debe superar los diez minutos.

Quintero indicó en La FM que este tipo de bloqueos puede afectar hasta 1.000 personas por minuto en troncales como la 30. Además, recordó que el servicio de transporte masivo es esencial y que la Constitución, la Ley 336 de 1996 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo reconocen como garante de derechos como la movilidad, el trabajo, la educación y la salud.

Para Quintero, resulta obligatorio que las autoridades avancen en la captura en flagrancia de quienes incurran en bloqueos violentos. El cabildante dijo en la entrevista con la emisora que “un ciudadano indígena o no, que dispare flechas contra los policías, es un delincuente”, haciendo referencia a incidentes recientes en los que manifestantes atacaron a la fuerza pública.

El concejal diferenció el derecho a la protesta de los actos vandálicos, al subrayar: “Vandalizar buses y bloquear vías no es un ejercicio democrático, sino una violación a los derechos fundamentales de millones de bogotanos”.

El proyecto utiliza el término “capuchos” para referirse a quienes cubren sus rostros con capuchas con el objetivo de evitar identificación judicial y realizar bloqueos sistemáticos contra Transmilenio. De acuerdo con lo informado por Quintero, en el año pasado se reportaron 500 bloqueos y en lo que va del año la cifra supera los 700.

El concejal sostuvo que “se dieron cuenta que la forma para desestabilizar Bogotá es bloquear Transmilenio y afectar a los ciudadanos de a pie”.

Quintero rechazó la justificación de anonimato argumentando que las autoridades cuentan con tecnología de cámaras en los agentes y en 3.000 estaciones de Transmilenio. “La única justificación que hay es la que ellos utilizan para quedarse en el anonimato para hacer daño y vandalismo”, expresó el concejal.

Para que el proyecto ‘No más capuchos’ se concrete, debe pasar por la aprobación en comisiones y luego en el pleno del Concejo de Bogotá. Después de este proceso, corresponde al alcalde Carlos Fernando Galán sancionarlo y publicarlo para que entre en vigencia.