Exilio, amenazas y un homenaje tardío: la historia de Martha Lucía González, la jueza que desafió al paramilitarismo

La historia de Martha Lucía González, jueza de orden público durante los años más violentos del paramilitarismo en Colombia y el narcotráfico, ha vuelto a la luz pública tras recibir un homenaje de la rama judicial, casi cuatro décadas después de verse forzada al exilio judicial.

González, que en 1988 ordenó la captura de figuras clave como los paramilitares Henry Pérez y Fidel Castaño, así como de los narcotraficantes Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, se convirtió en blanco de amenazas y atentados que la obligaron a abandonar el país.

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Su caso, relatado en una entrevista concedida a la revista Cambio, ilustra el alto costo personal y profesional que enfrentaron quienes intentaron desentrañar las redes criminales que marcaron la historia reciente de Colombia.

En su labor como jueza, González se adentró en las regiones más afectadas por la violencia, como Urabá y el Magdalena Medio, para investigar masacres como la de las fincas Honduras y La Negra, donde 20 campesinos fueron asesinados el 4 de marzo de 1988.

Según relató a Cambio, fue la primera en revelar la existencia de escuelas de sicarios y tribunales del pueblo financiados por narcotraficantes y apoyados por sectores del Ejército, la Policía y políticos locales.

“Logré desentrañar las causas de la violencia del momento en el país. Es una trama muy poderosa que conformaban algunos miembros del Ejército y de la Policía, paramilitares... y narcotraficantes”, explicó González, quien recabó testimonios directos de sicarios y víctimas para sustentar sus decisiones judiciales.

Las pruebas que reunió la llevaron a ordenar la destitución de funcionarios públicos, militares y el entonces alcalde de Puerto Boyacá Luis Rubio, así como la captura de los responsables materiales de las masacres.

Esta determinación desencadenó una serie de amenazas y tres atentados contra su vida. González relató que, ante la magnitud de la trama criminal y la falta de respaldo institucional, buscó apoyo en altos funcionarios del Estado.

Sin embargo, recibió advertencias directas, como la del entonces ministro de Defensa, Rafael Samudio Molina, que le manifestó que el Ejército no aceptaría la autoridad de ningún juez y que “todas las personas tenían un talón de Aquiles”. Finalmente, el director del DAS, general Miguel Maza Márquez, le recomendó abandonar el país, y fue enviada como cónsul a Indonesia, iniciando así un exilio que se ha prolongado por 37 años.

“Fui a donde Rafael Pardo. Me dijeron: “No, no vamos a poder protegerla” y me mandaron como cónsul a Indonesia. Yo quería irme con tranquilidad de conciencia. Ordené la destitución de sus cargos de los funcionarios públicos, de los militares y libré las órdenes de captura. Luego partí al exilio", señaló a Cambio.

El costo personal de esta decisión fue devastador. Ocho meses después de su salida, su padre, Álvaro González Santana —exgobernador y excongresista de Boyacá—, fue asesinado en un acto que González describe como una venganza destinada a forzar su regreso y poner en riesgo su vida.

“El crimen de mi padre está en la impunidad porque se quiere que esté en la impunidad”, afirmó en la entrevista, señalando que los autores materiales nunca fueron vinculados al proceso judicial. La jueza advirtió que este asesinato no solo buscaba castigarla a ella, sino también enviar un mensaje de advertencia a otros funcionarios judiciales.

Durante su exilio, González desempeñó funciones diplomáticas en Madrid y Bilbao, aunque enfrentó dificultades para mantener su protección y su cargo. En el año 2000, el Estado colombiano le retiró la protección, y la Corte Constitucional, tras una interpretación controvertida de un dictamen de la Fiscalía, concluyó que no corría peligro, lo que ella consideró un acto de prevaricato.

A pesar de estos obstáculos, González nunca renunció a su vocación judicial y expresó el profundo dolor que le produce la distancia de su país y de su labor: “Me hace mucha falta mi Colombia. Y me hace mucha falta administrar justicia”.

El reciente homenaje de la rama judicial, al que asistieron los presidentes de las altas cortes, representó para González un reconocimiento largamente esperado. “Ha sido un momento esencial, importantísimo en mi vida. Yo creí que nunca iba a llegar, no lo esperaba”, confesó.

Este acto no solo reivindicó su trayectoria, sino la memoria de su padre y el sacrificio de quienes, como ella, han debido abandonar su país por cumplir con su deber.

En su mensaje a los funcionarios judiciales actuales, González insistió en la importancia de la esperanza y la responsabilidad colectiva para fortalecer la administración de justicia en Colombia.

Reconoció el miedo que genera la posibilidad de vivir una vida marcada por el exilio y la amenaza, pero sostuvo que “lo último que se pierde es la esperanza” y que la historia de la humanidad está hecha de conquistas, grandes y pequeñas.

“Yo vivo con el dolor, pero es un dolor que he logrado que me construya”, afirmó, destacando que su experiencia no la ha llenado de odio, sino que la impulsa a ser mejor persona y a educar a sus hijas con el ejemplo de su padre.

Al cierre de la entrevista con Cambio, González expresó que el reconocimiento recibido le permitió sentir, por primera vez en muchos años, el respaldo de la justicia colombiana, aliviando en parte el peso de un dolor que ha marcado su vida y la de su familia.

“Ha sido un momento esencial, importantísimo en mi vida. Yo creí que nunca iba a llegar, no lo esperaba. Dudé en venir. Pensé muchas veces en lo que me dijo el doctor Henry Murraín, quien me contactó. Yo pensé que venía a hacer una aportación, pero no sabía que venía a recibir tanto. He sentido el abrigo del poder jurisdiccional al que yo siempre amé y que tuve que dejar y, además, que me dejó, que me soltó haciendo fraude a la ley”, concluyó la jueza Martha Lucía González