La Defensoría del Pueblo de Colombia informó a través de un comunicado emitido la mañana del sábado 15 de noviembre de que seis menores de edad murieron durante una operación militar realizada por las Fuerzas Militares en el departamento de Guaviare contra las disidencias conocidas como EMC (Estado Mayor Central) de las Farc, lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”.
Los menores eran víctimas de reclutamiento forzado y, además, se recuperaron cuatro cuerpos aún sin identificar, destacó en declaraciones a medios de comunicación la defensora Iris Marín.
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La entidad señaló que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece límites estrictos en el desarrollo de hostilidades, incluso cuando los menores han perdido el estatus de civiles y han sido obligados a participar en funciones de combate.
De acuerdo con lo expresado por Marín, la presencia de niños, niñas y adolescentes en campamentos de grupos armados ilegales no habilita la posibilidad de ataque, y las Fuerzas Militares deben adoptar todas las precauciones posibles para proteger a los menores, que conservan una protección reforzada por los principios de humanidad, precaución y necesidad militar limitada, así como por el interés superior de la niñez.
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El comunicado cita la jurisprudencia internacional, en particular la sentencia de la Corte Penal Internacional en el caso Bosco Ntaganda, para tener como referencia que está prohibido causar más muertes o lesiones de las estrictamente necesarias, incluso en operaciones militares legítimas.
La defensora planteó además si en este caso concreto podrían haberse empleado otras modalidades de operación militar que hubieran reducido el daño.
La institución recordó que el reclutamiento forzado de menores constituye una infracción grave del DIH y está prohibido tanto por la legislación colombiana como por el derecho internacional.
Al respecto, Colombia ha incorporado los estándares del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, que establecen una protección especial para los menores en contextos de conflicto armado y prohíben su participación en hostilidades.
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La Defensoría atribuyó en su misiva la responsabilidad original de la muerte de los menores a los grupos armados que los reclutan y señaló que el reclutamiento de personas menores de 18 años es considerado un crimen de guerra.
Según la entidad, las disidencias han sido responsables de múltiples violaciones al DIH en Guaviare durante lo corrido de 2025.
La Defensoría ha recomendado a la Fuerza Pública adelantar acciones para proteger a la población civil, dentro de los límites legales en el uso de la fuerza.
El comunicado también advierte que la utilización de menores como escudos humanos por parte de estructuras armadas ilegales está prohibida por el DIH y que estos grupos tienen la obligación de no involucrar a los menores en hostilidades ni exponerlos al riesgo de acciones bélicas.
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Por último, la Defensoría del Pueblo afirmó en su mensaje que no considera adecuado reducir el análisis a un debate técnico sobre el DIH, dado que la situación evidencia el impacto de la guerra sobre los menores reclutados y la degradación de los principios de humanidad, dignidad, necesidad, proporcionalidad y precaución.
Adicional a lo anterior, la entidad reiteró que su función no es certificar la legitimidad de acciones de guerra, sino rechazar la violencia y promover la paz.
El operativo en el Guaviare contra la disidencia de ‘Iván Mordisco’ y que fue ordenado por el presidente Petro
El operativo militar en el Guaviare dejó 25 disidentes de las Farc neutralizados y una suma superior a 5.800 millones de pesos en recompensas pagadas a informantes, con base en un reporte oficial difundido el 11 de noviembre de 2025.
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Las Fuerzas Militares de Colombia y el Ministerio de Defensa confirmaron que la operación, realizada tras 72 horas de combates en el municipio de Calamar, derivó en 19 guerrilleros muertos, tres menores recuperados, dos entregas voluntarias y una captura.
En el informe presentado por el comandante de las Fuerzas Militares, general Francisco Cubides, se detalló que los disidentes formaban parte de las subestructuras Martín Villa” y “Armando Ríos”, dirigidas por alias Pescado y “Jimmy”.
Ambas células están bajo las órdenes de “Iván Mordisco”, líder del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, y son señaladas como responsables de ataques contra la población civil y la fuerza pública en la región.
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Durante la ofensiva, las tropas incautaron 23 fusiles, seis armas cortas, cinco ametralladoras, tres morteros y más de 123 artefactos explosivos, además de material de intendencia y comunicación utilizado por los grupos armados.
El despliegue militar permanece activo en la zona, debido a que se estima la presencia de unos 120 integrantes de esas disidencias, vinculados con delitos de narcotráfico en rutas hacia Venezuela y Brasil.
El motivo para realizar el bombardeo: esto dijo el comandante de las FF. MM.
El general Francisco Cubides explicó que la decisión de bombardear las subestructuras surgió tras un enfrentamiento en el que los guerrilleros incendiaron una vivienda de campesinos para impedir la incautación de materiales, una práctica frecuente en el área.
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El comandante añadió: “Estamos afectando el mando y control, se impacta la capacidad armada que han tenido y sobre todo las finanzas porque buscan seguir extorsionando con narcotráfico y minería ilegal”.
Los cuerpos de los 19 guerrilleros caídos fueron trasladados a San José del Guaviare, donde se realizarán los análisis forenses para identificar oficialmente a las víctimas.
En cuanto a los tres menores rescatados, permanecen bajo custodia de las autoridades, que adelantan el proceso para restablecer sus derechos.
Sumado a todo lo anterior, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, agradeció la colaboración de la ciudadanía y resaltó que se “refleja de alguna manera que las recompensas funcionan”.
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Por último, el jefe de la cartera le envió un mensaje directo a “Iván Mordisco”, instándole a desmovilizarse e indicando que, de no hacerlo, será capturado o abatido por las fuerzas estatales.
Sánchez le dijo a uno de los criminales más buscados en toda Colombia: “Lo mejor que puede hacer esta persona es desmovilizarse, de lo contrario la fuerza del Estado lo capturará o empleará la fuerza contra él”.
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