El bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en una zona rural de Guaviare contra un campamento de las disidencias del terrorista alias Iván Mordisco generó una controversia nacional al salir a la luz que siete menores de edad murieron durante la ofensiva.
La polémica creció al conocerse las declaraciones opuestas de Pedro Sánchez, ministro de Defensa, y Gustavo Petro, presidente de Colombia, sobre el conocimiento previo que tenía el Gobierno respecto a la presencia de adolescentes en el objetivo militar.
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El ministro de Defensa confirmó en rueda de prensa que los informes de inteligencia militar ya habían advertido sobre la “alta probabilidad” de que hubiera menores dentro del campamento.
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Según Sánchez, esa información fue evaluada antes de autorizar la operación, al concluir que los adolescentes participaban de manera activa y se encontraban armados. “Lo que le da el estatus de combatiente no es la edad, es la función que cumple dentro de una organización criminal y en este caso eran combatientes”.
De acuerdo con los voceros de Ministerio de Defensa, todos los presentes en el campamento cumplían roles de combate. Sánchez indicó que se tomó la decisión ante una amenaza inminente para 20 uniformados, ya que los disidentes preparaban una supuesta emboscada.
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“La decisión de proceder con un apoyo aéreo cercano a la tropa e incluyó el empleo de bombardeo para proteger a los 20 militares que se encontraban en desventaja táctica y muy próximos a la amenaza letal”, reiteró el ministro.
La postura presidencial negó conocimiento previo sobre menores
La versión del presidente Petro contrastó con lo declarado por su ministro. El presidente se dirigió públicamente para afirmar que el Gobierno nacional “no sabía de la presencia de menores” en el lugar del bombardeo.
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El mandatario expuso que “en las columnas de Mordisco solo tenían combatientes” y que las Fuerzas Militares no tenían información que indicara la existencia de adolescentes en funciones de combate en el sitio blanco del operativo. Petro también compartió que la medida buscaba proteger a los militares en peligro, insistiendo en que “no había civiles en la zona”.
El jefe de Estado también rechazó comparaciones con otros casos polémicos de bombardeos. Desde su cuenta oficial en X, Petro subrayó: “Es desobligante que comparen los bombardeos a Gaza, al Remanso en Putumayo y a los lancheros en el Caribe (...) no es comparable con el bombardeo a las columnas de Mordisco, armadas y en plena ofensiva”.
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El presidente defendió la legalidad del bombardeo al citar el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH), asegurando que solo recurre a este tipo de acciones “cuando pueda salvar más vidas que las que se arriesgan”. Destacó que “los menores combatientes, concepto del DIH, tienen un trato preferencial cuando caen prisioneros”.
Debate desde organismos y oposición por interpretación del DIH
El resultado del ataque dejó 20 muertos, de los cuales Medicina Legal estableció que siete eran adolescentes entre 13 y 17 años, cuatro de género femenino y tres masculino. La Defensoría del Pueblo, a través de Iris Marín, lamentó la tragedia y cuestionó la interpretación del DIH empleada por el Ministerio de Defensa para justificar la clasificación de los fallecidos como objetivos militares.
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La entidad calificó la situación como “dolorosa e inhumana” por afectar a la población más vulnerable.
La Oficina de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en Colombia se sumó al debate y lamentó el fallecimiento de los adolescentes, enfatizando que eran “víctimas de reclutamiento” por parte de un grupo armado ilegal.
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El Ministerio de Defensa defendió la legalidad y la proporcionalidad del operativo, mencionando que se evaluaron “con especial cuidado los principios de precaución, proporcionalidad, distinción, humanidad y necesidad militar”.
El presidente Petro insistió en su versión de que la orden de bombardeo se emitió sin conocimiento del dato sobre la edad de algunos fallecidos: “Siempre he tomado la decisión última, he buscado al máximo inteligencia que ubique la presencia de menores cuando esta es posible (...) prefiero la paz y los acuerdos, pero también soy comandante y tomo decisiones de guerra como comandante supremo de las Fuerzas Militares”.
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En medio de la controversia, el ministro Sánchez afirmó que “el crimen lo están cometiendo son ellos, crimen de lesa humanidad, nos están quitando los niños”, en referencia a los grupos armados responsables del reclutamiento de menores.
Las cifras del Ministerio de Defensa señalaron que, durante la operación, se logró rescatar con vida a tres adolescentes integrantes del grupo disidente.
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